Imbabura

instante, Urcuquí

TRAS 15 DÍAS DE BÚSQUEDA HALLAN SIN VIDA A ADULTA MAYOR REPORTADA COMO DESAPARECIDA EN URCUQUÍ

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La búsqueda de Rosa María Quiranza Coquis, adulta mayor reportada como desaparecida por sus familiares, concluyó en el sector San Juan Alto, en Urcuquí, este domingo 12 de abril de 2026, con la localización de su cadaver. El caso se originó tras su desaparición el pasado 26 de marzo, cuando fue vista por última vez en esa zona rural cercana a estanques, lo que activó un amplio operativo de rastreo. Durante los primeros días, equipos del Cuerpo de Bomberos de Urcuquí, junto a comuneros, recorrieron los puntos señalados por familiares sin obtener resultados. Con el paso de las jornadas, la búsqueda se intensificó con el uso de drones para rastreo aéreo y equipos de buceo en cuerpos de agua. Finalmente, el hallazgo se produjo tras una alerta emitida por el sistema ECU-911 tras una llamada de un habitante de la zona que reportó malos olores en la misma zona donde se habían hecho las tareas de búsqueda iniciales. Hasta el sitio llegaron agentes de la Policía Nacional y los socorristas locales, y  tras un nuevo rastreo encontraron el cuerpo de la mujer en un canal de agua en estado de descomposición. Tras la extracción, el cuerpo fue entregado al personal de la Dirección Nacional de Delitos contra la Vida, Muertes Violentas, Desapariciones, Extorsión y Secuestros (Dinased), que asumió el procedimiento legal correspondiente, mientras se inician las diligencias para esclarecer las circunstancias de la muerte.

Imbabura, Investigación

DESPIDOS MASIVOS EN LA DIRECCIÓN DE SALUD DE IMBABURA: 37 FUNCIONARIOS NOTIFICADOS EN MENOS DE DOS HORAS

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A las 16:44 del viernes 10 de abril de 2026 se envió el primer memorando. A las 17:54, el último. En ese intervalo de 70 minutos, la Dirección Provincial de Salud de Imbabura emitió una cadena continua de documentos que terminó con la salida de 37 trabajadores del sistema público de salud de la provincia. La evidencia documental a la que tuvo acceso CRÓNICAS DEL NORTE muestra un patrón. Memorandos consecutivos, mismo formato y emisor, mismo asunto genérico que decía “En el texto”. Todos firmados por la directora provincial encargada, Gloria Elizabeth Erazo Pozo. Su designación temporal no ha sido bien vista por los funcionarios de esa institución debido a su pasado político vinculado a las bases del correísmo, comentó un médico quien pidió la reserva. No hubo avisos previos. Una trabajadora a quien llamaremos Mónica, para proteger su identidad recuerda la hora exacta en la que recibió la notificación: 17:15. Una llamada de una de sus compañeras la alertó. Revisó el sistema institucional de inmediato. Ahí estaba el memorando. Su relación laboral con el Ministerio de Salud había terminado ese día. “Es un atasco emocional y económico. Afecta directamente a mi hija”, relató. Dijo que, durante su trabajo, no solo entregó tiempo, sino incluso recursos propios para cumplir funciones. Y cuestionó directamente a la autoridad provincial: “No pudo defender ni movió un dedo por evitar estas desvinculaciones”, comentó la mujer sumida ahora en el desempleo. Los 37 desvinculados no pertenecen a un solo servicio. La lista revela una afectación directa a la operación sanitaria: Los memorandos fueron dirigidos a personal de centros de salud como Caranqui, Atuntaqui, La Esperanza, Pugacho, Quiroga, San Pablo, además de unidades administrativas. La distribución confirma que la medida impactó de forma simultánea a varias dependencias del sistema de salud en Imbabura. En uno de los memorandos de desvinculación remitidos a la redacción de este medio de comunicación, correspondiente a una enfermera, se establece que la acción se ejecuta bajo la figura de terminación unilateral de contrato de servicios ocasionales, con efecto inmediato al 10 de abril de 2026. El texto añade que la decisión no vulnera derechos, al no encontrarse la funcionaria en grupos de protección. No hay referencias a evaluaciones, indicadores de desempeño o reestructuración técnica del servicio. ANTES DE LOS MEMORANDOS, EL CAMBIO DE PODER Diecisiete días antes, el 23 de marzo de 2026, se notificó la remoción de la Coordinadora Zonal 1 de Salud, María Fernanda Terán López. La figura aplicada fue la de libre remoción, sin que se detalle causa técnica o administrativa. El memorando señala que la decisión proviene de la máxima autoridad del Ministerio, en este caso, la Vicepresidenta de la República, María José Pinto, a quien el primer mandatario Daniel Noboa encargó esa cartera de estado. Ese movimiento eliminó el nivel zonal y abrió paso a una reorganización territorial. En ese nuevo esquema, Gloria Erazo, quien era la mano derecha de Terán, asumió la Dirección Provincial de Imbabura, desde donde, semanas después, se ejecutó la desvinculación masiva de trabajadores. PROTESTA SIN VOZ, PERO CON DATOS Hoy, fuera de las oficinas, el reclamo de las personas despedidas se expresa con un lazo negro. No hay comunicados oficiales que expliquen por qué esos 37 perfiles fueron desvinculados. Lo que si hay es temor a represalias legales si se deciden a contar la historia. En el memorando de desvinculación, la autoridad provincial les advierte que «están obligados a mantener reserva de la información y documentos». Este proceso ocurre en un contexto nacional marcado por una crisis sostenida del sistema de salud, que también golpea a Imbabura, donde persisten reportes sobre falta de medicamentos, insumos básicos e incluso oxígeno para pacientes, un escenario en el que la salida de 37 profesionales no solo impacta en lo laboral, sino que se suma a las limitaciones estructurales que enfrenta la atención sanitaria en la provincia.

