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El movimiento de 300 personas privadas de libertad desde el Centro de Privación de Libertad Imbabura N.° 1 hacia el Centro de Privación de Libertad Azuay N.° 1 se ejecutó sin información previa, generando incertidumbre entre familiares que permanecieron durante horas en los exteriores del recinto penitenciario. Un día después, el Servicio Nacional de Atención Integral a Personas Adultas Privadas de la Libertad (SNAI) expuso los argumentos detrás de la operación. La intervención, calificada como un “mega operativo de seguridad”, se realizó con la participación de Policía Nacional, Fuerzas Armadas y el Cuerpo de Seguridad Penitenciaria, en medio de un fuerte resguardo que incluyó el cierre perimetral y el traslado en buses interprovinciales bajo custodia armada. OPERATIVO RESPONDE A CRITERIOS TÉCNICOS Y REDUCCIÓN DE HACINAMIENTO Según el pronunciamiento oficial, el traslado se ejecutó bajo criterios técnicos, con el objetivo de reducir el hacinamiento en la cárcel de Ibarra, recuperar el control institucional y mejorar las condiciones de habitabilidad dentro del sistema carcelario. El SNAI sostuvo que estas acciones forman parte de su Plan Estratégico para reorganizar la población penitenciaria en el país. En su informe, la entidad también aseguró que durante el operativo se garantizó el respeto a los derechos humanos, mientras se busca fortalecer los procesos de rehabilitación social y debilitar estructuras vinculadas al crimen organizado que operan al interior de los centros de privación de libertad. NINGÚN INTERNO FUE ENVIADO A LA CÁRCEL DEL ENCUENTRO Uno de los puntos que generó mayor expectativa fue el destino de los internos considerados de alta peligrosidad. Sin embargo, el SNAI confirmó que ninguno de los 300 privados de libertad fue trasladado a la Cárcel del Encuentro, en la provincia de Santa Elena. La razón, según la entidad, es que los reclusos no cumplen con el perfil de peligrosidad requerido para ese centro de máxima seguridad, lo que descarta que el operativo haya estado dirigido a aislar cabecillas de alto riesgo en ese recinto. Mientras tanto, los familiares de las personas recluidas en la cárcel de Ibarra, continúan a la espera de la lista de personas que fueron transferidas a Azuay, en medio de cuestionamientos por la falta de comunicación previa y oportuna.