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Imbabura

PRIMERA ACOGIDA ACTIVA, PROTECCIÓN INMEDIATA PARA VÍCTIMAS DE VIOLENCIA EN IMBABURA

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Publicidad En las unidades judiciales de la provincia de Imbabura se ha fortalecido el servicio de primera acogida, un mecanismo que busca brindar atención inmediata, confidencial y segura a víctimas de violencia contra la mujer y miembros del núcleo familiar desde el primer contacto con el sistema de justicia. Este servicio funciona dentro de las dependencias judiciales donde se conocen este tipo de causas. Allí, personal especializado escucha a la persona afectada, orienta sobre sus derechos, recepta la denuncia y aplica una ficha técnica de valoración de riesgo, instrumento clave para determinar el nivel de vulnerabilidad de la víctima. MÁS DE CUATRO MIL CASOS EN UN AÑO La magnitud del problema queda reflejada en las estadísticas judiciales. Durante 2025 se registraron 4.121 causas por violencia contra la mujer y miembros del núcleo familiar en Imbabura, una cifra que evidencia la persistencia de este tipo de agresiones y la necesidad de mantener activos mecanismos de respuesta institucional. Una vez presentada la denuncia y realizada la valoración inicial, los jueces pueden dictar medidas de protección inmediatas, orientadas a garantizar la seguridad de la víctima y evitar nuevos episodios de violencia. EQUIPOS TÉCNICOS RESPALDAN DECISIONES JUDICIALES El proceso judicial no se limita únicamente a la recepción de la denuncia. Equipos técnicos integrados por profesionales en psicología, trabajo social y medicina elaboran informes especializados, que permiten a las autoridades judiciales contar con elementos técnicos para adoptar decisiones que prioricen la protección de las víctimas. El director provincial del Consejo de la Judicatura de Imbabura, Hugo Imbaquingo, explicó que la prioridad institucional es ofrecer una respuesta integral desde el primer momento. “Buscamos que cada persona reciba atención oportuna, empática y profesional, evitando la revictimización y priorizando su protección”, señaló. La autoridad recuerda que las denuncias pueden presentarse en cualquier unidad judicial de la provincia, donde el sistema activa de inmediato los protocolos establecidos por la ley para proteger a las víctimas.

