Seguridad

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GOLPE AL NARCOTRÁFICO EN TABABUELA: CAEN 241 KILOS DE DROGA OCULTOS EN CAMIÓN

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Un operativo de interdicción vehicular ejecutado por la Policía Nacional del Ecuador, en el sector de Tababuela del cantón Ibarra, provincia de Imbabura, permitió decomisar 241 paquetes tipo ladrillo de cocaína, que estaban ocultos en un compartimento secreto dentro de un camión de transporte pesado. La intervención fue liderada por el Centro Regional de Adiestramiento Canino (CRAC) y su unidad especializada, que identificaron la sustancia gracias al trabajo del perro detector “Azan”. El vehículo había partido desde el cantón Bolívar, en la provincia del Carchi, y tenía como destino la ciudad de Guayaquil. Durante el control, los uniformados notaron una actitud inusual en el conductor, lo que activó los protocolos. “Azan” marcó una zona específica del automotor, lo que motivó una inspección detallada. Fue entonces cuando se descubrió un doble fondo construido en la estructura del camión. Allí se encontraban los bloques del alcaloide envueltos y rotulados con un logotipo negro. El valor de esta droga en el mercado nacional supera el millón de dólares, y en mercados internacionales, especialmente europeos o norteamericanos, podría alcanzar hasta nueve millones de dólares, según estimaciones preliminares de las autoridades antinarcóticos. Este decomiso representa uno de los golpes más significativos al narcotráfico registrados en lo que va del año en la Sierra Norte. El conductor del vehículo, identificado como Paul P., ecuatoriano de 26 años y oriundo de Ambato, fue detenido en el sitio y trasladado bajo custodia a órdenes de la autoridad judicial competente. Hasta el momento, no se ha confirmado si pertenece a una estructura delictiva más amplia o si actuaba como parte de una operación puntual de transporte.

Imbabura, Seguridad

OPERATIVO MILITAR DESARTICULA ESTRUCTURAS DE MINERÍA ILEGAL EN BUENOS AIRES

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Más de 1.500 efectivos de las Fuerzas Armadas se internaron en las zonas montañosas de la parroquia La Merced de Buenos Aires, del cantón Urcuquí, en la provincia de Imbabura, para ejecutar una operación de gran escala contra la minería ilegal. La intervención, calificada como una de las más complejas y contundentes en Imbabura, incluyó vehículos blindados, helicópteros artillados, aviones de combate y tropas de élite entrenadas para actuar en terreno hostil. El objetivo era claro: retomar el control estatal en una parroquia que, desde 2017, ha sido golpeada por redes criminales dedicadas a la explotación de oro sin permisos, protegidas por grupos armados organizados. La zona, que alguna vez vivió de la agricultura, se ha transformado en un enclave minero donde la violencia, el tráfico de armas, los delitos ambientales y la informalidad económica conviven sin freno. DESCUBREN MEGA INFRAESTRUCTURA MINERA CLANDESTINA Los uniformados tomaron el control de sectores críticos como Mina Nueva, donde localizaron una planta de procesamiento aurífero de gran escala. En el lugar había tres trituradoras industriales, quince piscinas de sedimentación, una compleja red de poleas, generadores eléctricos, cocinas, bodegas, y más de 1.500 sacos de material aurífero listos para ser procesados. «En la parte alta de mina vieja encontramos un campamento con capacidad para 600 mineros y una red de poleas con dirección al sector de Río Verde», manifestó Jorge Luis Tello, comandante del Batallón de Infantería 31 Andes. EL RIESGO DE UNA ZONA MINADA Las Fuerzas Armadas advirtieron que la operación se ejecutó en condiciones de alto riesgo, por la posible presencia de artefactos explosivos improvisados, como los que hace pocos días provocaron la muerte del soldado Erick Alexander Tituaña. Su fallecimiento evidenció el nivel de preparación y violencia con el que operan las estructuras ilegales que han convertido a esta zona de Buenos Aires en un territorio fuera del control estatal. UNA INTERVENCIÓN QUE NO BASTA A pesar del impacto del operativo, los antecedentes no son alentadores. En ocasiones anteriores, tras el retiro de las tropas, los grupos ilegales han regresado a reconstruir sus instalaciones y reanudar la explotación. Por eso, Marco Trujillo Bedón experto en minería y seguridad insiste en que la presencia militar debe ir acompañada de un despliegue institucional sostenido, que incluya a la justicia, al ministerio del Ambiente, Salud, Educación y Desarrollo Social. BUENOS AIRES SIGUE SIENDO UNA HERIDA ABIERTA Según estimaciones recientes del Bloque de Seguridad, al menos dos mil personas integran una población flotante que entra y sale del lugar en busca de oro. Mientras no exista un plan de intervención integral, advierte Trujillo Bedón, la minería ilegal seguirá reapareciendo, dejando a Buenos Aires atrapada entre la ilegalidad y el abandono.

