- Por Christian Tinajero
El caso de Diana Avilés, comunicadora social con diagnóstico de cáncer, desvinculada de la viceprefectura de Imbabura, abrió un debate sobre la estabilidad laboral de los grupos vulnerables en instituciones públicas en Imbabura y la región norte de Ecuador.
Según su abogada defensora, Lorena Pabón, no es la primera vez que Paolina Vercoutere, quien lidera la actual viceprefectura – y encabeza el proyecto Warmi Imbabura, instancia dedicada a proteger a mujeres-, afectó los derechos de trabajadoras en situación vulnerable.
«En 2015 otra trabajadora del Ministerio de Inclusión Económica y Social (MIES), en periodo de lactancia, también fue separada cuando Paolina Vercoutere Quinche fungía como directora provincial de esa cartera de estado», indicó la profesional. Ambas causas fueron patrocinadas por Pabón, quien narra en Diálogo Abierto con Crónicas del Norte el proceso más reciente.
“EL GOLPE FUE DOBLE: CÁNCER Y DESPIDO”
—¿Cómo recibió Diana la noticia de su desvinculación?
“Fue un shock emocional. No se trata solo de quedarse sin empleo. Ella convive con el cáncer. Y quedarse sin trabajo en esas condiciones significa también perder la seguridad social y los medios para sobrellevar un tratamiento costoso”.
—¿Qué hicieron ustedes tras esa decisión?
“Presentamos una acción de protección a finales de abril de 2025. La audiencia fue extensa, se presentaron muchas pruebas. Finalmente, el juez reconoció la vulneración de derechos constitucionales».
—¿Qué dispuso la sentencia?
“El juez ordenó tres cosas: el reintegro inmediato a su puesto en las mismas condiciones, disculpas públicas en un medio de comunicación y el pago de los sueldos dejados de percibir desde enero hasta agosto. Todo esto ya está ratificado en segunda instancia”.
“NO ES UN CASO AISLADO”
—¿Qué argumentos dio la defensa del Gobierno Provincial de Imbabura?
“La defensa alegó que no conocían de la enfermedad de Diana. Eso es contradictorio, porque su relación laboral y política con la viceprefecta es de años. Incluso trabajó con ella en otras funciones públicas. Decir ‘sabíamos, pero no con certificados’ es contradictorio y poco creíble”.
—Usted mencionó que este no es el primer antecedente.
“Así es. En 2015, una trabajadora (de la dirección provincial del MIES) fue desvinculada en periodo de lactancia. Ya ganamos esa causa en primera instancia y esperamos confirmación en segunda. Por eso decimos que no es un hecho aislado, es un patrón. No es que coincide la abogada, coincide la autoridad”.
—¿Quién asume la responsabilidad en estos casos?
“El prefecto es el representante legal de la Prefectura. Sin embargo, el proyecto Warmi Imbabura está a cargo de la viceprefecta. La sentencia establece que en 20 días debe identificarse a la persona responsable para que devuelva al Estado los recursos cancelados a Diana”.
“EL RETORNO NO HA SIDO FÁCIL”
—¿Cómo ha sido el regreso de Diana Avilés a su puesto?
“Ella volvió, pero con un reposo médico de 15 días por estrés laboral. Ha enfrentado exclusiones, como no ser incluida en algunos grupos de comunicación interna. El prefecto Richard Calderón se reunió con ella y mostró respaldo. La viceprefecta no lo ha hecho. Y eso también refleja el clima laboral».
—¿Qué esperan ahora?
“Que se cumpla la sentencia en su totalidad, que se cierre el proceso contencioso administrativo con la liquidación de valores, y que se respete su derecho a un ambiente laboral equilibrado. Lo más importante es que no existan más Dianas en ninguna institución”.