Ibarra, Política

ANDREA CAZAR, LA IMBABUREÑA QUE QUIERE LLEVAR SU VOZ A LA FISCALÍA GENERAL DEL ESTADO

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Publicidad A las siete de la mañana, mientras la ciudad de Ibarra despierta entre el ritmo cotidiano, Andrea Cazar ya está en pie. Atiende entrevistas radiales, habla con serenidad de un desafío que podría cambiar el rumbo de su vida. Entre 75 postulantes que buscan dirigir la Fiscalía General del Estado, su nombre aparece como una singularidad: es la única candidata proveniente de Imbabura. Su voz no suena grandilocuente. Más bien transmite la calma de quien ha recorrido un camino largo antes de decidir dar este paso. “Lo importante es participar y ver cómo uno va creciendo en el proceso”, dice, consciente de que el concurso apenas empieza y que cada fase será una prueba distinta. UNA VIDA MARCADA POR LA BÚSQUEDA DE ESPACIOS La historia de Andrea Cazar no comenzó en los despachos judiciales ni en los expedientes jurídicos. Mucho antes de convertirse en abogada, su primera lucha, cuando era adolescente, fue en el deporte. Fue ciclista, nadadora y triatleta, y recuerda que en más de una competencia ni siquiera existía una categoría para mujeres. Aquellas primeras batallas marcaron su carácter. “Pedíamos que se abran las categorías femeninas. A veces éramos dos o tres, pero había que abrir ese espacio”, recuerda. Con el tiempo llegaron otros escenarios públicos. Fue Reina de Ibarra, un título que para ella significó una oportunidad de trabajo social. Desde esa vitrina impulsó campañas ambientales y programas de apoyo a grupos vulnerables, experiencias que la acercaron a la realidad de los barrios y comunidades. Esa cercanía con la gente la llevó a la política local. Fue concejala de Ibarra durante dos periodos: de 2000 a 2004 y de 2005 a 2009, donde impulsó ordenanzas relacionadas con la prevención de la violencia contra la mujer y la regulación del ruido en la ciudad, entre otras iniciativas. Publicidad DE LA COMUNICACIÓN AL DERECHO Su camino profesional tampoco fue lineal. Antes de convertirse en jurista, Andrea Cazar se formó como comunicadora organizacional, una carrera que ejerció hasta que una figura familiar marcó un nuevo rumbo. Su padre era abogado.Su recuerdo sigue presente en cada decisión importante. “Él fue quien me inspiró a estudiar Derecho. Creo que desde el cielo está orgulloso”, dice con emoción. Desde 2010 ejerce la profesión jurídica, acumulando experiencia en distintas instituciones del sistema judicial ecuatoriano. Ha trabajado en la Defensoría Pública, el Consejo de la Judicatura y el Consejo de Participación Ciudadana, desempeñando funciones tanto jurídicas como administrativas. En su trayectoria también aparecen tres maestrías: en Derecho Civil y Procesal Civil, Derecho Constitucional y Comunicación Organizacional, además de diplomados en gobernabilidad y derecho penal. Entre 2021 y 2024 fue directora provincial de la Defensoría Pública, un cargo desde el cual gestionó servicios legales para personas en condición de vulnerabilidad. EL RETO DE LA FISCALÍA El proceso para aspirar a la Fiscalía General no es sencillo. Para presentar su candidatura debió reunir 21 documentos oficiales, entre certificaciones estatales, declaraciones notarizadas y registros digitales que acreditan experiencia profesional, probidad y ausencia de impedimentos legales. Su postulación quedó registrada como la número 28 de las 75 presentadas a nivel nacional. Ahora inicia la fase de verificación documental, donde la Comisión Ciudadana de Selección revisará cada expediente antes de permitir que los aspirantes continúen en el concurso.Andrea lo sabe bien. Ya participó en procesos similares dentro de la función judicial. Por eso no se adelanta a los resultados.“Primero viene la admisibilidad, luego la calificación de méritos, el escrutinio público y finalmente la oposición. Es un proceso largo”, explica. En medio de un país atravesado por la crisis de seguridad y la desconfianza institucional, aspirar a dirigir la Fiscalía General implica también un acto de valentía. Andrea Cazar lo reconoce sin rodeos. “Es un reto que asumo como mujer, como imbabureña y también de manera muy personal”, afirma. Sin embargo, más allá del cargo, lo que más le ha sorprendido es la reacción de la gente. En los últimos días, dice, ha recibido mensajes de apoyo, llamadas y palabras de aliento de ciudadanos que ven en su candidatura una representación simbólica de la provincia. “Sentir que otras personas creen en ti te da mucha fuerza”, confiesa. Quizás por eso, cuando habla de su aspiración, no lo hace en singular.Porque en cada palabra aparece una convicción que repite varias veces durante la entrevista: “No solo llevo mi nombre. También llevo el nombre de Imbabura”.

Ibarra

BOMBEROS RESCATAN A PARAPENTISTA QUE SE ACCIDENTÓ EN LAS MONTAÑAS ORIENTALES DE IBARRA

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Una operación de búsqueda y rescate se desplegó la tarde de este jueves 5 de marzo, en el sector de Yuracruz, oriente del cantón Ibarra, provincia de Imbabura, luego de que se reportara la caída de un hombre que practicaba parapente. Debido a la complejidad del terreno, los rescatistas tuvieron que avanzar a pie por pendientes pronunciadas, para llegar hasta el punto donde se encontraba el ciudadano. Durante el operativo, la Unidad de Operaciones Tecnológicas del Cuerpo de Bomberos de la localidad desplegó drones, herramientas que permitieron su rápida ubicación. Una vez en el lugar, el personal verificó el estado de salud del hombre y confirmó que se encontraba en buenas condiciones, pese al incidente ocurrido durante el vuelo. Al cierre del operativo, los bomberos acompañaron y guiaron al ciudadano, que pudo movilizarse por sus propios medios, hasta salir de manera segura de la zona.