Imbabura, Otavalo

BORRAN MURAL DE LA RESISTENCIA INDÍGENA EN ILUMÁN Y DESATAN INDIGNACIÓN EN COMUNIDADES

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Publicidad En el intercambiador de la Autovía Ibarra – Otavalo, conocido como Partidero a Cotacachi, la memoria de las protestas indígenas de 2025 fue cubierta con pintura. Lo que hasta hace pocos días era un mural que recordaba la resistencia de los pueblos Kichwas durante 31 días de paralización en Imbabura, fue eliminado. Habitantes del sector señalan directamente a la empresa concesionaria Panavial como responsable de la intervención. La acción, que habría ocurrido en horas de la mañana de este jueves 09 de abril de 2026, seis meses después de haberlo pintado, tomó por sorpresa a comuneros y dirigentes que llegaron al sitio tras recibir alertas. En ese punto de la parroquia de Ilumán del cantón Otavalo, considerado un bastión de las movilizaciones, también se registró la muerte de Efraín Fuérez, uno de los manifestantes que se convirtió en símbolo de la protesta. COMUNIDADES DENUNCIAN INTERVENCIÓN SIN CONSULTA Dirigentes indígenas sostienen que la eliminación del mural se realizó sin ningún tipo de notificación a las organizaciones comunitarias. Fabián Díaz, presidente de la Unión de Comunidades de la localidad, cuestionó el procedimiento y el origen de la decisión. “No sé con qué autoridad han venido a quitar este mural tan reconocido mundialmente”, señaló el dirigente, quien además confirmó que se convocará a un Consejo de Cabildos para definir acciones. Según los testimonios de los comuneros que fueron testigos de este hecho, los trabajadores de la empresa concesionaria de este tramo de la panamericana, habrían indicado que la orden provino de Quito, deslindando responsabilidades directas en el territorio. Esta versión ha generado mayor tensión entre las comunidades, que consideran el hecho como una vulneración a su memoria colectiva. POSIBLES MEDIDAS Para los comuneros, el mural no era únicamente una expresión artística, sino un símbolo de lucha y memoria histórica. En ese mismo punto, donde se levantaron barricadas durante las protestas, falleció Fuérez, lo que otorga al sitio un significado especial. “Este mural para nosotros representa una lucha de resistencia de los indígenas de los pueblos quichuas”, enfatizó Díaz, al advertir que las organizaciones exigirán que se reponga la obra y que la empresa asuma los costos. Las comunidades ya se encuentran en estado de alerta. Mientras tanto, en el lugar aún permanecen fragmentos de otras pinturas que recuerdan el paro de septiembre y octubre de 2025 que tuvo como epicentro a la provincia de Imbabura.

