- Por Edwin Martínez
El gobierno de Ecuador inició el proceso de deportación de ciudadanos colombianos privados de libertad que estaban recluídos en las cárceles del país, especialmente para aliviar la crisis de hacinamiento y problemas de seguridad. Colombia, por su parte, protestó por la iniciativa, y recien a las 19:30 del viernes 25 de julio permitió el ingreso 13 repatriados.
La demora se produjo porque el protocolo de ingreso al territorio colombiano, no estaba desplegado el momento en el que los reclusos empezaron a llegar al Puente Internacional de Rumichaca, frontera entre Eciador y Colombia, explicó Pablo Galindo, comandante de Policía de Nariño.
Los primeros grupos de internos colombianos llegaron a las 14:30 de este viernes y tuvieron que esperar en el viaducto, algunos por más de 12 horas, hasta poder ingresar al vecino país, lo que generó caos en el paso fronterizo. Se trasladaron 870 reclusos desde 18 cárceles ecuatorianas, en buses custodiados por la fuerza pública. De estas, 40 provenían de Sucumbíos y 138 de Carchi, en un operativo que hasta el cierre de este reporte, aún estaba en ejecución.
Entre los deportados hay condenados por delitos graves: narcotráfico, robo, secuestro, homicidio, abuso sexual y tráfico de armas, y muchos no habían cumplido ni el 50 % de su condena en Ecuador. Por ejemplo, en abril de 2025 ocho reclusos (siete hombres y una mujer) purgaban condenas por narcotráfico y violación y fueron entregados en Rumichaca para continuar penas en Ipiales, Colombia.
LOS PROBLEMAS DETECTADOS
Las autoridades colombianas advierten sobre la necesidad de garantizar condiciones dignas durante el traslado, incluyendo seguridad, salud y bienestar de los deportados. Organizaciones No Gubernamentales y expertos sanitarios alertan sobre deficiencias logísticas, como la duración de los viajes (más de 17 horas), hacinamiento en los vehículos, falta de atención médica durante el traslado y riesgos de contagio o deterioro físico.
EL MARCO LEGAL Y DIPLOMÁTICO
En junio de 2025, la Asamblea Nacional ecuatoriana aprobó una ley que regula el proceso de expulsión de presos extranjeros, imponiendo además la prohibición de ingreso a Ecuador por tiempos prolongados (hasta 40 años) para los deportados. Este instrumento legislativo refuerza el Convenio Bilateral de Esmeraldas, que busca facilitar la repatriación y aligerar la carga penitenciaria de Ecuador mediante mecanismos coordinados entre gobiernos.
Según datos de 2022, los presos colombianos representaban la primera nacionalidad extranjera en los centros penitenciarios ecuatorianos, con 1 641 personas privadas de libertad. Por esta razón en febrero de 2024 el gobierno de Daniel Noboa anunció la repatriación de 1500 reclusos del vecino país.