Contaminación

Imbabura, Otavalo

RECUPERACIÓN DEL RÍO TEJAR: EMAPA-O DESVIÓ DESCARGAS PERO PROCESO DE CONSTRUCCIÓN DE COLECTOR SIGUE EN CONSULTORÍA

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Publicidad Durante las últimas tres décadas, el río Tejar ha soportado descargas sanitarias, residuos sólidos y el crecimiento urbano sin planificación suficiente. El afluente atraviesa el casco urbano de Otavalo y fue declarado sujeto de derechos por la justicia constitucional en 2025, tras una acción de protección impulsada por un colectivo ciudadano. La sentencia responsabilizó al Municipio de Otavalo y a la Empresa Municipal de Alcantarillado y Agua Potable de Otavalo (EMAPA-O) por vulnerar esos derechos con descargas directas de aguas residuales y ordenó medidas de reparación integral en uno y tres años. El próximo 13 de marzo se cumple el primer año de ejecución del fallo. En ese contexto, el gerente general de EMAPA- O, Juan Fernando Robalino, en entrevista en el noticiero matutino de Radio X FM 94.7, detalló las acciones emprendidas, aunque reconoció que la solución estructural aún está en fase de consultoría. También le puede interesar: JUEZ EVALUARÁ ACCIONES PARA RECUPERAR AL RÍO TEJAR UN DESVÍO PARCIAL Y UN COLECTOR EN DISEÑO La intervención más visible hasta ahora se concentra en el sector El Batán. Allí, según Robalino, se redirigió el componente sanitario hacia la planta de tratamiento. “Nosotros lo que hicimos es interconectar pozos del alcantarillado, para que estos desvíen el cauce con el que originalmente fueron diseñados y redirigir esas aguas hacia la planta de tratamiento de la ciudad”, explicó. Sin embargo, el propio gerente confirmó que el sistema es mixto -sanitario y pluvial-, lo que significa que en episodios de lluvia pueden observarse descargas de agua lluvia por la red antigua. Franklin Hermosa, vocero del colectivo ‘Unidos por la Pachamama’ que impulsó la demanda, señaló que todavía existen flujos visibles en el lecho del río. La solución definitiva dependerá de la construcción de un colector. En la entrevista, Juan Fernando Robalino explicó que el proceso de planificación de la obra no pudo avanzar inmediatamente después de la sentencia porque requería autorización previa del Ministerio del Ambiente. Detalló que en diciembre de 2024 EMAPAO presentó los términos de referencia para la fase constructiva y que la respuesta oficial tardó ocho meses. Recién después de recibir esa aprobación, en agosto de 2025, pudieron iniciar el proceso para contratar la consultoría que definirá los diseños y el costo total de la intervención. “El tramo de intervención comprende alrededor de 15 kilómetros. Aún se desconocen los costos, yo prefiero mantenerme prudente sabiendo que el consultor va a sacar con valores actualizados todo lo que comprende una intervención de esta magnitud”, manifestó el gerente. Por ahora, la inversión confirmada es de 38 mil dólares, destinados a la consultoría. El valor total de ejecución se conocerá en un plazo estimado de 120 días. METILMERCURIO Y DATOS AÚN EN VALIDACIÓN En el proceso judicial se evidenció la presencia de metilmercurio en las aguas del río, un compuesto altamente tóxico. Robalino confirmó su existencia, aunque señaló que se trataría de cantidades mínimas. “La cantidad que se encontró de metilmercurio está a nivel de trazas, las trazas son cantidades no cuantificables, eso quiere decir que existe, pero no se puede determinar cuánto, por lo tan chiquitito que es”, indicó. No obstante, el segundo análisis para confirmar o descartar ese resultado aún está en desarrollo. La empresa sostiene que está realizando un barrido de la microcuenca y nuevas tomas de muestra con laboratorio acreditado. En cuanto a los indicadores bacteriológicos, Robalino reconoció que los niveles de E. coli estaban fuera de norma, razón por la cual se ejecutó el desvío sanitario. Sin embargo, no mencionó cifras comparativas concretas que permitan medir la reducción alcanzada hasta ahora. SIN MAPA DEFINITIVO DE DESCARGAS Otro elemento relevante es que EMAPA-O no tiene contabilizado el número total de descargas ilegales existentes. «Durante la intervención se detectaron conexiones clandestinas y el levantamiento continúa», dijo el funcionario. A once días de la audiencia, la empresa asegura haber presentado nueve informes de avance ante el juez durante 2025. No obstante, la obra estructural principal aún no inicia y la recuperación integral depende de estudios en curso. El juez deberá determinar si las acciones ejecutadas en este primer año constituyen avances suficientes o si corresponde aplicar medidas coercitivas por incumplimiento.