Seguridad

FITO ACEPTA EXTRADICIÓN A EE.UU. EN AUDIENCIA TELEMÁTICA

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José Adolfo Macías Villamar, conocido como “Fito”, cabecilla de la banda criminal Los Choneros, sorprendió a la justicia ecuatoriana al aceptar su extradición hacia Estados Unidos durante una audiencia virtual. Esta decisión, registrada el 11 de julio de 2025, acelera un proceso que requiere la aprobación del Ejecutivo ecuatoriano antes de su transferencia a jurisdicción estadounidense. DE PRÓFUGO A ACUSADO INTERNACIONAL Fito se fugó en enero de 2024 de una cárcel de máxima seguridad en Guayaquil, desatando una serie de motines y violencia que colmaron las portadas nacionales. Tras permanecer unos 535 días prófugo, fue recapturado el 25 de junio de 2025 en su ciudad natal, Manta, en un operativo de identificación de un bunker en una mansión con sofisticada tecnología de inteligencia. El operativo, denominado “Zeus II” o “Gran Fénix 28”, se completó en unas 10 horas, sin disparos ni bajas, gracias a la coordinación de Policía, Fuerzas Armadas y la aplicación de nuevas leyes de inteligencia y solidaridad, según el Gobierno de Daniel Noboa. En Ecuador, Fito ya cumple una pena de 34 años por delitos de narcotráfico, crimen organizado y asesinato. En EE.UU., enfrenta siete cargos federales tramitados en una corte federal de Brooklyn: desde conspiración para distribuir cocaina y armas, hasta contrabando y uso de armamento para promover narcotráfico. PROCESO SIMPLIFICADO, PERO CON RITMO CONDICIONAL La aceptación del proceso por parte de Fito activa el trámite de extradición simplificada, que a partir de ahora depende de un análisis judicial de la Corte Nacional de Justicia, y luego requiere la ratificación del presidente ecuatoriano en coordinación con el gobierno estadounidense. Aunque el pedido formal de EE.UU. recién fue recibido el 8 de julio de 2025 por vía diplomática, el proceso avanza con prioridad política y judicial. Esta extradición marcaría un hito histórico: sería la primera vez en décadas que un ciudadano ecuatoriano es entregado a una potencia extranjera, tras el referendo en abril de 2024 que reformó el artículo 79 de la Constitución. El presidente Daniel Noboa ha impulsado esta política como pilar en su lucha contra las organizaciones criminales. El ministro del Interior, John Reimberg, insiste en que la extradición es una “prioridad del gobierno” y que no hubo pactos ni negociaciones previas con Fito o terceros actores. Sin embargo, trascendió una carta enviada por Fito en junio, en la que solicitaba intervención diplomática para evitar su entrega a EE.UU. o a prisiones de alta seguridad en otros países, lo que provocó versiones sobre un posible pacto, desmentidas tanto en Quito como en Bogotá. EL CAMINO HACIA BROOKLYN Con su aceptación formal, Fito solo espera la señal definitiva del Ejecutivo ecuatoriano para su traslado, que se podría concretar en días o semanas. Su destino será un tribunal federal en Brooklyn, Nueva York, donde se lo juzgará por los siete cargos que podrían acarrear una larga condena en cárceles de máxima seguridad.