Gastronomía, Imbabura

EL CORTIJO CONSOLIDA SU CUY AL HORNO COMO REFERENTE GASTRONÓMICO EN CHALTURA

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Publicidad En Chaltura, cuando se habla de cuy, se habla en serio. Y en medio de esa tradición que atraviesa generaciones, hay un nombre que suena con fuerza propia: El Cortijo. Un restaurante campestre cuya especialidad, el cuy al horno, se ha convertido en su sello y en el motivo principal por el que miles de comensales de distintas provincias de Ecuador e incluso extranjeros, llegan hasta este rincón de Antonio Ante, en Imbabura. El plato no nació por casualidad. Fue una decisión. Mientras la mayoría apostaba por el cuy frito, aquí eligieron el horno. El resultado es una preparación más ligera, con menos grasa añadida, pero con el mismo carácter de la receta tradicional. El secreto está en el aliño. “Ahí está el toque mágico, además le ponemos mucho amor”, afirma Blanca Terán, mentora del lugar y heredera de una receta que aprendió observando a su madre. LA DIFERENCIA ESTÁ EN EL HORNO El Cortijo abrió como restaurante en 2018. Tenía apenas medio año de funcionamiento cuando decidió participar en la Feria Internacional del Cuy realizada en la parroquia Andrade Marín de Antonio Ante. Competían propuestas de Ecuador, Colombia, Perú y Bolivia. El suyo era el único cuy al horno del certamen. El jurado, compuesto por chefs internacionales, evaluó sabor, técnica y presentación. El veredicto fue contundente: mejor plato de cuy del evento. Ese reconocimiento marcó un antes y un después. No solo validó la apuesta por el horno, sino que posicionó al restaurante dentro de una oferta gastronómica cada vez más competitiva en la provincia. Desde entonces, visitantes de Pichincha, Tungurahua, Chimborazo, Guayas y otras provincias, así como turistas colombianos y estadounidenses, han llegado hasta Chaltura atraídos por la recomendación boca a boca. El proceso de preparación es riguroso desde el inicio. Selección cuidadosa de proveedores, estándares de asepsia estrictos y una preparación primaria que garantice calidad. “Si se trabaja con asepsia y con buenos productos, vamos a tener un buen resultado”, explica Blanca. El cuy se faena, se limpia y se alinea con una mezcla que se ha transmitido de generación en generación. Luego entra al horno hasta alcanzar el punto exacto: piel crocante, carne jugosa.El plato se sirve con papa cocinada tradicional, ensalada fresca y un tostado preparado con las menudencias. Es una presentación completa, pensada para mantener la esencia andina del plato. UN RESTAURANTE QUE RESPETA SU ENTORNO El espacio también es parte de la experiencia. El Cortijo funciona en una propiedad familiar con más de 120 años de historia, conservada por generaciones. En lugar de transformar el terreno por completo, la familia decidió preservar el huerto frutal que siempre caracterizó al lugar. La construcción ocupa solo la parte frontal. El resto es naturaleza abierta, árboles, aire limpio. La propuesta es clara: gastronomía con identidad en un entorno campestre auténtico. Es un emprendimiento familiar. Hijos y nietos participan en distintas áreas. Además, genera empleo para otras familias de la parroquia. El restaurante atiende sábados, domingos y feriados nacionales, de 11:00 a 17:00, y recibe grupos entre semana bajo reservación. Blanca, maestra jubilada de 75 años, regresó a Chaltura después de trabajar en varias provincias. Pensó en abrir un espacio de capacitación comunitaria. El destino la llevó a otra forma de servicio: la mesa. “Estamos gustosos para seguirles atendiendo de todo corazón”, dice. Pero más allá de su historia personal, lo que ha terminado definiendo al lugar es el plato. En un territorio donde el cuy es tradición centenaria, El Cortijo ha logrado diferenciarse apostando por una versión que respeta el origen, pero ofrece una experiencia distinta. No se trata solo de comer, sino de sentarse en un espacio con historia, probar un cuy al horno premiado y entender por qué, en Chaltura, la cocina también es identidad.

