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Carchi, Frontera Norte

BLOQUEO EN RUMICHACA PROFUNDIZA LA CRISIS COMERCIAL EN TULCÁN E IPIALES

Publicidad El paso internacional de Rumichaca vivió este jueves 12 de marzo una nueva jornada de bloqueo total, no por una disposición gubernamental de cierre, sino por una protesta de transportistas y sectores vinculados al comercio fronterizo. En la vía fueron ubicados tráileres y contenedores que impidieron la circulación vehicular entre las ciudades de Tulcán e Ipiales, mientras peatones y viajeros tuvieron que avanzar a pie y hacer transbordos para continuar su trayecto. La medida se radicalizó tras marchado y protestas pacíficas desarrolladas en ambos lados de la frontera, desde el pasado martes. Las manifestaciones rechazan la guerra arancelaria desatada este año entre Ecuador y Colombia. El 21 de enero de 2026, el Gobierno ecuatoriano anunció una “tasa de seguridad” del 30% a las importaciones colombianas, argumentando falta de cooperación en seguridad fronteriza, narcotráfico y minería ilegal; esa medida empezó a cobrarse desde el 1 de febrero. Colombia respondió con medidas recíprocas. El Decreto 0170 del 20 de febrero de 2026 estableció un arancel del 30% para determinados productos ecuatorianos desde el 24 de febrero, y además restringió el ingreso terrestre de algunas mercancías por Ipiales y Puerto Asís. Después, Ecuador resolvió elevarla al 50% a partir del 1 de marzo. De inmediato, la Presidencia colombiana también anunció la ampliación del porcentaje de los aranceles al 50%. MOTIVOS DE LA PROTESTA Edison Mena, presidente de la Asociación Colombiana de Camioneros, resumió el impacto de las medidas de ambos gobiernos sobre su gremio al afirmar que hay una “pérdida total de empleo” y un golpe directo al trabajo formal en la frontera. Señaló además que el transporte de carga está parado en más del 90%, una cifra que muestra hasta qué punto la protesta ya no es solo una advertencia gremial, sino una señal de colapso operativo. La dimensión social del problema también crece. Según estimaciones de los gremios de comerciantes de ambos lados de la frontera, más de 3.000 familias dependen directamente de estas actividades, mientras otros balances elevan la alerta a 40.000 empleos fronterizos en riesgo y más de 200 empresas afectadas por la crisis. En ciudades como Tulcán e Ipiales, donde el comercio binacional es parte de la economía cotidiana, cada día de bloqueo deteriora ventas, empleo, turismo de compras y abastecimiento. COMERCIO TERAPIA INTENSIVA En Tulcán, Nelson Cano, presidente de la Cámara de Comercio de Tulcán, reportó que el flujo de mercadería que llega desde Colombia por Rumichaca cayó un 80%, mientras que la actividad económica en el puente se redujo al 10%. La parálisis no solo golpea a importadores y exportadores: también vacía bodegas, reduce viajes, frena la carga y deja sin movimiento a toda la cadena logística. Cano, ha descrito el momento como crítico.  El dirigente sostiene que el movimiento comercial de Rumichaca está “prácticamente muerto” y advierte que nuevas alzas arancelarias pueden convertirse en un “jaque mate” para la frontera. Cano también ha señalado que la provincia depende del transporte de carga, el comercio internacional y la agricultura, por lo que la disputa entre ambos gobiernos pone en riesgo empleo y estabilidad económica. Desde Ipiales, Iván Flórez Portilla, presidente ejecutivo de la Cámara de Comercio, trazó un panorama igual de preocupante. En entrevista en el noticiero de Radio X FM, explicó que la actividad económica en Rumichaca cayó al 10% y planteó que la zona necesita una respuesta extraordinaria de ambos gobiernos para evitar un deterioro mayor del comercio. Publicidad

Ecuador, Regional

CÁMARAS ADVIERTEN IMPACTO ECONÓMICO Y SOCIAL POR GUERRA ARANCELARIA

La frontera norte vuelve a encender las alertas. Las cámaras de comercio de Tulcán e Ibarra de Ecuador; e Ipiales, Pasto y Tumaco del lado colombiano, junto con la Cámara Provincial de Turismo de Imbabura, hicieron público un pronunciamiento conjunto dirigido a los presidentes de Ecuador y Colombia, en el que expresan su preocupación por las recientes decisiones arancelarias que afectan al intercambio comercial binacional. El eje del llamado es claro: preservar la seguridad sin sacrificar la dinámica económica y social que sostiene a miles de familias en la frontera colombo-ecuatoriana. Los gremios reconocen el accionar sostenido de ambos Estados en la lucha contra el narcotráfico y las economías ilegales en la zona fronteriza, y ratifican su respaldo a las acciones orientadas a proteger la soberanía, la seguridad y la paz común. Sin embargo, advierten que el anuncio del Gobierno ecuatoriano de aplicar, desde el 1 de febrero de 2026, una tasa de seguridad del 30% a las importaciones provenientes de Colombia, sumado a medidas similares anunciadas por el Gobierno de Gustavo Petro, podría generar efectos adversos de alto impacto en la región. RIESGO DE CONTRABANDO, ALZA DE PRECIOS Y EMPLEO EN JUEGO Según el pronunciamiento, estas disposiciones tendrían consecuencias directas en los sectores económico-productivo y social binacional. Entre los principales riesgos señalados constan el incremento del contrabando, el alza de precios, la afectación al empleo y un aumento de la inseguridad en pasos no autorizados, escenarios que ya han golpeado históricamente a las economías fronterizas. Frente a este panorama, las cámaras solicitan de manera expresa a las cancillerías de ambos países la conformación de mesas de diálogo y una coordinación binacional efectiva, que permita evaluar de forma integral el impacto real de estas medidas en empresas y consumidores de Ecuador y Colombia. El documento plantea además que el Gabinete Binacional Colombia–Ecuador es el espacio más idóneo para retomar y fortalecer estas agendas comunes, considerando que la seguridad y las relaciones comerciales han sido ejes prioritarios en la historia reciente de ambos países. Los gremios recalcan que mantener canales de diálogo estructurados es clave para el desarrollo de la región fronteriza y para consolidar la relación estratégica dentro de la Comunidad Andina de Naciones (CAN). El pronunciamiento cierra con un llamado a la responsabilidad política y diplomática, subrayando que las decisiones unilaterales, sin evaluación conjunta, pueden profundizar problemas estructurales en una frontera donde la economía, la seguridad y la vida cotidiana están estrechamente entrelazadas.

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