Imbabura, Urcuquí

FUERZAS ARMADAS GOLPEAN DOS VECES EN 48 HORAS A MINERÍA ILEGAL EN BUENOS AIRES

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Publicidad En la zona minera de Buenos Aires, en el cantón Urcuquí, noroccidente de Imbabura, las operaciones militares se intensifican contra estructuras vinculadas a la extracción ilegal de oro. En dos intervenciones ejecutadas por el Ejército Ecuatoriano, se logró desmantelar campamentos clandestinos, incautar maquinaria y afectar directamente las economías ilícitas que operan en este territorio. En el sector de Mina El Olivo, las Fuerzas Armadas intervinieron un campamento donde se identificó una operación activa de procesamiento de material aurífero. Durante el operativo, se decomisó una procesadora tipo “chancha”, 60 sacos de material aurífero, 12 sacos de cianuro, ácido nítrico y combustible, además de infraestructura improvisada como piscinas artesanales y tanques de tratamiento. También se detectó un acople ilegal conectado a la red hidrocarburífera, lo que evidencia la magnitud de las actividades clandestinas y su impacto en recursos estratégicos del Estado. El despliegue militar permitió además la destrucción de componentes para la operación minera ilegal, entre ellos poleas, cables de acero, bandas industriales, mangueras y sistemas eléctricos, lo que limita la capacidad de reactivación inmediata de estas estructuras. En el sitio también se localizaron cambuches utilizados como refugio por los operadores ilegales. AFECTACIÓN ECONÓMICA A GRUPOS ILEGALES ARMADOS En una segunda intervención, ejecutada en el sector de Mina Vieja, los militares desarticularon otro frente de minería ilegal. En este punto se incautaron dos procesadoras, 100 sacos de material aurífero, 12 motores de luz, bombas de agua, roto martillos y cableado eléctrico, además de combustible y herramientas utilizadas para la extracción. Las autoridades estiman que esta operación generó una afectación económica de aproximadamente 21.000 dólares, golpeando directamente a los denominados Grupos Ilegales Armados que operan en la zona. Las Fuerzas Armadas mantienen presencia permanente en este enclave del norte del país, considerado uno de los focos más conflictivos de minería ilegal en Ecuador.

Imbabura

ANT ENTREGA LOTE DE PLACAS Y MOVIDELNOR INICIA DISTRIBUCIÓN EN LA REGIÓN NORTE

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Publicidad Un nuevo proceso de regularización vehicular se activó en el norte del país. Desde esta semana, 3.300 propietarios de motocicletas podrán retirar las placas metálicas de sus vehículos en los centros habilitados por la Empresa Pública de Movilidad del Norte (Movidelnor EP), tras la entrega oficial de un lote por parte de la Agencia Nacional de Tránsito (ANT). La medida apunta a reducir el número de vehículos que aún circulan sin identificación definitiva, una condición que limita el control en la vía pública y expone a los conductores a sanciones. Las placas ya se encuentran disponibles y corresponden a rangos específicos asignados para los cantones de Ibarra y Otavalo. SERIES DEFINIDAS Y COBERTURA POR CANTÓN El proceso se ejecuta con base en series alfanuméricas previamente establecidas. En Ibarra, están habilitadas las placas desde KK000V hasta KK999V, desde KK000U hasta KK999U, desde KK000T hasta KK999T y desde KI000Y hasta KI599Y. Mientras que en Otavalo, el rango corresponde a KI301Y hasta KI599Y. Esta segmentación permite organizar la entrega y evitar congestión en los centros de atención, en un contexto donde la motocicleta se ha consolidado como uno de los medios de transporte más utilizados en la región, tanto para actividades laborales como personales. “La entrega de placas fortalece el control vehicular, la seguridad vial y la identificación adecuada de los automotores en la vía pública. Invitamos a la ciudadanía a acudir de manera oportuna y evitar contratiempos o sanciones”, señaló Santiago Chiriboga, gerente general de Movidelnor EP. Los propietarios deberán acudir directamente a los centros de revisión técnica vehicular. En Ibarra, el servicio se ofrece de lunes a viernes, de 09:00 a 18:00, mientras que en Otavalo el horario es de 07:00 a 18:00. Para retirar la placa, será obligatorio presentar la cédula de ciudadanía y la matrícula original del vehículo. “Estamos cumpliendo con la distribución según la asignación oficial. Es fundamental que los usuarios retiren su placa, ya que constituye un requisito indispensable para la circulación legal de sus motocicletas”, explicó Cristina Pomasqui, gerente de Gestión Vehicular de Movidelnor EP. Recalcó que este trámite no es opcional. Forma parte de las condiciones necesarias para garantizar la circulación conforme a la normativa vigente y asegurar la correcta identificación de los vehículos en caso de controles o incidentes en la vía. Publicidad

