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Imbabura

NUEVA NORMA OBLIGA A ETIQUETAR LOS ALIMENTOS VENDIDOS A GRANEL

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La venta de alimentos a granel en mercados y bodegas de Imbabura cambiará de forma significativa. La Agencia Nacional de Regulación, Control y Vigilancia Sanitaria (ARCSA) anunció la aplicación de una normativa que obliga a que los productos procesados fraccionados para su comercialización cuenten con información clara para el consumidor, incluyendo procedencia, contenido y fecha de caducidad. La medida se sustenta en la resolución ARCSA-DE-2025-007, que reforma disposiciones anteriores sobre establecimientos que producen y comercializan alimentos. Según explicó Gabriela Montalvo, analista zonal de la entidad en la Zona 1, los controles empezarán en las próximas semanas, luego de un proceso de socialización dirigido a comerciantes y propietarios de locales. “El objetivo es que el consumidor tenga la información necesaria: nombre del producto, contenido neto, notificación sanitaria, fecha de elaboración y de caducidad”, explicó la funcionaria durante una entrevista en el noticiero matutino de Radio X FM. ETIQUETADO OBLIGATORIO PARA PRODUCTOS FRACCIONADOS La nueva regulación se enfoca en los alimentos procesados que se venden por libras o porciones luego de ser fraccionados en los establecimientos. Entre ellos están arroz, azúcar, avena, fideos, granos secos, frutos secos y otros productos similares que tradicionalmente se comercializan a granel en mercados y bodegas. De acuerdo con Montalvo, cuando estos productos se dividen para la venta, cada unidad debe contar con una etiqueta que incluya información obligatoria para el consumidor. Entre los datos exigidos están: Montalvo explicó que el cambio responde a problemas detectados en el mercado, especialmente en productos como el azúcar, donde no siempre es posible conocer la trazabilidad o procedencia del alimento cuando se vende fraccionado. “No sabemos quién produjo el alimento, dónde se elaboró o hasta cuándo se puede consumir”, señaló. SOCIALIZACIÓN Y CONTROLES DESDE ESTE MES Como parte de la implementación, la ARCSA realizará una jornada de capacitación para comerciantes y dueños de establecimientos. El evento está programado para el viernes 6 de marzo, a las 15:00, en el auditorio de la Prefectura de Imbabura, en Ibarra, y no tendrá costo para los participantes. Durante la capacitación se abordarán temas como condiciones higiénicas para el fraccionamiento de alimentos,requisitos del etiquetado obligatorio,prácticas correctas de manipulación,condiciones del área de envasado y almacenamiento. La funcionaria aclaró que la normativa no prohíbe la venta a granel, pero exige que los alimentos estén protegidos de contaminantes y que el consumidor reciba información clara antes de comprarlos. Julia Angamarca tiene una bodega de abastos cerca al mercado Amazonas de la ciudad de Ibarra. Está preocupada por el anuncio de la implementación de la normativa en la localidad. “Siempre hemos vendido por libras, como la gente está acostumbrada. Los clientes vienen y piden media libra de arroz, un poquito de avena o azúcar, y nosotros les despachamos en el momento. Ahora nos dicen que hay que etiquetar todo y poner fechas, y la verdad eso nos preocupa porque no todos tenemos máquinas para sellar o etiquetar, y eso significa un gasto extra. Ojalá las autoridades también piensen en los pequeños comerciantes como nosotros y nos den tiempo para adaptarnos, porque vivimos del día a día y cualquier cambio fuerte nos afecta”, comentó. Tras la socialización, los controles comenzarán este mismo mes, y dependiendo de las irregularidades detectadas podrían iniciarse procesos sancionatorios. Según la ARCSA, si durante los operativos se detectan riesgos para la salud pública, se podrían aplicar medidas como clausuras temporales o sanciones administrativas, conforme a lo establecido en la Ley Orgánica de Salud.