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JUEZ EVALUARÁ ACCIONES PARA RECUPERAR EL RÍO TEJAR DE OTAVALO

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El reloj corre para el Municipio de Otavalo y la Empresa Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de la misma localidad. El próximo 13 de marzo de 2026 deberán demostrar ante un juez constitucional que han cumplido con la sentencia que ordena la recuperación integral del río Tejar. El caso no nació en los tribunales. Según explicó el abogado Franklin Hermosa, vocero del colectivo Juntos por la Pachamama de Otavalo, las gestiones ciudadanas iniciaron hace 9 años. “Este proceso de denuncia y de preocupación de la ciudadanía respecto a la contaminación del río Tejar empieza desde el año 2017 con actividades administrativas, gestiones, y luego de no encontrar respuestas valederas se inicia un proceso de demanda en marzo del 2024, un proceso judicial que prácticamente concluye en marzo del 2025 y desde esa fecha hasta acá llevamos prácticamente un año de ejecución y cumplimiento de la sentencia”, detalló en el noticiero de Radio XFM, dirijido por el periodista Christian Tinajero, este miércoles 25 de febrero. La sentencia no solo declaró al río como sujeto de derechos en dos instancias, sino que determinó responsables. “La justicia constitucional en dos instancias ha ratificado al río Tejar como sujeto de derechos y ha manifestado que los responsables de vulnerar esos derechos son el Municipio de Otavalo y la empresa de agua potable por las descargas directas de aguas residuales al lecho del río, disponiendo medidas de reparación integral a corto y mediano plazo, es decir, en uno y tres años, fundamentalmente un plan de remediación integral que garantice su recuperación”, subrayó Hermosa. El proceso judicial se extendió por alrededor de diez meses en primera instancia. Tras la apelación municipal, la Corte Provincial de Justicia de Imbabura ratificó el fallo en marzo de 2025. Desde entonces, corre el plazo de un año para evidenciar resultados concretos y verificables. METILMERCURIO, DESCARGAS Y POSIBLES MULTAS COERCITIVAS Uno de los puntos más delicados del proceso fue la toma de muestras ordenada por el juez, luego de que las autoridades demandadas negaran la contaminación o la consideraran “en niveles aceptables”, dijo Hermosa. Los análisis revelaron la presencia de metilmercurio, un compuesto altamente tóxico. A pocos días de cumplirse el primer año de ejecución, el colectivo exige evidencia científica y no únicamente reportes institucionales. “El juez constitucional les advirtió que el 13 de marzo deben presentar resultados verificables y que, de comprobarse incumplimiento, podrán aplicarse sanciones coercitivas conforme al Código Orgánico de la Función Judicial, es decir, multas compulsivas a funcionarios hasta que se cumpla estrictamente la sentencia; no propaganda ni fotografías, sino exámenes de laboratorio químico-biológicos que demuestren que la calidad del agua ha mejorado”, enfatizó Hermosa. En territorio, el colectivo dice haber constatado trabajos para evitar descargas en sectores como el Puente del Batán, diagonal al Mercado 24 de Mayo. Sin embargo, aseguran que aún existen descargas intermitentes y que no hay información pública suficiente sobre la eliminación del metilmercurio ni sobre eventuales investigaciones para determinar su origen. En el plano presupuestario, el colectivo cuestiona la baja asignación de recursos. Según lo expuesto en la entrevista, existirían 60 mil dólares destinados a la recuperación del río Tejar, mientras se ejecutan inversiones de mayor escala en otros proyectos municipales. El 13 de marzo será una fecha trascendental. El juez deberá determinar si las acciones emprendidas por los demandados constituyen un cumplimiento real o si procede la imposición de multas.

