Política

Ibarra, Política

ANDREA CAZAR, LA IMBABUREÑA QUE QUIERE LLEVAR SU VOZ A LA FISCALÍA GENERAL DEL ESTADO

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Publicidad A las siete de la mañana, mientras la ciudad de Ibarra despierta entre el ritmo cotidiano, Andrea Cazar ya está en pie. Atiende entrevistas radiales, habla con serenidad de un desafío que podría cambiar el rumbo de su vida. Entre 75 postulantes que buscan dirigir la Fiscalía General del Estado, su nombre aparece como una singularidad: es la única candidata proveniente de Imbabura. Su voz no suena grandilocuente. Más bien transmite la calma de quien ha recorrido un camino largo antes de decidir dar este paso. “Lo importante es participar y ver cómo uno va creciendo en el proceso”, dice, consciente de que el concurso apenas empieza y que cada fase será una prueba distinta. UNA VIDA MARCADA POR LA BÚSQUEDA DE ESPACIOS La historia de Andrea Cazar no comenzó en los despachos judiciales ni en los expedientes jurídicos. Mucho antes de convertirse en abogada, su primera lucha, cuando era adolescente, fue en el deporte. Fue ciclista, nadadora y triatleta, y recuerda que en más de una competencia ni siquiera existía una categoría para mujeres. Aquellas primeras batallas marcaron su carácter. “Pedíamos que se abran las categorías femeninas. A veces éramos dos o tres, pero había que abrir ese espacio”, recuerda. Con el tiempo llegaron otros escenarios públicos. Fue Reina de Ibarra, un título que para ella significó una oportunidad de trabajo social. Desde esa vitrina impulsó campañas ambientales y programas de apoyo a grupos vulnerables, experiencias que la acercaron a la realidad de los barrios y comunidades. Esa cercanía con la gente la llevó a la política local. Fue concejala de Ibarra durante dos periodos: de 2000 a 2004 y de 2005 a 2009, donde impulsó ordenanzas relacionadas con la prevención de la violencia contra la mujer y la regulación del ruido en la ciudad, entre otras iniciativas. Publicidad DE LA COMUNICACIÓN AL DERECHO Su camino profesional tampoco fue lineal. Antes de convertirse en jurista, Andrea Cazar se formó como comunicadora organizacional, una carrera que ejerció hasta que una figura familiar marcó un nuevo rumbo. Su padre era abogado.Su recuerdo sigue presente en cada decisión importante. “Él fue quien me inspiró a estudiar Derecho. Creo que desde el cielo está orgulloso”, dice con emoción. Desde 2010 ejerce la profesión jurídica, acumulando experiencia en distintas instituciones del sistema judicial ecuatoriano. Ha trabajado en la Defensoría Pública, el Consejo de la Judicatura y el Consejo de Participación Ciudadana, desempeñando funciones tanto jurídicas como administrativas. En su trayectoria también aparecen tres maestrías: en Derecho Civil y Procesal Civil, Derecho Constitucional y Comunicación Organizacional, además de diplomados en gobernabilidad y derecho penal. Entre 2021 y 2024 fue directora provincial de la Defensoría Pública, un cargo desde el cual gestionó servicios legales para personas en condición de vulnerabilidad. EL RETO DE LA FISCALÍA El proceso para aspirar a la Fiscalía General no es sencillo. Para presentar su candidatura debió reunir 21 documentos oficiales, entre certificaciones estatales, declaraciones notarizadas y registros digitales que acreditan experiencia profesional, probidad y ausencia de impedimentos legales. Su postulación quedó registrada como la número 28 de las 75 presentadas a nivel nacional. Ahora inicia la fase de verificación documental, donde la Comisión Ciudadana de Selección revisará cada expediente antes de permitir que los aspirantes continúen en el concurso.Andrea lo sabe bien. Ya participó en procesos similares dentro de la función judicial. Por eso no se adelanta a los resultados.“Primero viene la admisibilidad, luego la calificación de méritos, el escrutinio público y finalmente la oposición. Es un proceso largo”, explica. En medio de un país atravesado por la crisis de seguridad y la desconfianza institucional, aspirar a dirigir la Fiscalía General implica también un acto de valentía. Andrea Cazar lo reconoce sin rodeos. “Es un reto que asumo como mujer, como imbabureña y también de manera muy personal”, afirma. Sin embargo, más allá del cargo, lo que más le ha sorprendido es la reacción de la gente. En los últimos días, dice, ha recibido mensajes de apoyo, llamadas y palabras de aliento de ciudadanos que ven en su candidatura una representación simbólica de la provincia. “Sentir que otras personas creen en ti te da mucha fuerza”, confiesa. Quizás por eso, cuando habla de su aspiración, no lo hace en singular.Porque en cada palabra aparece una convicción que repite varias veces durante la entrevista: “No solo llevo mi nombre. También llevo el nombre de Imbabura”.