Imbabura, Seguridad

PRISIÓN PREVENTIVA PARA CINCO PRESUNTOS MIEMBROS DE ‘LOS LOBOS’ POR ROBO E INTENTO DE SECUESTRO

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La justicia ordenó prisión preventiva para los cinco detenidos en el operativo policial que evitó un presunto intento de secuestro y robo de vehículo en la vía Panamericana, sector Los Cañaverales, norte del cantón Ibarra, provincia de Imbabura. La medida fue confirmada por Alex Reina, comandante de Policía de la Subzona Imbabura. Según el oficial, la decisión judicial se adoptó luego de la audiencia de flagrancia, en la que se presentaron los elementos recopilados durante el procedimiento policial, entre ellos armas de fuego incautadas, vehículos retenidos y antecedentes penales de algunos de los sospechosos. LOS HECHOS El caso se originó el 4 de marzo de 2026, cuando unidades de la Policía Nacional, a través de la Unidad de Mantenimiento del Orden Público (UMO), recibieron una alerta ciudadana sobre el robo de una camioneta en la panamericana. En ella viajaban 5 personas al momento del ataque delincuencial. Dos fueron obligadas a descender del vehículo. Las otras tres permanecieron a bordo, cuando los delincuentes se llevaron el automotor. Según los uniformados, los implicados se desplazaban en tres vehículos. Durante la persecución, arrojaron armas de fuego y otras evidencias. Cuando detuvieron la marcha de un automóvil, se produjo un enfrentamiento a bala. Uno de los sospechosos resultó herido. El individuo fue trasladado posteriormente a una casa de salud para recibir atención médica. Entre los detenidos constan ciudadanos con antecedentes por robo, extorsión, asesinato y secuestro extorsivo, y se habrían autodenominado miembros del grupo de delincuencia organizada (GDO) “Los Lobos”. Horas después del operativo, la camioneta reportada como robada fue localizada abandonada en el sector de Tumbabiro, mientras que las tres personas que habrían sido secuestradas fueron encontradas a salvo en la carretera, según confirmaron las autoridades.

Ibarra

FUERZAS ARMADAS DESMANTELAN 10 CAMPAMENTOS DE MINERÍA ILEGAL EN BUENOS AIRES, URCUQUÍ

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Un nuevo golpe a las redes de minería ilegal en la parroquia Buenos Aires, en el cantón Urcuquí, dejó como saldo campamentos desmantelados, explosivos decomisados y material aurífero incautado durante una operación ejecutada por las Fuerzas Armadas del Ecuador. El operativo se desarrolló en el sector Mina Vieja, una zona que desde hace varios años ha sido identificada como uno de los principales focos de explotación minera clandestina en la provincia de Imbabura. Las acciones formaron parte de los rastrillajes militares permanentes orientados a recuperar el control territorial y frenar la actividad extractiva ilegal. Durante la intervención, los uniformados localizaron y destruyeron 10 cambuches utilizados como campamentos de operación, además de maquinaria y herramientas destinadas al procesamiento del material aurífero. Entre los elementos encontrados constan 6 generadores de luz, 4 motores de agua, una bomba hidráulica, dos roto martillos y tres bobinas de repuesto, equipos que eran utilizados para sostener las faenas clandestinas en la zona. También se incautaron 93 sacos de material aurífero, lo que evidencia la escala de las actividades extractivas que se desarrollaban en el lugar. El operativo también permitió detectar 21 cápsulas ordinarias explosivas, una dinamita tipo “salchicha” y dos galones de combustible, insumos utilizados para fracturar el suelo y facilitar la extracción de minerales. La intervención generó una afectación económica aproximada de 47.000 dólares a las estructuras dedicadas a la minería ilegal, indico el Ejército Ecuatoriano, en su cuenta de la red social Facebook. Además, informaron que los operativos de control continuarán en el sector de Buenos Aires y otras zonas sensibles de Imbabura, con el objetivo de frenar la explotación clandestina de recursos naturales y reforzar la seguridad territorial.

