Un juez constitucional determinó que ambas entidades vulneraron los derechos de la naturaleza. La decisión exige un plan de remediación ambiental urgente para salvar uno de los íconos naturales del Ecuador. El 8 de julio de 2025 marcó un antes y un después en la defensa del Lago San Pablo. En una audiencia decisiva, un juez constitucional acogió la acción de protección presentada a favor de los derechos del lago y declaró responsables a la Empresa Pública de Agua Potable de Otavalo (EMAPAO) y al Municipio de Otavalo por su negligencia en el manejo de aguas residuales. La resolución reconoce la vulneración de los derechos de la naturaleza y ordena la ejecución de un plan de remediación ambiental, en coordinación con otras instituciones del Estado. El proceso legal, identificado con el número 10311-2025-00496, se sustentó en pruebas técnicas, testimonios ciudadanos y años de denuncias que alertaban sobre la progresiva contaminación del cuerpo de agua más grande del país. Organizaciones como Unidos por la Pachamama celebraron la sentencia como una victoria histórica. “Imbakucha no podía esperar más. Esta decisión le devuelve voz a la naturaleza”, expresó Inti Chuquirima, vocero del colectivo. AGUAS NEGRAS, SILENCIO OFICIAL Y UN LAGO QUE AGONIZA Durante años, San Pablo ha sido testigo de un deterioro que hoy amenaza su existencia. Según datos de la Corporación para la Defensa del Lago (Codelspa), entre 18 y 20 litros por segundo de aguas servidas —sin tratamiento— se vierten directamente al lago. Estas descargas provienen de comunidades, barrios y parroquias enteras que carecen de infraestructura sanitaria adecuada. La falta de planificación y la inacción institucional han convertido al lago en un sumidero de desechos domésticos, químicos y orgánicos. Los análisis han evidenciado la presencia alarmante de coliformes fecales, especialmente en zonas donde desembocan canales y quebradas contaminadas. Esto representa un riesgo sanitario directo para las más de 84.000 personas que viven en la cuenca del lago, lo que equivale al 70% de la población del cantón Otavalo. «Si no se actúa de inmediato, el Lago San Pablo podría morir en un plazo no mayor a dos años”, advirtió el doctor Max Bonilla, investigador de la Universidad Central del Ecuador, quien hizo un análisis de muestras de agua del San Pablo COMUNIDADES AFECTADAS Y UNA NATURALEZA HERIDA Para las comunidades indígenas kichwas, el lago no es solo un recurso hídrico: es un ser vivo, un espacio sagrado, un símbolo espiritual. “Nuestros abuelos nos enseñaron que Imbakucha siente, respira, se enferma. Y hoy está enferma por culpa del abandono y la irresponsabilidad”, dice Alfredo Cabascango, comunero de Araque. A su alrededor, los niños juegan junto a orillas turbias, entre bolsas de plástico y aguas oscuras. La pesca ha disminuido drásticamente y el turismo, una fuente vital para la economía local, ha comenzado a desvanecerse. Tras la sentencia, EMAPAO y el Municipio están obligados a presentar un plan integral de remediación ambiental. Este incluirá medidas urgentes para contener la contaminación, restaurar las zonas afectadas y establecer sistemas de tratamiento sostenibles. Aunque aún no se conocen los detalles de la sentencia escrita, se anticipa que exigirá responsabilidades técnicas y administrativas concretas. UNA SENTENCIA QUE PUEDE CAMBIARLO TODO La decisión judicial marca un hito en la jurisprudencia ambiental del país. Reconoce al Lago San Pablo como sujeto de derechos y obliga a las instituciones a responder por años de omisión. Para los colectivos que han luchado por esta causa, el fallo no es solo una victoria jurídica, sino una oportunidad para revertir décadas de daño. MAATE IMPONE MULTA DE 23.460 DÓLARES Por la misma razón, el Ministerio del Ambiente, Agua y Transición Ecológica (MAATE) sancionó al Municipio de Otavalo y a la EMAPAO-EP por su responsabilidad en la contaminación del Lago San Pablo. Tras inspecciones técnicas y análisis de laboratorio, se comprobó el vertido de aguas residuales sin tratamiento adecuado, así como incumplimientos en parámetros bacteriológicos, aceites y grasas. Como resultado, el MAATE impuso una multa de 51 salarios básicos unificados, equivalentes a 23.460 dólares, y ordenó la ejecución inmediata de un plan de remediación ambiental. El mismo deberá restablecer el funcionamiento de las infraestructuras fuera de servicio y optimizar las plantas de tratamiento, para evitar nuevas descargas al lago.