Imbabura, Política

GERENTE DE MOVIDELNOR ACUSÓ AL RÉGIMEN DE DANIEL NOBOA DE “INVENTAR JUICIOS” EN MEDIO DE PROTESTA EN SU CONTRA

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Lo que inició como una marcha de cientos de transportistas en contra de la gestión de la Empresa Pública de Movilidad del Norte (Movidelnor EP), por falta de controles frente al transporte informal y la demora en trámites administrativos, terminó convertido en una tribuna política. En una reunión improvisada con los transportistas, posterior a la protesta,  el gerente de la entidad encargada de gestionar el tránsito en 15 cantones del norte del país, Santiago Chiriboga,  giró el foco del debate. Antes de centrarse en responder por la falta de controles contra el transporte ilegal, como aseguran los gremios, lanzó graves acusaciones contra el Gobierno de Daniel Noboa. Acusó al régimen de «inventarse tipos penales y juicios», para presionar y perseguir a funcionarios públicos. Lo hizo para explicar el porque Movidelnor EP no puede emitir resoluciones o salvoconductos para destrabar los procesos de matriculación, transferencias de dominio y cambios de socios, procesos que están paralizados por la intervención de la justicia en la Agencia Nacional de Tránsito (ANT), su ente rector. Chiriboga sostuvo que cualquier decisión administrativa podría derivar en responsabilidades penales para los funcionarios. “Después por emitir un salvoconducto o generar una resolución, viene contraloría y nos glosan. Y después, como ahora todo en este gobierno, lastimosamente, va de la mano con tipo penal, intervienen, meten preso, le inventan un juicio. Eso queremos evitar”, declaró Chiriboga ante los transportistas. El actual titular de Movidelnor EP, fue designado gerente encargado hace nueve meses. Esta institución es el brazo operativo de la Mancomunidad de Tránsito de la Región Norte, presidida por Gustavo Samaniego, alcalde del cantón San Lorenzo de la provincia de Esmeraldas y reconocida figura de la Revolución Ciudadana. ACUSACIONES SIN RESPALDO DOCUMENTAL Chiriboga sostuvo que la problemática actual es “heredada” de administraciones anteriores y reveló que existen irregularidades en los cantones de Bolívar, Mira, Espejo, Montúfar y Huaca de la provincia de Carchi, dónde hay casos de agentes que cobrarían dinero para evitar sanciones por conducir en estado etílico. Sin embargo, no detalló expedientes ni denuncias formales en curso. En otro momento de su intervención, el gerente aseguró que emisarios de la Agencia Nacional de Tránsito (ANT) habrían acudido a su despacho para solicitar dinero a cambio de emitir la autorización de operación del centro de revisión de Montúfar, trámite que -según dijo-, lleva tres años pendiente. “Nos mandaron interlocutores pidiéndonos dinero a cambio de que nos autoricen. Y eso denunciamos, y eso fue motivo de que cierre también la Agencia Nacional de Tránsito”, aseguró. LA MARCHA QUE CAMBIÓ DE EJE Mientras los transportistas reclamaban mayor operatividad contra la informalidad y más eficiencia en los procesos administrativos, Chiriboga insistió en que las demoras no son exclusivas de su administración y señaló está vez a los propios transportistas. “Sí hay demora, pero también tenemos la data (…) no solo es la demora de nosotros, también es la demora de parte de los transportistas en entregar toda la información conforme está establecido en la ley”, manifestó. El tono político de su discurso contrastó con la naturaleza técnica del reclamo ciudadano. En lugar de centrarse en resultados de su gestión, el funcionario apuntó contra el Gobierno Nacional, contra la ANT y contra los propios manifestantes. SIN RESPUESTA DE LA GOBERNACIÓN CRÓNICAS DEL NORTE solicitó un pronunciamiento del gobernador de Imbabura, Jorge Ortiz, sobre las declaraciones de Chiriboga respecto a que el Gobierno estaría promoviendo procesos penales e inventando juicios. Hasta el cierre de esta edición, no hubo respuesta oficial.