Imbabura

ACUERDO ENTRE COTACACHI, ANTONIO ANTE Y PREFECTURA IMPULSA EL PROYECTO DEL PUENTE SOBRE EL RÍO AMBI

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Publicidad Las autoridades de Cotacachi, Antonio Ante y la Prefectura de Imbabura dieron un paso formal para avanzar en la construcción de un nuevo puente vehicular sobre el río Ambi, tras la firma de una Carta de Intención que permitirá iniciar el proceso de estudios y diseños definitivos de esta infraestructura ubicada en el límite de ambos cantones. De acuerdo al convenio, el Municipio de Cotacachi asumirá el liderazgo técnico y administrativo del proceso, además de encargarse de la contratación de la consultoría que permitirá desarrollar el estudio especializado. Para esta fase inicial del proyecto se destinará una inversión que supera los 12 mil dólares, recursos que serán utilizados para la elaboración del análisis técnico integral que definirá las características del futuro puente.El estudio incluirá componentes estructurales, hidráulicos, ambientales, sociales y de seguridad vial, con el objetivo de garantizar que la obra cumpla criterios técnicos que aseguren su funcionalidad y durabilidad. PROYECTO APUNTA A FORTALECER LA CONEXIÓN PRODUCTIVA ENTRE CANTONES El puente consolidará la conectividad entre los sectores productivos de Cotacachi y Antonio Ante, territorios que mantienen una relación económica histórica vinculada principalmente a las industrias del cuero y el sector textil. Durante el acto de firma, el alcalde de Cotacachi, Jomar Cevallos, destacó el alcance del proyecto como un símbolo de integración territorial y dinamización económica. “Este puente es el símbolo de una hermandad que hoy se fortalece. Con la firma de esta carta de intención, estamos fortaleciendo la ruta Cuero – Textil, que es el motor que impulsará la economía de toda la región. Hoy, Antonio Ante y Cotacachi están más cerca que nunca”, manifestó la autoridad. Las autoridades señalaron que la ejecución de este proyecto permitirá mejorar la movilidad, facilitar el acceso a servicios y potenciar el intercambio comercial, beneficiando a las comunidades asentadas en ambos cantones de la provincia de Imbabura. Publicidad

