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SIGSIPAMBA SOBREVIVE CON AGUA CRUDA Y AYUDA HUMANITARIA MIENTRAS LA EMERGENCIA PERSISTE

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tres SEMANAS SIN AGUA POTABLE, 500 HECTÁREAS EN RIESGO Y DOS COMUNIDADES continúan INCOMUNICADAS La vida de más de 400 familias de la parroquia rural San Francisco de Sigsipamba, en el cantón Pimampiro, cambió drásticamente desde que los derrumbes del pasado 7 de julio destruyeron por completo el sistema de captación de agua potable. Sin este servicio básico, los habitantes han tenido que adaptarse a condiciones extremas de subsistencia. Doña Bertha Romo, de 72 años y residente de la comunidad San Miguel, dijo que tiene que recolectar agua de lluvia para poder subsistir. “Cogemos el agua de la gotera para lavar platos, hervir y tomar, no hay más”, contó con resignación. El aumento del caudal de los ríos que nacen en la cordillera oriental sepultó tuberías y arrasó caminos. Ante la imposibilidad de reconstruir de inmediato la infraestructura, la Junta de Agua Potable conectó de forma provisional una vertiente natural a la red, lo que ha permitido suministrar agua cruda 4 horas al día. Pero la escasez de agua no fue la única pérdida para Bertha. Un deslizamiento también arrasó con su criadero de truchas, donde tenía más de 100 mil ejemplares. “Debo plata al Banco de Fomento. Tengo que pagar ya en noviembre la letra y ahora no sé de dónde voy a sacar. Se fue más de unos 60 mil dólares en el lodo”, lamentó. En la parroquia, al menos 300 agricultores han visto afectada su producción debido a la destrucción de los sistemas de riego y el colapso de la vía principal que conecta Sigsipamba con el centro de Pimampiro. Según Maryuri Guerrero, vocal de la Junta Parroquial, hay al menos 15 derrumbes que han bloqueado la carretera. «La situación es bastante desesperante. A pesar de los esfuerzos por habilitar las vías por parte de la Prefectura de Imbabura, que tiene 12 máquinas trabajando en la zona, las comunidades de El Carmelo y La Floresta siguen incomunicadas y sin provisiones», manifestó Guerrero. Además, se estima que unas 500 hectáreas de cultivos están en riesgo, y aunque algunos campesinos logran cosechar, no tienen cómo transportar sus productos. “Las frutas se quedan en los árboles o al pie de la carretera, esperando que alguien las lleve”, dijo Jorge Campués, agricultor de la comunidad de San Miguel. La única noticia alentadora llegó este el pasado jueves de julio, cuando maquinaria de la Prefectura de Imbabura logró reabrir la variante Pimampiro–San Miguel–Sigsipamba, lo que permitió restablecer parcialmente el acceso para unas 1500 personas. SE ACTIVA EL COE CANTONAL Y SE ENTREGAN LOS PRIMEROS KITS Frente a la gravedad del desastre, el Comité de Operaciones de Emergencia Cantonal, liderado por el alcalde Oscar Narváez, puso en marcha acciones urgentes. Este viernes 25 de julio, en una acción coordinada entre el Municipio de Pimampiro, las Juntas Parroquiales, la Secretaría de Gestión de Riesgos y la Gobernación de Imbabura, se entregaron 73 kits alimenticios y 21 kits de descanso a las familias más golpeadas de la parroquia. La ayuda se basó en un levantamiento técnico y social de las zonas afectadas, donde se identificó a los hogares en condiciones más vulnerables. La dotación de kits continuará durante los próximos días, según informó el Municipio de Pimampiro a través de un boletín de prensa, en especial a las comunidades que aún no han sido alcanzadas por la asistencia humanitaria.