Política

ASAMBLEÍSTA CRISTIAN BENAVIDES RESPALDA REFORMA AL COOTAD Y ADMITE COSTO POLÍTICO POR SU VOTO

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Publicidad En medio de una votación ajustada en la Asamblea Nacional, el asambleísta por Carchi, Cristian Benavides, confirmó que su decisión fue respaldar la reforma al Código Orgánico de Organización Territorial (COOTAD), que obliga a los Gobiernos Autónomos Descentralizados (GAD) a destinar el 70% de sus recursos a inversión pública y hasta el 30% a gasto corriente. La norma fue aprobada con 77 votos a favor, 71 en contra y 2 abstenciones, generando fracturas políticas incluso dentro de las organizaciones que apoyaron su candidatura. Benavides aseguró que su voto fue razonado y coherente con su postura histórica sobre el manejo de recursos públicos. “Mi voto fue favorable en esta ocasión. Yo no soy parte de la bancada de ADN”, enfatizó en entrevista en Radio X FM, la mañana de este lunes 23 de febrero de 2026, al tiempo que recordó que en otras leyes urgentes del Ejecutivo había votado en contra o se había abstenido. El legislador indicó que el esquema 70-30 no es nuevo. Según explicó, el principio ya constaba en el artículo 198 del COOTAD desde hace más de 15 años, pero sin mecanismos efectivos de cumplimiento. La reforma, dijo, fija plazos para que los GAD ajusten progresivamente sus presupuestos. A su criterio, el objetivo es frenar lo que calificó como excesos en algunos municipios y prefecturas: incremento desproporcionado de nóminas, consultorías onerosas, adquisición de vehículos de alto costo y gastos en eventos sin impacto estructural. “Muchos alcaldes cuando van a salir dejan firmados nombramientos definitivos… esto hace pedazos las finanzas municipales”, sostuvo. DISTANCIAMIENTO POLÍTICO Y DEFENSA DE SU TRAYECTORIA Tras la votación, el Partido Socialista marcó distancia. Sin embargo, Benavides negó una ruptura formal y aclaró que no es militante de esa organización. “Ellos no me apadrinaron, yo los apadriné a ellos… tengo mi propio movimiento político, el Movimiento Somos, lista 104”, afirmó. El asambleísta defendió su experiencia como exalcalde de Tulcán y actual vicepresidente de la Comisión de Gobiernos Autónomos. Recordó que administró un municipio altamente endeudado y que, según dijo, donó la mitad de su sueldo a causas sociales durante su gestión. Sobre las críticas que señalan una afectación a la autonomía municipal, respondió que la Constitución obliga a destinar el 10% de los presupuestos a sectores sociales, por lo que, según argumentó, la reforma no elimina cultura ni deporte, sino que busca evitar excesos. En cuanto a la aplicación de la ley, explicó que, aunque inicialmente se planteaba una implementación hacia 2027-2029, el texto aprobado permite su ejecución desde este año, con tiempos de ajuste presupuestario. “No es que se van a quitar recursos de la noche a la mañana”, puntualizó. Benavides concluyó que su voto no responde a alineamientos políticos sino a una postura técnica. “No voy a cambiar mi voto… he sido congruente con lo que pienso”, sostuvo, en un escenario legislativo marcado por la polarización. La reforma al COOTAD tensa la relación entre el Gobierno Central y los GAD, mientras alcaldes y prefectos analizan el impacto real de una normativa que promete austeridad, pero que también pone a prueba la gestión territorial en todo el país.

Ecuador, Política

LA FENOCIN RENUEVA SU CÚPULA Y ACTIVA LA RUTA PARA UNA REVOCATORIA PRESIDENCIAL

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El auditorio de la Casa de la Cultura Ecuatoriana fue escenario de una definición política que trasciende lo orgánico. La mañana de este viernes 30 de enero de 2026, delegaciones de distintas provincias participaron en la posesión del nuevo comité ejecutivo nacional de la Confederación Nacional de Organizaciones Campesinas, Indígenas, Negras y Montubias (Fenocin), un acto que marcó el inicio de un nuevo ciclo dirigencial y el anuncio de una acción directa contra el Ejecutivo. NUEVO LIDERAZGO, NUEVA ESTRATEGIA En la jornada fue proclamado Guido Perugachi como presidente nacional para el período 2026–2030, con el respaldo de las bases. En su intervención inicial, el dirigente confirmó que la Fenocin impulsará un proceso de revocatoria de mandato contra el presidente Daniel Noboa, decisión que será trabajada desde el territorio y en coordinación con otras organizaciones sociales del país. Perugachi detalló que la hoja de ruta contempla asambleas provinciales, encuentros con dirigentes sociales e indígenas y una agenda de visitas a organizaciones aliadas para iniciar la recolección de firmas, requisito legal para activar el mecanismo de revocatoria. La Fenocin, señaló que buscará consolidar una articulación nacional que permita sostener el proceso desde las bases y ampliar el respaldo más allá de su estructura orgánica. Con la posesión del nuevo directorio, la confederación abre una etapa de reorganización interna y movilización política, que coloca a la revocatoria presidencial como uno de los ejes centrales de su agenda para los próximos meses.