Imbabura, Seguridad

JUSTICIA EN ESTADO CRÍTICO: IMBABURA SE ARTICULA PARA AGILIZAR PROCESOS PENALES

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COORDINACIÓN INTERINSTITUCIONAL BUSCA ponerle FRENO A LA IMPUNIDAD En medio de un escenario nacional donde el sistema judicial ecuatoriano se encuentra al borde de la declaratoria de emergencia, en Imbabura se han encendido las alarmas y también las acciones. Representantes de todas las entidades del sistema de justicia participaron en la reciente Mesa Provincial de Justicia, convocada por el Consejo de la Judicatura, con el objetivo de acelerar y mejorar los procedimientos penales en la provincia. La reunión, que congregó a autoridades de la Corte Provincial de Justicia, Fiscalía, Defensoría Pública, Policía Nacional, Fuerzas Armadas y el SNAI, entre otros organismos, derivó en una hoja de ruta conjunta para enfrentar el complejo panorama judicial. “La coordinación entre instituciones permite ofrecer una justicia más técnica y ágil, lo que permitirá evitar la impunidad”, sostuvo Hugo Imbaquingo, director provincial del Consejo de la Judicatura. Uno de los compromisos inmediatos es la capacitación conjunta en temas clave como redacción de partes informativos y procedimientos penales, documentos que son base para el inicio de cualquier investigación judicial. También se acordó la unificación de criterios entre entidades, con énfasis en que las sanciones deben estar alineadas a la gravedad de cada delito y ceñirse estrictamente a la normativa vigente. INSEGURIDAD BAJO LA LUPA: LOS DELITOS MÁS FRECUENTES EN LA PROVINCIA La violencia, el narcotráfico y los delitos sexuales siguen marcando el ritmo de la justicia local. Entre enero y junio de 2025, el Consejo de la Judicatura contabilizó en Imbabura: Estos datos reflejan una realidad en la que la justicia no puede permitirse demoras ni contradicciones. Por eso, la mesa técnica no solo busca coordinar, sino también construir soluciones conjuntas que apunten a la raíz del problema: la inseguridad y la impunidad. SISTEMA JUDICIAL EN CRISIS: EL PAÍS EN ALERTA Las acciones locales ocurren en paralelo con una fuerte advertencia desde Quito. Mario Godoy, presidente nacional del Consejo de la Judicatura, compareció el 7 de julio ante la Comisión de Justicia de la Asamblea Nacional y fue tajante: “el sistema judicial atraviesa un estado crítico”. Incluso, anticipó que en las próximas semanas podría declararse una emergencia judicial en el país, lo que abriría la puerta a un proceso de evaluación y depuración interna de funcionarios. Esta posible declaratoria, según explicó, implicaría una revisión profunda del desempeño de los servidores judiciales, cuyos informes deberán ser analizados y aprobados por el pleno del Consejo de la Judicatura. Mientras tanto, en provincias como Imbabura, las mesas de justicia se convierten en espacios clave para contener el colapso. No solo para acelerar procesos, sino para garantizar que cada decisión judicial contribuya a restaurar la confianza ciudadana y a frenar el avance del crimen.

Ibarra, Seguridad

CERCA DE MEDIA TONELADA DE MARIHUANA FUE INCAUTADA EN IMBABURA

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DOS DETENIDOS EN OPERATIVO ANTIDROGAS EN LA PANAMERICANA E35, A LA ALTURA DE MASACARILLA En una operación coordinada entre unidades especializadas de la Policía Nacional, se incautaron 458 bloques de marihuana que eran transportados en un camión por la vía Panamericana E35, a la altura del Control Integrado de Tababuela. El operativo, ejecutado la noche del martes 08 de julio, concluyó con la aprehensión de dos ciudadanos. La intervención se llevó a cabo gracias al trabajo articulado entre el Centro Regional de Adiestramiento Canino (CRAC) y la Jefatura Zonal de Criminalística. Según el reporte oficial, el can detector ASSAN fue clave para la detección de la sustancia ilícita. El perro especializado alertó a los uniformados durante una inspección de rutina, lo que motivó una revisión minuciosa del camión que transportaba productos vegetales en cartones. Los agentes descubrieron que la droga estaba camuflada en un doble fondo del vehículo, una técnica comúnmente utilizada por redes delictivas transnacionales que buscan evadir los controles policiales. Las investigaciones preliminares apuntan a que la droga tendría como origen Colombia y que estaba destinada al mercado de consumo local en Ecuador. Además del vehículo de carga, la policía retuvo un teléfono celular que podría aportar información en la fase de investigación. Los ciudadanos aprehendidos fueron identificados como Guandinango L. y Ayora M., quienes no registran antecedentes penales.