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ASEDIO MILITAR CONTRA LA MINERÍA ILEGAL EN BUENOS AIRES DE URCUQUÍ

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Una nueva operación militar se ejecutó en la parroquia La Merced de Buenos Aires, cantón Urcuquí, al norte de Imbabura, para combatir la minería ilegal y reforzar la seguridad en la zona. La intervención, que contó con la colaboración de otras instituciones estatales, permitió incautaciones clave y la verificación de delitos conexos que operan en la zona. Durante el despliegue, las unidades militares realizaron patrullajes tácticos, controles sorpresivos y acciones coordinadas de inspección. Como resultado, una persona fue detenida y se constató que se encuentra en proceso de deportación. Además, se incautaron tres motocicletas que serán sometidas a investigaciones, mientras que otras dos fueron recuperadas tras confirmarse que tenían reporte de robo. SUSTANCIAS, COMBUSTIBLE Y COMUNICACIÓN CLANDESTINA ENTRE LOS HALLAZGOS En el área intervenida, los uniformados también hallaron 8 gramos de marihuana, sustancia sujeta a fiscalización, lo que hace presumir el vínculo entre estas redes ilegales y el microtráfico. A esto se suman 20 galones de gasolina y derivados de combustible, presumiblemente utilizados para abastecer maquinaria artesanal que opera en zonas mineras clandestinas. La operación permitió además decomisar 6 radios Motorola, 3 cargadores, una balanza digital, 5 teléfonos móviles, 3 linternas y un elemento clave: 45 kilogramos de material mineralizado, cuyo origen y destino será determinado por los entes de justicia y minería. UNA ZONA EN VIGILANCIA PERMANENTE Buenos Aires ha sido históricamente una de las zonas más conflictivas de Imbabura por la minería ilegal. Aunque en 2019 se realizaron desalojos masivos, los operativos recientes demuestran que la actividad extractiva clandestina intenta reactivarse mediante nuevas redes y formas de operación. El Ejército anunció que mantendrá su presencia en el lugar y continuará con operaciones preventivas y de control, enfocadas en el decomiso de armas, explosivos, maquinaria no autorizada y recursos obtenidos ilegalmente. La meta, según informaron, es proteger el entorno natural, evitar el financiamiento de grupos delictivos y devolver la seguridad a las comunidades afectadas.

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parroquia san francisco de SIGSIPAMBA DE PIMAMPIRO COMPLETA DOS SEMANAS SIN AGUA POTABLE

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Desde hace dos semanas, los pobladores de la parroquia rural San Francisco de Sigsipamba del cantón Pimampiro, sobreviven sin una gota de agua potable. El caudal del río Blanco, que creció por las fuertes precipitaciones en la región amazónica de Ecuador, arrasó con los sistemas de captación y destruyó buena parte de la tubería de conducción, dejando a esta comunidad de aproximadamente 2.000 habitantes sin acceso al líquido vital. En medio de la emergencia, las familias deben abastecerse de vertientes naturales, muchas veces alejadas de sus viviendas y sin garantía de salubridad. Este nuevo episodio se suma a la cadena de afectaciones provocadas por las lluvias intensas que, desde finales de junio, han golpeado con fuerza al nororiente de Imbabura. Como informó en notas anteriores de Crónicas del Norte, los deslaves provocados por las precipitaciones también destruyeron vías y los sistemas de riego agrícola en Sigsipamba, agravando la situación productiva de una zona eminentemente campesina. EN LA PARROQUIA CHUGÁ, TAMPOCO HAY AGUA DE RIEGO Mientras tanto, en la parroquia Chugá, también en el cantón Pimampiro, las labores de emergencia dieron resultado: el Municipio habilitó dos nuevas fuentes de captación que permitieron restablecer al 100% el servicio de agua potable. Sin embargo en esa localidad, los agricultores claman acciones urgentes a las autoridades, para que se rehabilite el sistema de agua de riego, afectado tambien por al menos 7 deslaves. En la parte baja del cantón, en el límite entre Pimampiro e Ibarra, la situación tampoco ha sido resuelta del todo. Varias comunidades del Valle del Cexperimentan interrupciones constantes en el servicio, debido a que el río Chota dañó las estructuras de captación del sector Bocatoma, según Richard Congo, presidente de la comuna Juncal-Chalguayacu.. Aunque el suministro no ha cesado por completo, los habitantes reportan bajas presiones, cortes prolongados y dificultades para abastecerse con regularidad. La emergencia hídrica en estas zonas rurales ha puesto en evidencia la fragilidad de la infraestructura comunitaria y la urgencia de implementar planes integrales de prevención y reparación.

