Investigación

A las 16:44 del viernes 10 de abril de 2026 se envió el primer memorando. A las 17:54, el último. En ese intervalo de 70 minutos, la Dirección Provincial de Salud de Imbabura emitió una cadena continua de documentos que terminó con la salida de 37 trabajadores del sistema público de salud de la provincia. La evidencia documental a la que tuvo acceso CRÓNICAS DEL NORTE muestra un patrón. Memorandos consecutivos, mismo formato y emisor, mismo asunto genérico que decía “En el texto”. Todos firmados por la directora provincial encargada, Gloria Elizabeth Erazo Pozo. Su designación temporal no ha sido bien vista por los funcionarios de esa institución debido a su pasado político vinculado a las bases del correísmo, comentó un médico quien pidió la reserva. No hubo avisos previos. Una trabajadora a quien llamaremos Mónica, para proteger su identidad recuerda la hora exacta en la que recibió la notificación: 17:15. Una llamada de una de sus compañeras la alertó. Revisó el sistema institucional de inmediato. Ahí estaba el memorando. Su relación laboral con el Ministerio de Salud había terminado ese día. “Es un atasco emocional y económico. Afecta directamente a mi hija”, relató. Dijo que, durante su trabajo, no solo entregó tiempo, sino incluso recursos propios para cumplir funciones. Y cuestionó directamente a la autoridad provincial: “No pudo defender ni movió un dedo por evitar estas desvinculaciones”, comentó la mujer sumida ahora en el desempleo. Los 37 desvinculados no pertenecen a un solo servicio. La lista revela una afectación directa a la operación sanitaria: Los memorandos fueron dirigidos a personal de centros de salud como Caranqui, Atuntaqui, La Esperanza, Pugacho, Quiroga, San Pablo, además de unidades administrativas. La distribución confirma que la medida impactó de forma simultánea a varias dependencias del sistema de salud en Imbabura. En uno de los memorandos de desvinculación remitidos a la redacción de este medio de comunicación, correspondiente a una enfermera, se establece que la acción se ejecuta bajo la figura de terminación unilateral de contrato de servicios ocasionales, con efecto inmediato al 10 de abril de 2026. El texto añade que la decisión no vulnera derechos, al no encontrarse la funcionaria en grupos de protección. No hay referencias a evaluaciones, indicadores de desempeño o reestructuración técnica del servicio. ANTES DE LOS MEMORANDOS, EL CAMBIO DE PODER Diecisiete días antes, el 23 de marzo de 2026, se notificó la remoción de la Coordinadora Zonal 1 de Salud, María Fernanda Terán López. La figura aplicada fue la de libre remoción, sin que se detalle causa técnica o administrativa. El memorando señala que la decisión proviene de la máxima autoridad del Ministerio, en este caso, la Vicepresidenta de la República, María José Pinto, a quien el primer mandatario Daniel Noboa encargó esa cartera de estado. Ese movimiento eliminó el nivel zonal y abrió paso a una reorganización territorial. En ese nuevo esquema, Gloria Erazo, quien era la mano derecha de Terán, asumió la Dirección Provincial de Imbabura, desde donde, semanas después, se ejecutó la desvinculación masiva de trabajadores. PROTESTA SIN VOZ, PERO CON DATOS Hoy, fuera de las oficinas, el reclamo de las personas despedidas se expresa con un lazo negro. No hay comunicados oficiales que expliquen por qué esos 37 perfiles fueron desvinculados. Lo que si hay es temor a represalias legales si se deciden a contar la historia. En el memorando de desvinculación, la autoridad provincial les advierte que «están obligados a mantener reserva de la información y documentos». Este proceso ocurre en un contexto nacional marcado por una crisis sostenida del sistema de salud, que también golpea a Imbabura, donde persisten reportes sobre falta de medicamentos, insumos básicos e incluso oxígeno para pacientes, un escenario en el que la salida de 37 profesionales no solo impacta en lo laboral, sino que se suma a las limitaciones estructurales que enfrenta la atención sanitaria en la provincia.