Imbabura

750 FAMILIAS DE 4 CANTONES DE IMBABURA RECIBEN CANASTAS DE ALIMENTOS Y CAPACITACIÓN FRENTE A DESNUTRICIÓN INFANTIL

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La entrega de 750 canastas de alimentos nutritivos, valoradas en 80 dólares cada una, forma parte de una intervención social en Imbabura que apunta a fortalecer la seguridad y soberanía alimentaria. La acción es impulsada por Warmi Imbabura, eje social de la Prefectura Ciudadana, y se ejecuta en parroquias rurales de los cantones Otavalo, Ibarra, Cotacachi y Antonio Ante. Las poblaciones beneficiadas son  Ilumán, Miguel Egas, Quichinche, El Jordán, La Esperanza, Angochagua, Quiroga, Imantag, García Moreno y San Roque. La intervención no se limita a la asistencia inmediata, sino que forma parte de una estrategia estructurada que combina acceso a alimentos con procesos de formación y fortalecimiento productivo. Este componente se financia a través de un convenio entre la Fundación de Cooperación para el Desarrollo de España (Codespa) y el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), dentro del proyecto ‘Seguridad Alimentaria Frente a la Pandemia en la Mancomunidad del Norte del Ecuador’, que moviliza una inversión superior a 1,3 millones de dólares, con aportes adicionales de gobiernos locales de Imbabura, Carchi, Sucumbíos y Esmeraldas. Publicidad INTERVENCIÓN INTEGRAL EN TERRITORIO La entrega de alimentos se articula con un proceso previo de capacitación que ha alcanzado a 750 familias, principalmente mujeres y madres cuidadoras, a través de talleres sobre nutrición infantil, higiene de alimentos y autocuidado. Estos espacios formativos se desarrollan en parroquias rurales de Ibarra, Otavalo y Cotacachi, como parte de una estrategia para mejorar prácticas alimentarias en el hogar. El enfoque combina asistencia directa con transferencia de conocimientos, con el objetivo de generar cambios sostenibles en la salud familiar. En este contexto, la implementación de Granjas Orgánicas Climáticamente Inteligentes complementa el proceso, promoviendo la producción local de alimentos nutritivos y el fortalecimiento de la autonomía económica de mujeres cabezas de hogar. “Para quienes somos madres primerizas, estas capacitaciones son muy valiosas porque nos enseñan a cuidar mejor a nuestros hijos. Además, recibir alimentos es un apoyo importante para nuestras familias, sobre todo cuando los recursos son limitados”, dijo Alisa Túquerrez, de la comunidad de Pastaví de Otavalo. DESNUTRICIÓN INFANTIL: CIFRAS QUE MARCAN LA URGENCIA La intervención se desarrolla en un escenario donde la desnutrición crónica infantil mantiene cifras elevadas. Según la Encuesta Nacional sobre Desnutrición Infantil (ENDI), en Ecuador el 19,3 % de niñas y niños menores de dos años presenta esta condición, mientras que en Imbabura el indicador asciende al 22,3 %, evidenciando una mayor incidencia en territorios rurales. Las brechas internas también son significativas. Otavalo registra un 25,47 % de desnutrición crónica infantil y Cotacachi un 21,27 %, datos que reflejan la necesidad de intervenciones focalizadas y sostenidas. A este panorama se suma la denominada triple carga nutricional, que incluye desnutrición, sobrepeso y deficiencia de micronutrientes, vinculada a desigualdades estructurales en el acceso a una alimentación adecuada. “El trabajo de cuidado que sostienen las mujeres es esencial para la vida y el bienestar de las familias. Garantizar una alimentación adecuada, entornos protectores y una vida libre de violencia es clave para que niñas y niños crezcan sanos y con oportunidades”, explicó la viceprefecta de Imbabura, Paolina Vercoutere. En la misma línea, el prefecto Richard Calderón dijo que “las mujeres sostienen el desarrollo de la provincia, desde el trabajo productivo hasta el cuidado de sus hogares. Por eso, fortalecer sus oportunidades y garantizar una buena nutrición para niñas y niños es apostar por un mejor futuro para Imbabura”. La intervención consolida un modelo que combina entrega de alimentos, capacitación y producción sostenible, con ejecución directa en territorio. El objetivo es reducir brechas en el acceso a la alimentación y fortalecer condiciones de bienestar en comunidades rurales, en una provincia donde los indicadores nutricionales continúan siendo un desafío estructural. Publicidad