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COTACACHI CELEBRA LA DISTINCIÓN DE SU MERCADO COMO REFERENTE GASTRONÓMICO DEL ECUADOR

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UN RECONOCIMIENTO QUE DESTACA EL SABOR, LA IDENTIDAD Y LA TRADICIÓN En medio del sonido de flautas, churos y el zapateo propio del Hatun Puncha, Cotacachi vivió una jornada histórica: el Mercado Jatuk Cem fue oficialmente declarado como Mercado Gastronómico del Ecuador, sumándose a un selecto grupo de cuatro centros de abasto que reflejan la riqueza culinaria del país. El reconocimiento fue entregado por el Ministerio de Turismo como parte del programa nacional que busca visibilizar la gastronomía local como motor de desarrollo y atracción turística. Durante el acto, la viceministra de Turismo, Mónica Riquetti, elogió la diversidad natural y cultural del cantón, subrayando que Cotacachi es un destino inigualable por su gente, su historia y sus sabores. “Este noble territorio merece tiempo y respeto para ser contado. Aquí todo tiene identidad”, expresó en su intervención. UN LOGRO CONSTRUIDO DESDE LA BASE COMUNITARIA El alcalde Jomar Cevallos destacó que esta designación no es casual, sino el resultado de un trabajo sistemático liderado por la Empresa de Economía Mixta Jatuk Cem y su gerente Jairo Muñoz, quien logró consolidar los procesos que llevaron al mercado a cumplir con los estándares exigidos. Recordó también que esta distinción se suma a la certificación como Mercado Responsable con la Salud, otorgada previamente por el Ministerio de Salud Pública, lo que consolida a Jatuk Cem como un referente en el país. En este emblemático espacio de comercio confluyen saberes ancestrales, productos frescos del campo y una diversidad de sabores que narran la identidad cotacacheña. Para garantizar la calidad, los expendedores han recibido formación en temas clave como atención al cliente, buenas prácticas de manipulación de alimentos y hospitalidad turística, fortaleciendo aún más su propuesta. En Ecuador, el programa “Mercados Gastronómicos del Ecuador” del Ministerio de Turismo ha reconocido formalmente cuatro mercados:

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COTACACHI SE PREPARA PARA SER REFERENTE GASTRONÓMICO DEL NORTE

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MERCADO JATUK CEM APUNTA A LA CERTIFICACIÓN GASTRONÓMICA El bullicioso patio de comidas del Mercado Jatuk Cem, en el centro de Cotacachi, vive días diferentes. Los aromas tradicionales que flotan en el aire se mezclan ahora con el murmullo de capacitaciones y prácticas que buscan algo más que alimentar: aspiran a conquistar la certificación como Mercado Gastronómico del Ecuador. Son 40 trabajadoras y trabajadores de los puestos de alimentos y bebidas quienes asisten a las jornadas de formación impulsadas por el Ministerio de Turismo, a través de su Dirección Zonal 1. El proceso es coordinado junto con el Municipio de Cotacachi y ejecutado por el Instituto de Formación Capacitarte Ecuador. También te puede interesar: COTACACHI APUESTA POR EL TURISMO GASTRONÓMICO: FIRMAN ALIANZA PARA FORTALECER EL MERCADO JATUK CEM LOS SABORES SE PROFESIONALIZAN Durante dos días intensivos de instrucción, los participantes abordan contenidos clave como atención al cliente, buenas prácticas de manipulación de alimentos y hospitalidad turística. La meta es clara: ofrecer a locales y turistas una experiencia que no solo sea deliciosa, sino también segura, profesional y auténtica. Esta iniciativa no solo mejora el servicio en el mercado, también se alinea con un propósito mayor: fortalecer la identidad cultural y dinamizar el turismo local. Con una oferta culinaria cada vez más sólida, Cotacachi apuesta por posicionarse como un destino que combina sabores ancestrales con estándares de calidad internacional. El Ministerio de Turismo ejecuta estas acciones que promueven la calidad en los servicios turísticos del país. Con programas como este, se busca que los mercados populares se conviertan en espacios emblemáticos de la gastronomía ecuatoriana, donde la tradición y el buen servicio vayan de la mano.