Imbabura

NUEVA NORMA OBLIGA A ETIQUETAR LOS ALIMENTOS VENDIDOS A GRANEL

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La venta de alimentos a granel en mercados y bodegas de Imbabura cambiará de forma significativa. La Agencia Nacional de Regulación, Control y Vigilancia Sanitaria (ARCSA) anunció la aplicación de una normativa que obliga a que los productos procesados fraccionados para su comercialización cuenten con información clara para el consumidor, incluyendo procedencia, contenido y fecha de caducidad. La medida se sustenta en la resolución ARCSA-DE-2025-007, que reforma disposiciones anteriores sobre establecimientos que producen y comercializan alimentos. Según explicó Gabriela Montalvo, analista zonal de la entidad en la Zona 1, los controles empezarán en las próximas semanas, luego de un proceso de socialización dirigido a comerciantes y propietarios de locales. “El objetivo es que el consumidor tenga la información necesaria: nombre del producto, contenido neto, notificación sanitaria, fecha de elaboración y de caducidad”, explicó la funcionaria durante una entrevista en el noticiero matutino de Radio X FM. ETIQUETADO OBLIGATORIO PARA PRODUCTOS FRACCIONADOS La nueva regulación se enfoca en los alimentos procesados que se venden por libras o porciones luego de ser fraccionados en los establecimientos. Entre ellos están arroz, azúcar, avena, fideos, granos secos, frutos secos y otros productos similares que tradicionalmente se comercializan a granel en mercados y bodegas. De acuerdo con Montalvo, cuando estos productos se dividen para la venta, cada unidad debe contar con una etiqueta que incluya información obligatoria para el consumidor. Entre los datos exigidos están: Montalvo explicó que el cambio responde a problemas detectados en el mercado, especialmente en productos como el azúcar, donde no siempre es posible conocer la trazabilidad o procedencia del alimento cuando se vende fraccionado. “No sabemos quién produjo el alimento, dónde se elaboró o hasta cuándo se puede consumir”, señaló. SOCIALIZACIÓN Y CONTROLES DESDE ESTE MES Como parte de la implementación, la ARCSA realizará una jornada de capacitación para comerciantes y dueños de establecimientos. El evento está programado para el viernes 6 de marzo, a las 15:00, en el auditorio de la Prefectura de Imbabura, en Ibarra, y no tendrá costo para los participantes. Durante la capacitación se abordarán temas como condiciones higiénicas para el fraccionamiento de alimentos,requisitos del etiquetado obligatorio,prácticas correctas de manipulación,condiciones del área de envasado y almacenamiento. La funcionaria aclaró que la normativa no prohíbe la venta a granel, pero exige que los alimentos estén protegidos de contaminantes y que el consumidor reciba información clara antes de comprarlos. Julia Angamarca tiene una bodega de abastos cerca al mercado Amazonas de la ciudad de Ibarra. Está preocupada por el anuncio de la implementación de la normativa en la localidad. “Siempre hemos vendido por libras, como la gente está acostumbrada. Los clientes vienen y piden media libra de arroz, un poquito de avena o azúcar, y nosotros les despachamos en el momento. Ahora nos dicen que hay que etiquetar todo y poner fechas, y la verdad eso nos preocupa porque no todos tenemos máquinas para sellar o etiquetar, y eso significa un gasto extra. Ojalá las autoridades también piensen en los pequeños comerciantes como nosotros y nos den tiempo para adaptarnos, porque vivimos del día a día y cualquier cambio fuerte nos afecta”, comentó. Tras la socialización, los controles comenzarán este mismo mes, y dependiendo de las irregularidades detectadas podrían iniciarse procesos sancionatorios. Según la ARCSA, si durante los operativos se detectan riesgos para la salud pública, se podrían aplicar medidas como clausuras temporales o sanciones administrativas, conforme a lo establecido en la Ley Orgánica de Salud.

Imbabura, Política

GERENTE DE MOVIDELNOR ACUSÓ AL RÉGIMEN DE DANIEL NOBOA DE “INVENTAR JUICIOS” EN MEDIO DE PROTESTA EN SU CONTRA

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Lo que inició como una marcha de cientos de transportistas en contra de la gestión de la Empresa Pública de Movilidad del Norte (Movidelnor EP), por falta de controles frente al transporte informal y la demora en trámites administrativos, terminó convertido en una tribuna política. En una reunión improvisada con los transportistas, posterior a la protesta,  el gerente de la entidad encargada de gestionar el tránsito en 15 cantones del norte del país, Santiago Chiriboga,  giró el foco del debate. Antes de centrarse en responder por la falta de controles contra el transporte ilegal, como aseguran los gremios, lanzó graves acusaciones contra el Gobierno de Daniel Noboa. Acusó al régimen de «inventarse tipos penales y juicios», para presionar y perseguir a funcionarios públicos. Lo hizo para explicar el porque Movidelnor EP no puede emitir resoluciones o salvoconductos para destrabar los procesos de matriculación, transferencias de dominio y cambios de socios, procesos que están paralizados por la intervención de la justicia en la Agencia Nacional de Tránsito (ANT), su ente rector. Chiriboga sostuvo que cualquier decisión administrativa podría derivar en responsabilidades penales para los funcionarios. “Después por emitir un salvoconducto o generar una resolución, viene contraloría y nos glosan. Y después, como ahora todo en este gobierno, lastimosamente, va de la mano con tipo penal, intervienen, meten preso, le inventan un juicio. Eso queremos evitar”, declaró Chiriboga ante los transportistas. El actual titular de Movidelnor EP, fue designado gerente encargado hace nueve meses. Esta institución es el brazo operativo de la Mancomunidad de Tránsito de la Región Norte, presidida por Gustavo Samaniego, alcalde del cantón San Lorenzo de la provincia de Esmeraldas y reconocida figura de la Revolución Ciudadana. ACUSACIONES SIN RESPALDO DOCUMENTAL Chiriboga sostuvo que la problemática actual es “heredada” de administraciones anteriores y reveló que existen irregularidades en los cantones de Bolívar, Mira, Espejo, Montúfar y Huaca de la provincia de Carchi, dónde hay casos de agentes que cobrarían dinero para evitar sanciones por conducir en estado etílico. Sin embargo, no detalló expedientes ni denuncias formales en curso. En otro momento de su intervención, el gerente aseguró que emisarios de la Agencia Nacional de Tránsito (ANT) habrían acudido a su despacho para solicitar dinero a cambio de emitir la autorización de operación del centro de revisión de Montúfar, trámite que -según dijo-, lleva tres años pendiente. “Nos mandaron interlocutores pidiéndonos dinero a cambio de que nos autoricen. Y eso denunciamos, y eso fue motivo de que cierre también la Agencia Nacional de Tránsito”, aseguró. LA MARCHA QUE CAMBIÓ DE EJE Mientras los transportistas reclamaban mayor operatividad contra la informalidad y más eficiencia en los procesos administrativos, Chiriboga insistió en que las demoras no son exclusivas de su administración y señaló está vez a los propios transportistas. “Sí hay demora, pero también tenemos la data (…) no solo es la demora de nosotros, también es la demora de parte de los transportistas en entregar toda la información conforme está establecido en la ley”, manifestó. El tono político de su discurso contrastó con la naturaleza técnica del reclamo ciudadano. En lugar de centrarse en resultados de su gestión, el funcionario apuntó contra el Gobierno Nacional, contra la ANT y contra los propios manifestantes. SIN RESPUESTA DE LA GOBERNACIÓN CRÓNICAS DEL NORTE solicitó un pronunciamiento del gobernador de Imbabura, Jorge Ortiz, sobre las declaraciones de Chiriboga respecto a que el Gobierno estaría promoviendo procesos penales e inventando juicios. Hasta el cierre de esta edición, no hubo respuesta oficial.