Imbabura, Otavalo

OTAVALO APRUEBA ORDENANZA CONTRA LA VIOLENCIA DE GÉNERO TRAS PROCESO DE MÁS DE UN AÑO Y MEDIO

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En el cantón Otavalo, el Concejo Municipal aprobó por unanimidad una ordenanza orientada a prevenir y erradicar la violencia contra las mujeres. La normativa fue aprobada tras un trabajo técnico y participativo que involucró a instituciones locales, cooperación internacional y ciudadanía organizada. La construcción de esta política pública se sustentó en la participación de más de 300 mujeres que intervinieron en asambleas urbanas y rurales, cuyos aportes fueron sistematizados y debatidos en instancias municipales. El proceso contó con el respaldo técnico de la Agencia Alemana de Cooperación Internacional (GIZ) y el análisis de la Comisión de Igualdad y Género, lo que permitió fortalecer el contenido normativo desde un enfoque intercultural. El desarrollo de la ordenanza incluyó hitos específicos dentro del cronograma institucional. El 12 de junio de 2024 se realizó una asamblea cantonal con mujeres de distintos territorios, mientras que el 29 de noviembre del mismo año se socializaron los resultados, consolidando una propuesta estructurada con base en experiencias reales de violencia y demandas comunitarias. Publicidad Este instrumento legal se alinea con el marco normativo nacional, incluyendo la Constitución, el Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización (COOTAD) y la Ley Orgánica Integral para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres. Además, establece la obligatoriedad de difusión en castellano y kichwa, con el objetivo de garantizar su alcance en un territorio caracterizado por su diversidad cultural. Según datos del INEC, 6 de cada 10 mujeres en el país han sufrido algún tipo de violencia, una cifra que dimensiona la urgencia de políticas locales con enfoque territorial. En cantones como Otavalo, esta problemática adquiere particularidades asociadas a contextos interculturales, lo que demanda respuestas diferenciadas y sostenibles. IMPLEMENTACIÓN Y PRÓXIMAS ACCIONES La ordenanza contempla la creación de mecanismos operativos para su ejecución. En un plazo de 30 días tras su promulgación, se convocará a la primera reunión de la Mesa Cantonal “Ñukanchik Kawsaymanta”, mientras que en 60 días se iniciará la formulación del Plan Cantonal de Prevención y Erradicación de la Violencia, con participación de actores territoriales. De forma paralela, se prevé la implementación de programas de capacitación institucional en derechos humanos con enfoque de género, así como el desarrollo de productos comunicacionales orientados a la prevención. «Hoy Otavalo da un paso firme hacia la justicia social. Esta ordenanza no nace desde un escritorio, nace desde la voz de nuestras mujeres, desde sus luchas, sus historias y su esperanza», manifestó Anabel Hermosa, alcaldesa de Otavalo. Más de un año y medio de trabajo, 300 mujeres involucradas y una aprobación unánime marcan el punto de partida para su implementación.