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AISLADOS POR DESLAVES: SIGSIPAMBA Y CHUGA, DOS PARROQUIAS EN EMERGENCIA

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En lo alto de Pimampiro, donde el frío cala los huesos, la tierra se quebró. En la parroquia rural San Francisco de Sigsipamba, un gigantesco derrumbe arrasó con al menos 10 metros de la vía principal. Los caminos alternos también están bloqueados por deslaves. Los deslizamientos, producto de las intensas lluvias caídas en las últimas 72 horas, aislaron por completo a cerca de 2.000 personas que habitan en esa localidad y que hoy viven atrapadas entre montañas inestables y el temor de que la tierra siga cediendo. El enorme socavón no solo cortó un camino, también impide la llegada regular de víveres. Lo que antes era un trayecto de minutos, ahora se convierte en una travesía de riesgo y fe: cruzar a pie por encima del lodo y las piedras, bordeando el vacío, mientras por la montaña sigue drenando agua. CHUGA, ENTRE LODO Y SOLEDAD En condiciones igual de precarias, tres comunidades de la parroquia de Chuga, también quedaron incomunicadas, informó Danilo Benavides, presidente de Junta Parroquial. Las lluvias provocaron múltiples derrumbes en la zona, bloqueando los caminos y dejando a 400 familias sin posibilidad de salir. Las más afectadas son madres con niños pequeños, adultos mayores y campesinos que han visto sus cultivos empaparse sin remedio. Ambas parroquias, con un total de 4.000 habitantes, han declarado la emergencia. En medio de la desesperación, las autoridades de estas comunidades claman por ayuda, mientras el COE cantonal se activó para realizar una evaluación técnica de los daños y coordinar una respuesta inmediata. SIN AGUA Y SIN SALIDA A la tragedia del aislamiento se suma otra crisis: la falta de agua potable. El incremento del caudal de los ríos Mataquí, Pisque, Blanco Verde y Chota, afectó las captaciones que abastecen a estas comunidades. El 80% de la población de Sigsipamba y Chuga no tiene acceso al servicio básico 22 horas al día. «Solo en las mañanas nos dan agua de 7 a 9», informó Benavides. EN EL CHOTA, EL RÍO SE LLEVÓ LA MAQUINARIA En la parte baja del cantón, la comunidad de Chalguayacu, en el Valle del Chota, también enfrenta estragos por las lluvias. La captación de agua local en el sector conocido como Bocatoma, que dota del servicio a Juncal, Carpuela y Chota en Ibarra, Imbabura y a otras tres comunidades de Carchi, está inhabilitado. En esta zona más de 4 mil personas están afectadas, según Richard Congo, presidente de la comuna Juncal-Chalguayacu. Durante las labores de limpieza, una máquina quedó atrapada en medio del río, rodeada por la corriente, sin poder ser retirada hasta que bajen las aguas.