Regional, Seguridad

TRANSPORTISTAS DE CARCHI BLOQUEAN LA PANAMERICANA EN PROTESTA CONTRA LA INSEGURIDAD

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Desde las 00:00 del lunes 7 de julio de 2025, transportistas pesados de la provincia fronteriza de Carchi paralizaron sus actividades y bloquearon tramos estratégicos de la vía Panamericana E35 en los sectores de Julio Andrade del cantón Tulcán, y en la ciudad de San Gabriel del cantón Montúfar, exigiendo acciones urgentes al gobierno central ante la creciente inseguridad en las carreteras ecuatorianas. Los conductores afirman que han sido víctimas de asaltos, secuestros exprés y extorsiones, especialmente cuando transportan carga entre Carchi y las provincias de la Costa, como Santo Domingo, Los Ríos y Manabí. “ESTAMOS CANSADOS DE ENTREGAR LA VIDA EN CADA VIAJE”, expresó Juan C., camionero POR más de 20 años. Muchos de los testimonios coinciden en que la situación ha empeorado en los últimos meses. Los delincuentes actúan armados, bloquean las rutas con troncos o piedras, o simplemente aparecen de improvisto para asaltarlos. LA RUTA PANAMERICANA, UN CAMPO DE BATALLA INVISIBLE El cierre en los puntos mencionados se dio de forma espontánea y sin convocatoria oficial de federaciones. Sin embargo, la acción fue respaldada por decenas de transportistas que estacionaron sus tráileres en fila, impidiendo el tránsito. “NO ES UN PARO POLÍTICO. ES UNA MEDIDA DE SUPERVIVENCIA”, declaró uno de los manifestantes que pidió el anonimato. “Cada viaje es una ruleta rusa. A veces uno llega con la carga. Otras veces no», comentó wilfrido Q., otro conductor que salió a protestar. DIALOGAR, PERO CON RESULTADOS A media mañana, representantes del Ministerio de Transporte, Policía Nacional y FF.AA. llegaron a Huaca para entablar un primer acercamiento con los manifestantes. Aunque hubo disposición al diálogo, los transportistas dejaron claro que el paro continuará hasta recibir compromisos reales y medibles. “YA NOS HAN PROMETIDO PATRULLAJES, Y NUNCA CUMPLEN. QUEREMOS VIGILANCIA PERMANENTE Y UN PROTOCOLO CLARO DE EMERGENCIA”, recalcó el manifestante Daniel P. IMPACTO REGIONAL El paro no solo afecta al tránsito local. El comercio binacional con Colombia también se ha visto impactado, especialmente en el eje Ipiales–Tulcán. Centenares de camiones se han quedado varados, generando pérdidas logísticas y económicas. El sector agrícola y de exportación también reporta retrasos en entregas de flores, papas y productos perecederos. Desde Ipiales, medios colombianos reportan una alerta por posibles colapsos en la frontera si la situación no se resuelve en las próximas horas. PROMESAS INCUMPLIDAS En mayo pasado, el Gobierno anunció un plan de reforzamiento de seguridad en vías críticas, pero los transportistas de Carchi aseguran que ni una sola cámara de vigilancia ni patrullero adicional ha llegado a la provincia. “NO QUEREMOS BONOS NI GASOLINA MÁS BARATA. QUEREMOS LLEGAR VIVOS A CASA”, exclamó un conductor veterano que prefirió no dar su nombre. Por su parte José R., 39 años, padre de dos hijos, cuenta que el mes pasado fue interceptado en Quevedo por dos sujetos armados. Desde entonces, José viaja solo de día, en convoy con otros colegas, y aún así, no se siente seguro. “ME AMARRARON Y ME DEJARON EN UN CAÑAVERAL. SE LLEVARON TODO, HASTA LAS LLANTAS DEL CAMIÓN. ¿A QUIÉN LE IMPORTA ESO?”, dijo indignado josé p. Hasta el cierre de este reporte (15:00) la panamericana seguía obstaculizada por decenas de camiones.

Seguridad

seis policías y tres civiles detenidos por presunta venta ilegal de armas

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La provincia de Imbabura fue una de las jurisdicciones donde se ejecutó el operativo “Depuración Azul”, ejecutado este 3 de julio por la Policía Nacional y la Fiscalía General del Estado. Como resultado de la intervención, se logró la aprehensión de seis policías en servicio activo y tres personas civiles, presuntamente involucrados en una red de delincuencia organizada dedicada al tráfico ilegal de armas de dotación policial. El operativo se realizó simultáneamente en Pichincha, Guayas, Cotopaxi e Imbabura, en el marco del Plan de Acción 2.0 Anticorrupción, impulsado por la institución policial como parte de un proceso de autodepuración institucional permanente. En la provincia de Imbabura, los agentes allanaron inmuebles y bodegas policiales, particularmente instalaciones vinculadas a la Dirección Nacional de Logística, donde se sospecha que se ocultaban armas sustraídas. Por su parte, el medio El Comercio reveló que las investigaciones apuntan a que los servidores policiales habrían desviado armas y municiones para comercializarlas ilegalmente, rompiendo la cadena de custodia institucional. Las detenciones fueron posibles gracias a una serie de seguimientos y recolección de evidencia técnica por parte de unidades especializadas. “No toleraremos actos que empañen el honor y la misión de la institución. Continuaremos fortaleciendo los controles internos y promoviendo la ética, con el propósito de mantener una institución confiable y al servicio de la sociedad”, dice el comunicado difundido por la policía nacional en sus redes sociales. Este caso pone en evidencia la urgencia de implementar mecanismos efectivos de control dentro de la fuerza pública, particularmente en provincias como Imbabura, donde la ciudadanía ha demandado mayor seguridad. Hasta el momento, las identidades de los detenidos no han sido reveladas, pero se prevé que en las próximas horas se realicen las audiencias de formulación de cargos. El operativo continúa en desarrollo.

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