Ecuador, Política

FISCALÍA ALLANA VIVIENDA DE LUISA GONZÁLEZ POR PRESUNTO FINANCIAMIENTO IRREGULAR DE CAMPAÑA

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La puerta de una vivienda se abrió antes del amanecer de este miércoles 28 de enero de 2026 y, con ella, se activó un nuevo episodio de alta tensión política en Ecuador. La Fiscalía General del Estado ingresó al domicilio de Luisa González, excandidata a la Presidencia, como parte de una investigación penal por supuesta delincuencia organizada para el lavado de activos, que vuelve a colocar a la Revolución Ciudadana (RC) en el centro del debate nacional. La diligencia no fue aislada: se trató de un operativo simultáneo que incluyó cuatro allanamientos en Pichincha y Guayas, dentro del expediente conocido como caso “Caja Chica”. El Ministerio Público indaga una presunta estructura de delincuencia organizada que habría canalizado dinero en efectivo desde Venezuela para financiar la campaña presidencial de 2023. Bajo esa línea, fiscales y policías buscaron indicios documentales y tecnológicos que respalden la hipótesis. Tras los allanamientos, la Fiscalía informó la incautación de teléfonos celulares, pasaportes, dispositivos de almacenamiento y documentación, materiales que ahora forman parte del análisis pericial del caso. La investigación se mantiene en fase previa, es decir, sin formulación de cargos, pero con diligencias orientadas a establecer rutas de financiamiento y posibles responsabilidades penales. LA RESPUESTA DE GONZÁLEZ: “NO HEMOS RECIBIDO UN SOLO CENTAVO” Horas después del operativo, Luisa González rompió el silencio y rechazó de forma categórica los señalamientos. “Quieren eliminar a los opositores”, afirmó ante medios de comunicación, al tiempo que negó cualquier vínculo con recursos ilícitos. “La Revolución Ciudadana y Luisa González no hemos recibido un solo centavo”, sostuvo, en referencia directa a la presunta llegada de fondos desde el extranjero. Desde su entorno político, el pronunciamiento fue inmediato. El expresidente Rafael Correa, quien también es investigado, aseguró que los allanamientos no se limitaron a un solo domicilio y que otras figuras fuertes del correísmo como Andrés Arauz, y asambleístas de la RC también están bajo investigación, lo que, a su criterio, confirma una estrategia de presión judicial contra el movimiento. Por su parte, la dirigencia de la Revolución Ciudadana cerró filas en defensa de su excandidata. Calificaron el allanamiento como un acto de “persecución judicial” y advirtieron que el proceso estaría siendo utilizado con fines políticos. En otros comunicados y declaraciones públicas, sostuvieron que las acciones de la Fiscalía buscan desgastar a la oposición y desviar la atención de otros problemas que enfrenta el país. Autoridades seccionales vinculadas al movimiento también se pronunciaron. Alcaldes y prefectos afines al correísmo cuestionaron que, en un contexto de violencia y crisis de seguridad, los esfuerzos del Estado se concentren en investigaciones de alto contenido político. El mensaje fue reiterado: se estaría judicializando la política en lugar de priorizar la lucha contra el crimen organizado. Mientras la Fiscalía continúa con el análisis de los indicios levantados, el allanamiento a la vivienda de Luisa González marca un nuevo punto de fricción entre el sistema judicial y uno de los principales bloques de oposición. El caso “Caja Chica” avanza aún sin cargos formales, pero ya dejó una estela de reacciones políticas, denuncias de persecución y un debate abierto sobre los límites entre investigación penal y confrontación política en Ecuador.