Imbabura, Seguridad

OPERATIVO MILITAR DESARTICULA ESTRUCTURAS DE MINERÍA ILEGAL EN BUENOS AIRES

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Más de 1.500 efectivos de las Fuerzas Armadas se internaron en las zonas montañosas de la parroquia La Merced de Buenos Aires, del cantón Urcuquí, en la provincia de Imbabura, para ejecutar una operación de gran escala contra la minería ilegal. La intervención, calificada como una de las más complejas y contundentes en Imbabura, incluyó vehículos blindados, helicópteros artillados, aviones de combate y tropas de élite entrenadas para actuar en terreno hostil. El objetivo era claro: retomar el control estatal en una parroquia que, desde 2017, ha sido golpeada por redes criminales dedicadas a la explotación de oro sin permisos, protegidas por grupos armados organizados. La zona, que alguna vez vivió de la agricultura, se ha transformado en un enclave minero donde la violencia, el tráfico de armas, los delitos ambientales y la informalidad económica conviven sin freno. DESCUBREN MEGA INFRAESTRUCTURA MINERA CLANDESTINA Los uniformados tomaron el control de sectores críticos como Mina Nueva, donde localizaron una planta de procesamiento aurífero de gran escala. En el lugar había tres trituradoras industriales, quince piscinas de sedimentación, una compleja red de poleas, generadores eléctricos, cocinas, bodegas, y más de 1.500 sacos de material aurífero listos para ser procesados. «En la parte alta de mina vieja encontramos un campamento con capacidad para 600 mineros y una red de poleas con dirección al sector de Río Verde», manifestó Jorge Luis Tello, comandante del Batallón de Infantería 31 Andes. EL RIESGO DE UNA ZONA MINADA Las Fuerzas Armadas advirtieron que la operación se ejecutó en condiciones de alto riesgo, por la posible presencia de artefactos explosivos improvisados, como los que hace pocos días provocaron la muerte del soldado Erick Alexander Tituaña. Su fallecimiento evidenció el nivel de preparación y violencia con el que operan las estructuras ilegales que han convertido a esta zona de Buenos Aires en un territorio fuera del control estatal. UNA INTERVENCIÓN QUE NO BASTA A pesar del impacto del operativo, los antecedentes no son alentadores. En ocasiones anteriores, tras el retiro de las tropas, los grupos ilegales han regresado a reconstruir sus instalaciones y reanudar la explotación. Por eso, Marco Trujillo Bedón experto en minería y seguridad insiste en que la presencia militar debe ir acompañada de un despliegue institucional sostenido, que incluya a la justicia, al ministerio del Ambiente, Salud, Educación y Desarrollo Social. BUENOS AIRES SIGUE SIENDO UNA HERIDA ABIERTA Según estimaciones recientes del Bloque de Seguridad, al menos dos mil personas integran una población flotante que entra y sale del lugar en busca de oro. Mientras no exista un plan de intervención integral, advierte Trujillo Bedón, la minería ilegal seguirá reapareciendo, dejando a Buenos Aires atrapada entre la ilegalidad y el abandono.

Imbabura, Seguridad

JUSTICIA EN ESTADO CRÍTICO: IMBABURA SE ARTICULA PARA AGILIZAR PROCESOS PENALES

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COORDINACIÓN INTERINSTITUCIONAL BUSCA ponerle FRENO A LA IMPUNIDAD En medio de un escenario nacional donde el sistema judicial ecuatoriano se encuentra al borde de la declaratoria de emergencia, en Imbabura se han encendido las alarmas y también las acciones. Representantes de todas las entidades del sistema de justicia participaron en la reciente Mesa Provincial de Justicia, convocada por el Consejo de la Judicatura, con el objetivo de acelerar y mejorar los procedimientos penales en la provincia. La reunión, que congregó a autoridades de la Corte Provincial de Justicia, Fiscalía, Defensoría Pública, Policía Nacional, Fuerzas Armadas y el SNAI, entre otros organismos, derivó en una hoja de ruta conjunta para enfrentar el complejo panorama judicial. “La coordinación entre instituciones permite ofrecer una justicia más técnica y ágil, lo que permitirá evitar la impunidad”, sostuvo Hugo Imbaquingo, director provincial del Consejo de la Judicatura. Uno de los compromisos inmediatos es la capacitación conjunta en temas clave como redacción de partes informativos y procedimientos penales, documentos que son base para el inicio de cualquier investigación judicial. También se acordó la unificación de criterios entre entidades, con énfasis en que las sanciones deben estar alineadas a la gravedad de cada delito y ceñirse estrictamente a la normativa vigente. INSEGURIDAD BAJO LA LUPA: LOS DELITOS MÁS FRECUENTES EN LA PROVINCIA La violencia, el narcotráfico y los delitos sexuales siguen marcando el ritmo de la justicia local. Entre enero y junio de 2025, el Consejo de la Judicatura contabilizó en Imbabura: Estos datos reflejan una realidad en la que la justicia no puede permitirse demoras ni contradicciones. Por eso, la mesa técnica no solo busca coordinar, sino también construir soluciones conjuntas que apunten a la raíz del problema: la inseguridad y la impunidad. SISTEMA JUDICIAL EN CRISIS: EL PAÍS EN ALERTA Las acciones locales ocurren en paralelo con una fuerte advertencia desde Quito. Mario Godoy, presidente nacional del Consejo de la Judicatura, compareció el 7 de julio ante la Comisión de Justicia de la Asamblea Nacional y fue tajante: “el sistema judicial atraviesa un estado crítico”. Incluso, anticipó que en las próximas semanas podría declararse una emergencia judicial en el país, lo que abriría la puerta a un proceso de evaluación y depuración interna de funcionarios. Esta posible declaratoria, según explicó, implicaría una revisión profunda del desempeño de los servidores judiciales, cuyos informes deberán ser analizados y aprobados por el pleno del Consejo de la Judicatura. Mientras tanto, en provincias como Imbabura, las mesas de justicia se convierten en espacios clave para contener el colapso. No solo para acelerar procesos, sino para garantizar que cada decisión judicial contribuya a restaurar la confianza ciudadana y a frenar el avance del crimen.