Imbabura, Política

GERENTE DE MOVIDELNOR ACUSÓ AL RÉGIMEN DE DANIEL NOBOA DE “INVENTAR JUICIOS” EN MEDIO DE PROTESTA EN SU CONTRA

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Lo que inició como una marcha de cientos de transportistas en contra de la gestión de la Empresa Pública de Movilidad del Norte (Movidelnor EP), por falta de controles frente al transporte informal y la demora en trámites administrativos, terminó convertido en una tribuna política. En una reunión improvisada con los transportistas, posterior a la protesta,  el gerente de la entidad encargada de gestionar el tránsito en 15 cantones del norte del país, Santiago Chiriboga,  giró el foco del debate. Antes de centrarse en responder por la falta de controles contra el transporte ilegal, como aseguran los gremios, lanzó graves acusaciones contra el Gobierno de Daniel Noboa. Acusó al régimen de «inventarse tipos penales y juicios», para presionar y perseguir a funcionarios públicos. Lo hizo para explicar el porque Movidelnor EP no puede emitir resoluciones o salvoconductos para destrabar los procesos de matriculación, transferencias de dominio y cambios de socios, procesos que están paralizados por la intervención de la justicia en la Agencia Nacional de Tránsito (ANT), su ente rector. Chiriboga sostuvo que cualquier decisión administrativa podría derivar en responsabilidades penales para los funcionarios. “Después por emitir un salvoconducto o generar una resolución, viene contraloría y nos glosan. Y después, como ahora todo en este gobierno, lastimosamente, va de la mano con tipo penal, intervienen, meten preso, le inventan un juicio. Eso queremos evitar”, declaró Chiriboga ante los transportistas. El actual titular de Movidelnor EP, fue designado gerente encargado hace nueve meses. Esta institución es el brazo operativo de la Mancomunidad de Tránsito de la Región Norte, presidida por Gustavo Samaniego, alcalde del cantón San Lorenzo de la provincia de Esmeraldas y reconocida figura de la Revolución Ciudadana. ACUSACIONES SIN RESPALDO DOCUMENTAL Chiriboga sostuvo que la problemática actual es “heredada” de administraciones anteriores y reveló que existen irregularidades en los cantones de Bolívar, Mira, Espejo, Montúfar y Huaca de la provincia de Carchi, dónde hay casos de agentes que cobrarían dinero para evitar sanciones por conducir en estado etílico. Sin embargo, no detalló expedientes ni denuncias formales en curso. En otro momento de su intervención, el gerente aseguró que emisarios de la Agencia Nacional de Tránsito (ANT) habrían acudido a su despacho para solicitar dinero a cambio de emitir la autorización de operación del centro de revisión de Montúfar, trámite que -según dijo-, lleva tres años pendiente. “Nos mandaron interlocutores pidiéndonos dinero a cambio de que nos autoricen. Y eso denunciamos, y eso fue motivo de que cierre también la Agencia Nacional de Tránsito”, aseguró. LA MARCHA QUE CAMBIÓ DE EJE Mientras los transportistas reclamaban mayor operatividad contra la informalidad y más eficiencia en los procesos administrativos, Chiriboga insistió en que las demoras no son exclusivas de su administración y señaló está vez a los propios transportistas. “Sí hay demora, pero también tenemos la data (…) no solo es la demora de nosotros, también es la demora de parte de los transportistas en entregar toda la información conforme está establecido en la ley”, manifestó. El tono político de su discurso contrastó con la naturaleza técnica del reclamo ciudadano. En lugar de centrarse en resultados de su gestión, el funcionario apuntó contra el Gobierno Nacional, contra la ANT y contra los propios manifestantes. SIN RESPUESTA DE LA GOBERNACIÓN CRÓNICAS DEL NORTE solicitó un pronunciamiento del gobernador de Imbabura, Jorge Ortiz, sobre las declaraciones de Chiriboga respecto a que el Gobierno estaría promoviendo procesos penales e inventando juicios. Hasta el cierre de esta edición, no hubo respuesta oficial.

Ibarra

TRANSPORTISTAS DE IMBABURA MARCHAN CONTRA LA INFORMALIDAD Y APUNTAN A MOVIDELNOR POR FALTA DE CONTROLES

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Las operadoras de transporte legalmente constituidas en Imbabura confirmaron una marcha provincial para este viernes 27 de febrero, en rechazo a lo que califican como débil control frente al transporte informal y el incremento de la inseguridad en las vías. La movilización, se concentrará desde las 14:30 en cada una de las sedes de los gremios de conductores profesionales que participarán en la manifestación, y avanzará con un pliego de peticiones dirigido a la Empresa Pública de Movilidad del Norte (Movidelnor EP), señalada por los dirigentes como responsable de la regulación operativa en la provincia. La jornada será encabezada por la Unión Provincial de Operadoras de Taxis Convencionales, la Unión Provincial de Taxis Ejecutivos, la Unión de Transporte de Carga Liviana, la Unión de Transporte Escolar e Institucional y Transportes Unidos. Tras su parada en Movidelnor EP, ubicada en las calles Eloy Alfaro y Julio Zaldumbide, norte de Ibarra, la protesta se trasladará a la Gobernación de Imbabura, centro de la urbe, donde los dirigentes prevén mantener un diálogo con el gobernador de la provincia, Jorge Ortiz. Javier Portilla, presidente de la Unión Provincial de Operadoras de Taxis Convencionales, fue directo en el pronunciamiento realizado en rueda de prensa este 26 de febrero de 2026. “La petición se enfoca en exigir una gestión operativa que garantice el trabajo del transporte legal”, dijo. La declaración apunta a la necesidad de fortalecer la fiscalización, actualizar registros y aplicar sanciones a quienes operan al margen de la normativa. El dirigente sostuvo que la informalidad ha crecido sin una respuesta proporcional de la autoridad de tránsito. Asegura que unidades sin habilitación operan en distintos sectores de los cantones, afectando la economía del sector formal y exponiendo a los usuarios a riesgos. MOVIDELNOR EN EL CENTRO DE LOS CUESTIONAMIENTOS El reclamo no se limita a la presencia de vehículos informales. Los dirigentes de las operadoras cuestionan la eficacia de los operativos y la periodicidad de los controles. Consideran que la falta de acciones sostenidas ha permitido que el transporte irregular se consolide en sectores urbanos y rurales, generando competencia desleal y debilitando la confianza ciudadana. Aunque Movidelnor es la entidad encargada de la regulación y control del tránsito en los seis cantones de Imbabura, los gremios advierten que los resultados no han sido visibles. La marcha busca presionar para que se refuercen los operativos, se actualicen los registros y se garantice que solo unidades habilitadas presten servicio. IBARRA DRIVE, LA APP DEL TRANSPORTE LEGAL En paralelo, las operadoras socializaron la aplicación Ibarra Drive, presentada como una alternativa tecnológica para fortalecer la seguridad, ante la ausencia de controles del organismo que tiene la competencia del tránsito en la jurisdicción. A través de esta herramienta los usuarios pueden verificar los datos del conductor, la unidad y realizar seguimiento en tiempo real, elementos que diferencian al transporte formal del informal. El conflicto se instala en un contexto de crisis del tránsito en el país, que mantienen suspendidos los servicios de Movidelnor EP, desde hace más de un mes tras la intervención de la fiscalía a su ente rector la Agencia Nacional de Tránsito (ANT).  Actualmente la movilidad provincial enfrenta retos estructurales: crecimiento urbano, aumento del parque automotor y expansión de servicios no regulados. La movilización de este viernes medirá la capacidad de diálogo entre el sector transportista y las autoridades.

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