Antonio Ante, Imbabura

FERIA DEL CUY DE CHALTURA SE EXPANDE A DOS DÍAS Y APUNTA A SUPERAR LOS 10 MIL VISITANTES

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Publicidad Desde este sábado 04 de abril de 2026, la parroquia de Chaltura, en el cantón Antonio Ante, activa una de sus vitrinas gastronómicas más representativas. La Feria del Cuy, que nació en 2025 como una iniciativa comunitaria, y busca consolidarse este año con una programación ampliada a dos días -4 y 5 de abril-, con un despliegue logístico mayor y una oferta que combina gastronomía, cultura y entretenimiento. El evento se desarrollará en el parque de la familia y se extenderá hacia las calles aledañas, que serán peatonalizadas para recibir a miles de visitantes. La edición anterior registró una afluencia estimada entre 7.000 y 10.000 personas, lo que generó presión sobre servicios y espacios, situación que motivó ajustes en la planificación de esta edición. OFERTA GASTRONÓMICA SE DIVERSIFICA CON 12 CARPAS EXCLUSIVAS Y NUEVOS PLATOS La feria incorpora un patio de comidas con 12 carpas dedicadas exclusivamente al cuy, con preparaciones tradicionales y propuestas innovadoras que amplían la experiencia culinaria. Entre las opciones se incluyen cuy frito, al carbón, pinchos, locro, además de versiones reinterpretadas como ceviche, cevichocho y derivados procesados. A la par, se impulsa una estrategia para extender el impacto económico más allá de la feria mediante incentivos al consumo en restaurantes locales durante todo el año. “A toda la gente que nos acompaña en la Feria del Cuy y se sirva su Cuy en la Feria, el Centro Intercultural Chaltura y el municipio de Antonio Ante les va a obsequiar el pasaporte del Cuy que va a servir para que todo el año la gente vaya a Chaltura y selle su pasaporte con magníficas promociones que van a dar los restaurantes asociados”, detalló Juan Carlos Mafla, organizador de la feria. FERIA INCORPORA COMPONENTE INTERNACIONAL, ARTÍSTICO Y COMUNITARIO El evento no se limita a la gastronomía. La agenda incluye concursos tradicionales como carreras de cuyes, Cuy Fashion, Guagua Cuy y elección del Rey Cuy, además de dinámicas participativas y actividades familiares. En paralelo, se desarrollará un simposio de escultura con artistas locales y extranjeros que producirán piezas temáticas para el espacio público. “El Municipio de Antonio Ante liderado por César Escobar, también hace un gran aporte, ellos nos han ayudado con el tema artístico, todo el cartel artístico está pagado por el municipio de Antonio Ante, quienes donaron cinco mil dólares para este evento”, indicó el Mafla. En esta edición, la feria suma delegaciones de otras localidades, incluyendo participación internacional, lo que introduce intercambios culinarios y culturales. La organización también articula la presencia de artesanos textiles y productores locales, reforzando el componente económico. La entrada al evento es gratuita, con una colaboración voluntaria simbólica destinada a la unidad educativa local, origen de la iniciativa. Con estos elementos, la Feria del Cuy proyecta consolidarse como un evento de escala regional que articula turismo, identidad gastronómica y dinamización económica en el norte del país.

