ESTADOS UNIDOS SOLICITA LA EXTRADICIÓN DE ALIAS FITO MIENTRAS ECUADOR DEFINE SU FUTURO JUDICIAL
La recaptura de José Adolfo Macías Villamar, alias Fito, ha marcado un nuevo punto de inflexión en la lucha del Estado ecuatoriano contra el crimen organizado. El líder de Los Choneros fue detenido el pasado 25 de junio en Manta, su ciudad natal, luego de una intensa operación militar y policial que logró ubicarlo tras 17 meses prófugo. Fito se escondía en un sofisticado búnker subterráneo, acondicionado con sistemas de ventilación, cámaras y sensores de movimiento, bajo una vivienda aparentemente común. Su detención no solo representa un golpe simbólico al narcotráfico en el país, sino que también abre un complejo proceso jurídico y diplomático: Estados Unidos ha solicitado su extradición para juzgarlo por delitos de narcotráfico, contrabando de armas y conspiración, cargos presentados por la Corte del Distrito Este de Nueva York. FITO, UN VIEJO CONOCIDO DE LA JUSTICIA ECUATORIANA Y NORTEAMERICANA Fito ya cumplía una condena de 34 años por asesinato, delincuencia organizada y narcotráfico cuando protagonizó su primera fuga en 2013 y una segunda en enero de 2024, esta última del centro de privación de libertad La Roca, uno de los de mayor seguridad en el país. Su nombre aparece en informes internacionales que lo vinculan directamente con el Cartel de Sinaloa y otras organizaciones transnacionales del crimen. La acusación de la justicia estadounidense se sustenta en su presunta participación en el envío de grandes cargamentos de cocaína hacia Centroamérica y Norteamérica, mediante rutas que partían desde puertos ecuatorianos bajo el control de su estructura. Se le atribuyen también conexiones con el tráfico de armas y la financiación de actos violentos dentro y fuera del país. Por estos antecedentes, Estados Unidos presentó de forma oficial su intención de llevarlo ante sus tribunales. PROCESO DE EXTRADICIÓN EN MARCHA, PERO SIN FECHA DEFINIDA El gobierno de Daniel Noboa ha confirmado que respalda la extradición. Incluso declaró que “la parte ecuatoriana ya cumplió con lo requerido” y que la decisión está ahora en manos de la Corte Nacional de Justicia. La legislación ecuatoriana permite la extradición de sus ciudadanos, pero exige ciertos requisitos: que no exista pena de muerte, que se respete el debido proceso y que no se vulneren derechos humanos fundamentales. Además, existe la posibilidad de que Ecuador opte por no extraditarlo si se considera que debe primero responder por los delitos que tiene pendientes en el país.