Deportes, Imbabura

TRAVESÍA A LA LAGUNA CUICOCHA: UNA COMPETENCIA ÚNICA EN UN ESCENARIO VOLCÁNICO

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Nadar dentro del cráter de un volcán no es una experiencia cotidiana. Pero en Cotacachi será una realidad para 290 deportistas que participarán en la XXVIII edición de la Travesía Natatoria Internacional Cuicocha, rompiendo un récord histórico de asistencia. La cita será este domingo 13 de julio desde las 06h00, en las frías y cristalinas aguas de la laguna Cuicocha, corazón del Parque Nacional Cotacachi – Cayapas. La competencia, organizada por el Municipio de Cotacachi y la Empresa Pública de Energía Renovable y Turismo Cotacachi E.P, con soporte técnico del Centro Deportivo La Candelaria, ha dejado de ser solo una prueba de resistencia para convertirse en una vitrina del turismo deportivo y de aventura de Imbabura. DEPORTISTAS DE TODO EL CONTINENTE EN AGUAS ABIERTAS Y LIMPIAS El evento se destaca no solo por su belleza escénica, sino por la pureza de sus aguas, lo que la convierte en la única competencia oficial de aguas abiertas limpias en Ecuador. Desde 1996, la travesía se ha consolidado como una prueba emblemática del calendario deportivo nacional. Y desde 2023, la travesía se convirtió en internacional al recibir nadadores de Brasil, Estados Unidos, Venezuela y Colombia. La seguridad estará garantizada por un operativo técnico y logístico que incluye personal de emergencia y embarcaciones de apoyo. El objetivo es que cada deportista disfrute la travesía con confianza. Cuicocha, además de ser uno de los principales atractivos turísticos de Imbabura, ofrece rutas de senderismo, artesanías locales y una gastronomía rica en identidad. Por eso, esta competencia es también una oportunidad para dinamizar la economía local y proyectar la imagen de Cotacachi como un destino integral.

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SENTENCIA HISTÓRICA: EMAPAO Y MUNICIPIO DE OTAVALO RESPONSABLES DE LA CONTAMINACIÓN DEL LAGO SAN PABLO