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LAGO SAN PABLO, UN ECOSISTEMA EN RIESGO DE MUERTE

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A los pies del volcán Imbabura, el lago San Pablo aún cautiva con su reflejo perfecto. Pero ese espejo engaña. Bajo su superficie, el mayor cuerpo de agua del Ecuador está contaminado con aguas negras. El diagnóstico es grave: una investigación de la Universidad Central del Ecuador evidenció su alto nivel de contaminación, y la sentencia de un juez constitucional señaló al municipio y a la Empresa Municipal de Alcantarillado y Agua Potable deOtavalo (EMAPA-O) como las entidades responsables. Sin embargo, las acciones para salvarlo son insuficientes. Una de las primeras tareas ejecutadas por el Cabildo, para remediar los daños ambientales fue reemplar las bombas de succión dañadas en la estación de transferencia de la comunidad Pucará de Velásquez, al norte del lago. «Sacaron toda el agua que estaba almacenada en la estación, agua sucia, y tuvieron que botar a la laguna. Es por eso que se mantiene todo ese mal olor y toda esa agua que está contaminada», indicó Diego Conejo, líder de la comunidad. TRES PLANTAS DE TRATAMIENTO YA ESTÁN OPERATIVAS En un intento por responder, el Municipio de Otavalo anunció la reactivación de las plantas de tratamiento de aguas residuales de Camuendo, La Compañía y Pivarinsig, luego de estar apagadas al menos un año. El gerente EMAPA-O, Mauricio Realpe, dijo que el problema se originó «por un descuido, por una desconcentración» de los funcionarios de la institución. Explicó que los procesos para comprar los repuestos se cayeron hasta cuatro veces. Y aunque esos tres sistemas ya fueron arreglados y están operando, el panorama general sigue siendo alarmante: las otras 11 plantas tienen problemas o están fuera de operación. Para repararlas y garantizar su buen funcionamiento durante los próximos seis años, se necesitan dos millones de dólares, informó Realpe. «Y necesitamos entre dos y tres años para darles mantenimiento y repotenciarlas, en función del tiempo y de la disponibilidad de recursos. Es decir que de aquí a cuatro años, tendríamos, en teoría, todas las plantas de tratamiento funcionando correctamente», explicó el titular de EMAPAO. En las comunidades de Araque y Gualacata, el panorama es preocupante. Los aguas residuales de esas poblaciones no ingresan a las plantas de tratamiento porque están colapsadas. Los habitantes de estas zonas denunciaron que esas corrientes fueron desviadas al sistema de alcantarillado, que descarga directamente en los ríos Quinde e Itambi, respectivamente. Ambos afluentes desembocan en el lago. En paralelo, el municipio ha impulsado mingas comunitarias de limpieza. La más reciente fue realizada el fin de semana pasado. En esas iniciativas se han retirado de las orillas del lago casi dos toneladas de desechos sólidos. Sin embargo, Pedro Quishpe, presidente de la comunidad Huaycopungo, dijo que esas acciones son pañitos de agua tibia frente a un problema crónico. “Esto no se arreglará con limpiar, hacer mingas o construir otros tanques. Para solucionar esto debe haber un anillo de alcantarillado alrededor del lago», concluyó el dirigente.

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SENTENCIA HISTÓRICA: EMAPAO Y MUNICIPIO DE OTAVALO RESPONSABLES DE LA CONTAMINACIÓN DEL LAGO SAN PABLO