Ibarra, Imbabura

EMELNORTE ELIMINA HASTA EL 45% DE CABLEADO EN DESUSO EN EL SUR DE IBARRA

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Publicidad Una intervención técnica de la Empresa Eléctrica Regional del Norte, (Emelnorte) concentrada en la calle Hernán González de Saa, entre las avenidas Atahualpa y Princesa Pacha, permitió el retiro del 45% del cableado en desuso en aproximadamente un kilómetro de extensión, tras cinco días consecutivos de trabajo. La acción se enfocó en reorganizar la infraestructura compartida entre redes eléctricas y de telecomunicaciones, en un punto donde la acumulación de cables había alcanzado niveles críticos. El operativo implicó la intervención directa de cerca de 75 postes, estructuras que soportaban múltiples capas de cableado instalado en distintos momentos y sin retiro de líneas inactivas. Para ejecutar el ordenamiento fue necesaria la coordinación simultánea de entre 15 y 17 operadoras de telecomunicaciones, cada una responsable de identificar, desmontar o reubicar sus redes en campo. El volumen retirado -entre 8 y 10 metros cúbicos de cableado en desuso- equivale, en términos operativos, a una carga estimada de entre 16 y 20 toneladas, considerando la composición mixta de estos materiales, que combinan cobre, aluminio y recubrimientos plásticos. Esta magnitud no solo dimensiona la acumulación histórica en la infraestructura urbana, también evidencia el impacto técnico de la intervención al liberar peso estructural en los postes. La intervención permitió además optimizar el uso del espacio en los postes, al reorganizar los tendidos activos y eliminar interferencias físicas entre cables de distintas operadoras, lo que incide directamente en la estabilidad del servicio y en la reducción de interrupciones asociadas a redes saturadas. La eliminación de cableado innecesario reduce la contaminación visual en el entorno y mejora las condiciones de seguridad en la vía pública, especialmente en sectores donde el crecimiento de servicios de telecomunicaciones no ha estado acompañado de procesos sistemáticos de retiro de infraestructura obsoleta. Como parte de su planificación operativa, Emelnorte confirmó que durante abril se ejecutarán trabajos similares en otros sectores de Ibarra, Atuntaqui, Cotacachi y Cayambe, con el objetivo de intervenir otros tramos urbanos que presentan niveles elevados de saturación de redes y replicar el esquema de coordinación técnica aplicado en este operativo.

Cotacachi, Imbabura

MODELO AGRÍCOLA DE IMBABURA CAPTA INTERÉS INTERNACIONAL POR REDUCCIÓN DE AGROQUÍMICOS

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Publicidad Una misión técnica del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) llegó hasta la comunidad El Rosal, ubicada en la zona de Intag del cantón Cotacachi, en Imbabura, para verificar en territorio las condiciones productivas de agricultores vinculados a la cadena de valor de Productos Olé. La visita forma parte del Proyecto FARM, una iniciativa global que busca reducir el uso de plaguicidas altamente peligrosos y promover prácticas agrícolas sostenibles mediante la integración de pequeños productores a modelos responsables. Durante el recorrido, los evaluadores analizaron la operatividad del sistema “Del Campo al Campo”, un esquema productivo que articula asistencia técnica, planificación agrícola y relaciones comerciales estables. Este modelo, que lleva cinco años en funcionamiento, permite asegurar trazabilidad en la producción y acceso a insumos orgánicos, elementos considerados determinantes para su posible incorporación al programa internacional, explicó Pedro Vega, CEO de Productos Olé. DATOS EVIDENCIAN IMPACTO AMBIENTAL Y PRODUCTIVO DEL MODELO Los resultados presentados durante la evaluación muestran avances concretos en sostenibilidad. Se han entregado alrededor de 400 toneladas métricas de abono orgánico, lo que ha contribuido a mejorar la calidad del suelo y disminuir la dependencia de agroquímicos. A esto se suma la reducción de emisiones, con 18 toneladas de metano evitadas, equivalentes a 525 toneladas de CO2. El impacto también se refleja en el ámbito productivo y social. Más de 200 familias agricultoras forman parte de este modelo, que ha permitido evitar el uso de 25 toneladas métricas de fertilizantes químicos y ha incorporado 37 toneladas de carbono al suelo, fortaleciendo procesos de regeneración agrícola. Desde el Proyecto FARM se destacó el rol del sector privado en estos procesos. “Los modelos como ‘Del Campo al Campo’ evidencian cómo el sector privado puede generar impacto sostenible real cuando integra a pequeños productores en su estrategia de negocio”, señaló su representante. En el territorio, los agricultores identifican cambios estructurales en su dinámica de trabajo. Luis Suárez, representante de la comunidad, explicó: “hoy somos aliados estratégicos dentro de una cadena de valor que nos garantiza comercio justo, capacitación y acceso a insumos orgánicos. Esto ha fortalecido nuestras familias, nuestra productividad y nuestra visión de futuro”. La evaluación en Imbabura se da en un contexto global donde el 78% de consumidores prioriza productos elaborados bajo prácticas responsables, lo que posiciona a este tipo de iniciativas como una alternativa viable para el desarrollo rural sostenible y la competitividad del sector alimentario.

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