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Un juez constitucional determinó que ambas entidades vulneraron los derechos de la naturaleza. La decisión exige un plan de remediación ambiental urgente para salvar uno de los íconos naturales del Ecuador. El 8 de julio de 2025 marcó un antes y un después en la defensa del Lago San Pablo. En una audiencia decisiva, un juez constitucional acogió la acción de protección presentada a favor de los derechos del lago y declaró responsables a la Empresa Pública de Agua Potable de Otavalo (EMAPAO) y al Municipio de Otavalo por su negligencia en el manejo de aguas residuales. La resolución reconoce la vulneración de los derechos de la naturaleza y ordena la ejecución de un plan de remediación ambiental, en coordinación con otras instituciones del Estado. El proceso legal, identificado con el número 10311-2025-00496, se sustentó en pruebas técnicas, testimonios ciudadanos y años de denuncias que alertaban sobre la progresiva contaminación del cuerpo de agua más grande del país. Organizaciones como Unidos por la Pachamama celebraron la sentencia como una victoria histórica. “Imbakucha no podía esperar más. Esta decisión le devuelve voz a la naturaleza”, expresó Inti Chuquirima, vocero del colectivo. AGUAS NEGRAS, SILENCIO OFICIAL Y UN LAGO QUE AGONIZA Durante años, San Pablo ha sido testigo de un deterioro que hoy amenaza su existencia. Según datos de la Corporación para la Defensa del Lago (Codelspa), entre 18 y 20 litros por segundo de aguas servidas —sin tratamiento— se vierten directamente al lago. Estas descargas provienen de comunidades, barrios y parroquias enteras que carecen de infraestructura sanitaria adecuada. La falta de planificación y la inacción institucional han convertido al lago en un sumidero de desechos domésticos, químicos y orgánicos. Los análisis han evidenciado la presencia alarmante de coliformes fecales, especialmente en zonas donde desembocan canales y quebradas contaminadas. Esto representa un riesgo sanitario directo para las más de 84.000 personas que viven en la cuenca del lago, lo que equivale al 70% de la población del cantón Otavalo. «Si no se actúa de inmediato, el Lago San Pablo podría morir en un plazo no mayor a dos años”, advirtió el doctor Max Bonilla, investigador de la Universidad Central del Ecuador, quien hizo un análisis de muestras de agua del San Pablo COMUNIDADES AFECTADAS Y UNA NATURALEZA HERIDA Para las comunidades indígenas kichwas, el lago no es solo un recurso hídrico: es un ser vivo, un espacio sagrado, un símbolo espiritual. “Nuestros abuelos nos enseñaron que Imbakucha siente, respira, se enferma. Y hoy está enferma por culpa del abandono y la irresponsabilidad”, dice Alfredo Cabascango, comunero de Araque. A su alrededor, los niños juegan junto a orillas turbias, entre bolsas de plástico y aguas oscuras. La pesca ha disminuido drásticamente y el turismo, una fuente vital para la economía local, ha comenzado a desvanecerse. Tras la sentencia, EMAPAO y el Municipio están obligados a presentar un plan integral de remediación ambiental. Este incluirá medidas urgentes para contener la contaminación, restaurar las zonas afectadas y establecer sistemas de tratamiento sostenibles. Aunque aún no se conocen los detalles de la sentencia escrita, se anticipa que exigirá responsabilidades técnicas y administrativas concretas. UNA SENTENCIA QUE PUEDE CAMBIARLO TODO La decisión judicial marca un hito en la jurisprudencia ambiental del país. Reconoce al Lago San Pablo como sujeto de derechos y obliga a las instituciones a responder por años de omisión. Para los colectivos que han luchado por esta causa, el fallo no es solo una victoria jurídica, sino una oportunidad para revertir décadas de daño. MAATE IMPONE MULTA DE 23.460 DÓLARES Por la misma razón, el Ministerio del Ambiente, Agua y Transición Ecológica (MAATE) sancionó al Municipio de Otavalo y a la EMAPAO-EP por su responsabilidad en la contaminación del Lago San Pablo. Tras inspecciones técnicas y análisis de laboratorio, se comprobó el vertido de aguas residuales sin tratamiento adecuado, así como incumplimientos en parámetros bacteriológicos, aceites y grasas. Como resultado, el MAATE impuso una multa de 51 salarios básicos unificados, equivalentes a 23.460 dólares, y ordenó la ejecución inmediata de un plan de remediación ambiental. El mismo deberá restablecer el funcionamiento de las infraestructuras fuera de servicio y optimizar las plantas de tratamiento, para evitar nuevas descargas al lago.

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