Imbabura, Otavalo

ADOQUINADO DE VÍA OTAVALO – QUICHINCHE DE 2,3 KILÓMETROS FUE INAUGURADA

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Publicidad Cerca de un millón de dólares destinó la Prefectura de Imbabura para la construcción del adoquinado de la vía Otavalo – Quichinche. El proyecto impacta de manera directa e indirecta a más de diez mil habitantes, al conectar comunidades estratégicas como San Juan Alto, La Banda, Quichinche Panecillo, Yambiro, Larkakunga, Agualongo, Perugachi, Gualsaquí, Río Blanco, Moraspungo, Achupallas, Urcusiqui y Tangalí. La intervención consolida un corredor de 2,3 kilómetros que articula zonas productivas, agrícolas y turísticas del cantón Otavalo, facilitando la movilidad y reduciendo tiempos de traslado en un eje históricamente demandado por los habitantes del sector. Según la prefectura, la obra no solo mejora la circulación vehicular, también dinamiza el comercio local y fortalece la actividad agrícola, principal fuente de ingresos en estas comunidades rurales. La infraestructura vial es considerada estratégica dentro del esquema de integración territorial de la provincia. El adoquinado permite un acceso más seguro y estable durante todo el año, especialmente en temporadas de lluvia, cuando el tránsito se veía afectado por el deterioro del camino. Richard Calderón señaló durante la inauguracion que esta obra forma parte de una política pública orientada a cerrar brechas de conectividad entre el área urbana y las parroquias rurales, proyectando a la provincia hacia mayores niveles de competitividad. Con la entrega de esta vía, luego de ocho meses de trabajos, la administración provincial apunta a consolidar un eje que fortalezca el transporte de productos agrícolas hacia los mercados locales y provinciales, al tiempo que potencia el turismo comunitario en la zona de Quichinche, reconocida por su riqueza cultural y paisajística. “Nosotros veíamos que la obra avanzaba, pero sí sentimos que se tardaron un poco más de lo que esperábamos. Hubo días en que el polvo y los desvíos complicaban salir con la producción o llevar a los chicos a clases. Sin embargo, ahora que ya está terminada, el panorama cambia totalmente», mencionó Pablo Chimba, habitante del sector.

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