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Un juez constitucional determinó que ambas entidades vulneraron los derechos de la naturaleza. La decisión exige un plan de remediación ambiental urgente para salvar uno de los íconos naturales del Ecuador. El 8 de julio de 2025 marcó un antes y un después en la defensa del Lago San Pablo. En una audiencia decisiva, un juez constitucional acogió la acción de protección presentada a favor de los derechos del lago y declaró responsables a la Empresa Pública de Agua Potable de Otavalo (EMAPAO) y al Municipio de Otavalo por su negligencia en el manejo de aguas residuales. La resolución reconoce la vulneración de los derechos de la naturaleza y ordena la ejecución de un plan de remediación ambiental, en coordinación con otras instituciones del Estado. El proceso legal, identificado con el número 10311-2025-00496, se sustentó en pruebas técnicas, testimonios ciudadanos y años de denuncias que alertaban sobre la progresiva contaminación del cuerpo de agua más grande del país. Organizaciones como Unidos por la Pachamama celebraron la sentencia como una victoria histórica. “Imbakucha no podía esperar más. Esta decisión le devuelve voz a la naturaleza”, expresó Inti Chuquirima, vocero del colectivo. AGUAS NEGRAS, SILENCIO OFICIAL Y UN LAGO QUE AGONIZA Durante años, San Pablo ha sido testigo de un deterioro que hoy amenaza su existencia. Según datos de la Corporación para la Defensa del Lago (Codelspa), entre 18 y 20 litros por segundo de aguas servidas —sin tratamiento— se vierten directamente al lago. Estas descargas provienen de comunidades, barrios y parroquias enteras que carecen de infraestructura sanitaria adecuada. La falta de planificación y la inacción institucional han convertido al lago en un sumidero de desechos domésticos, químicos y orgánicos. Los análisis han evidenciado la presencia alarmante de coliformes fecales, especialmente en zonas donde desembocan canales y quebradas contaminadas. Esto representa un riesgo sanitario directo para las más de 84.000 personas que viven en la cuenca del lago, lo que equivale al 70% de la población del cantón Otavalo. «Si no se actúa de inmediato, el Lago San Pablo podría morir en un plazo no mayor a dos años”, advirtió el doctor Max Bonilla, investigador de la Universidad Central del Ecuador, quien hizo un análisis de muestras de agua del San Pablo COMUNIDADES AFECTADAS Y UNA NATURALEZA HERIDA Para las comunidades indígenas kichwas, el lago no es solo un recurso hídrico: es un ser vivo, un espacio sagrado, un símbolo espiritual. “Nuestros abuelos nos enseñaron que Imbakucha siente, respira, se enferma. Y hoy está enferma por culpa del abandono y la irresponsabilidad”, dice Alfredo Cabascango, comunero de Araque. A su alrededor, los niños juegan junto a orillas turbias, entre bolsas de plástico y aguas oscuras. La pesca ha disminuido drásticamente y el turismo, una fuente vital para la economía local, ha comenzado a desvanecerse. Tras la sentencia, EMAPAO y el Municipio están obligados a presentar un plan integral de remediación ambiental. Este incluirá medidas urgentes para contener la contaminación, restaurar las zonas afectadas y establecer sistemas de tratamiento sostenibles. Aunque aún no se conocen los detalles de la sentencia escrita, se anticipa que exigirá responsabilidades técnicas y administrativas concretas. UNA SENTENCIA QUE PUEDE CAMBIARLO TODO La decisión judicial marca un hito en la jurisprudencia ambiental del país. Reconoce al Lago San Pablo como sujeto de derechos y obliga a las instituciones a responder por años de omisión. Para los colectivos que han luchado por esta causa, el fallo no es solo una victoria jurídica, sino una oportunidad para revertir décadas de daño. MAATE IMPONE MULTA DE 23.460 DÓLARES Por la misma razón, el Ministerio del Ambiente, Agua y Transición Ecológica (MAATE) sancionó al Municipio de Otavalo y a la EMAPAO-EP por su responsabilidad en la contaminación del Lago San Pablo. Tras inspecciones técnicas y análisis de laboratorio, se comprobó el vertido de aguas residuales sin tratamiento adecuado, así como incumplimientos en parámetros bacteriológicos, aceites y grasas. Como resultado, el MAATE impuso una multa de 51 salarios básicos unificados, equivalentes a 23.460 dólares, y ordenó la ejecución inmediata de un plan de remediación ambiental. El mismo deberá restablecer el funcionamiento de las infraestructuras fuera de servicio y optimizar las plantas de tratamiento, para evitar nuevas descargas al lago.

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