Ecuador, Política

CONVENCIÓN DE LA REVOLUCIÓN  CIUDADANA INICIÓ CON AFORO COMPLETO EN MANTA

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Desde primeras horas de este domingo 18 de enero de 2025, caravanas y delegaciones de distintos cantones de Manabí y del resto del país llegaron a Manta. La ciudad volvió a concentrar la atención nacional con el inicio del segundo día de la convención de la Revolución Ciudadana, que se desarrolla con un aforo estimado de 4.000 asistentes y bajo estrictas medidas de seguridad en el coliseo Lorgio Pinargote del complejo deportivo Tohallí. SEGURIDAD REFORZADA Y CONTINUIDAD DEL EVENTO El despliegue policial en los exteriores y la vigilancia privada en el interior del coliseo marcaron el desarrollo de la jornada, que transcurre sin incidentes. La continuidad del evento se concretó luego de que un juez aceptara las medidas cautelares solicitadas por la organización política, permitiendo retomar el cronograma previsto tras la revocatoria administrativa del permiso registrada el viernes anterior. En los exteriores del complejo, la presidenta del movimiento, Luisa González, confirmó que la resolución judicial es de cumplimiento obligatorio, lo que dio paso a la reanudación formal de las actividades planificadas para esta segunda jornada. DELIBERACIONES Y EXPECTATIVA POR LOS DISCURSOS Durante el primer día, los delegados participaron en mesas técnicas orientadas al fortalecimiento organizativo, la línea política, la comunicación estratégica y la agenda legislativa y territorial. Los insumos de ese trabajo previo serán presentados y consolidados en la sesión plenaria prevista para el cierre del encuentro. Mientras animadores, cómo el influencer Don Pishko -que se volvió más visible durante el paro indígena que tuvo como epicentro a Imbabura-, mantienen activo el ambiente en el coliseo este domingo. Gabriela Rivadeneira, expresidenta de la Asamblea Nacional y figura del movimiento, quien estuvo auto exiliada durante 6 años en México, arribo al lugar del encuentro en horas de la mañana. Es la única candidata a presidir la organización política, pues no se inscribieron otras listas. Los asistentes esperan el inicio de los discursos centrales, que marcarán la hoja de ruta del movimiento. Pasadas las 13 horas intervino el expresidente Rafael Correa, de manera telemática desde Bélgica. «Los que se han ido, es porque nunca debieron estar», manifestó el líder histórico de la Revolución Ciudadana, refiriéndose a las figuras políticas que han abandonado sus filas, como Marcela Aguiñaga, prefecta de Guayas. La convención concluirá con la lectura de resoluciones y la elección de la nueva directiva nacional del movimiento.

Política

DEBATE SOBRE FINANCIAMIENTO POLÍTICO ENTRA EN ETAPA CLAVE EN LA ASAMBLEA

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EXPERTOS PIDEN DEVOLUCIÓN DE FONDOS PÚBLICOS A CANDIDATOS CON BAJO RESPALDO Con propuestas que buscan ordenar el sistema de partidos y evitar el derroche de recursos públicos, la Asamblea Nacional inició esta semana un nuevo capítulo en la discusión sobre las reformas constitucionales al financiamiento político. La Comisión Ocasional que trata la modificación de los artículos 110 y 115 de la Carta Magna abrió el debate con la participación de tres expertos que coincidieron en un punto clave: la urgente necesidad de controlar y transparentar el uso de fondos estatales en campañas electorales. Durante la sesión, el economista Nicanor Moscoso lanzó una crítica directa al modelo vigente, advirtiendo que actualmente más de 200 agrupaciones políticas, muchas sin respaldo ciudadano real, acceden al fondo partidario. “Hay candidatos que saben que no obtendrán ni el 1% de los votos, pero igual reciben dinero del Estado», cuestionó. Propuso que los postulantes que no superen el 3% de apoyo en las urnas devuelvan los recursos recibidos, y que el fondo se fortalezca únicamente para partidos con representación real, superior al 5%. Tatiana Saltos, especialista en Derecho, enfocó su intervención en la pérdida de credibilidad de los partidos ante la ciudadanía, y en la necesidad de reconstruir esa confianza con normas claras. Recomendó que el tratamiento legislativo se haga artículo por artículo, para evitar improvisaciones, e invitó a mirar modelos internacionales que equilibran el control financiero con la participación democrática. Desde el ámbito electoral, Héctor Tapia advirtió que los partidos son entidades de derecho público, por lo que deben someterse a rigurosas auditorías. Recordó que la Constitución garantiza igualdad de condiciones para el acceso a fondos públicos, pero que esto debe ir de la mano con transparencia, formación ideológica y oportunidades reales para nuevos liderazgos. El presidente de la Comisión, Esteban Torres, pidió mantener un enfoque técnico en la reforma para blindar el proceso frente a posibles inconstitucionalidades. En esa misma línea, el legislador imbabureño Pablo Jurado valoró la participación de los expertos y subrayó que la ciudadanía exige respuestas claras, no solo desde el discurso político, sino con reformas que realmente impacten en la calidad democrática del país. Las jornadas de análisis continuarán en las próximas semanas, en medio de una creciente presión ciudadana por reducir el gasto político y exigir mayor transparencia a quienes buscan cargos de representación. La discusión se convierte así en una oportunidad para repensar el rol del Estado en el financiamiento electoral y la salud del sistema partidista ecuatoriano.

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