Política

EXPERTOS PIDEN DEVOLUCIÓN DE FONDOS PÚBLICOS A CANDIDATOS CON BAJO RESPALDO Con propuestas que buscan ordenar el sistema de partidos y evitar el derroche de recursos públicos, la Asamblea Nacional inició esta semana un nuevo capítulo en la discusión sobre las reformas constitucionales al financiamiento político. La Comisión Ocasional que trata la modificación de los artículos 110 y 115 de la Carta Magna abrió el debate con la participación de tres expertos que coincidieron en un punto clave: la urgente necesidad de controlar y transparentar el uso de fondos estatales en campañas electorales. Durante la sesión, el economista Nicanor Moscoso lanzó una crítica directa al modelo vigente, advirtiendo que actualmente más de 200 agrupaciones políticas, muchas sin respaldo ciudadano real, acceden al fondo partidario. “Hay candidatos que saben que no obtendrán ni el 1% de los votos, pero igual reciben dinero del Estado», cuestionó. Propuso que los postulantes que no superen el 3% de apoyo en las urnas devuelvan los recursos recibidos, y que el fondo se fortalezca únicamente para partidos con representación real, superior al 5%. Tatiana Saltos, especialista en Derecho, enfocó su intervención en la pérdida de credibilidad de los partidos ante la ciudadanía, y en la necesidad de reconstruir esa confianza con normas claras. Recomendó que el tratamiento legislativo se haga artículo por artículo, para evitar improvisaciones, e invitó a mirar modelos internacionales que equilibran el control financiero con la participación democrática. Desde el ámbito electoral, Héctor Tapia advirtió que los partidos son entidades de derecho público, por lo que deben someterse a rigurosas auditorías. Recordó que la Constitución garantiza igualdad de condiciones para el acceso a fondos públicos, pero que esto debe ir de la mano con transparencia, formación ideológica y oportunidades reales para nuevos liderazgos. El presidente de la Comisión, Esteban Torres, pidió mantener un enfoque técnico en la reforma para blindar el proceso frente a posibles inconstitucionalidades. En esa misma línea, el legislador imbabureño Pablo Jurado valoró la participación de los expertos y subrayó que la ciudadanía exige respuestas claras, no solo desde el discurso político, sino con reformas que realmente impacten en la calidad democrática del país. Las jornadas de análisis continuarán en las próximas semanas, en medio de una creciente presión ciudadana por reducir el gasto político y exigir mayor transparencia a quienes buscan cargos de representación. La discusión se convierte así en una oportunidad para repensar el rol del Estado en el financiamiento electoral y la salud del sistema partidista ecuatoriano.