Justicia

Imbabura

ATENCIÓN A VÍCTIMAS DE VIOLENCIA SE CENTRALIZA EN EL COMPLEJO JUDICIAL DE OTAVALO

/

Publicidad A partir del miércoles 18 de febrero, la Unidad Judicial Especializada contra la Violencia a la Mujer y Miembros del Núcleo Familiar de Otavalo trasladará su atención al Complejo Judicial de esa localidad, ubicado en la ciudadela Rumiñahui. La medida fue confirmada por la Consejo de la Judicatura a través de su Dirección Provincial en Imbabura. El cambio implica que todos los despachos vinculados a esta materia funcionarán en un solo edificio judicial, con el objetivo de optimizar la coordinación institucional y reducir tiempos en la tramitación de causas relacionadas con violencia intrafamiliar y de género. REUBICACIÓN BUSCA EVITAR LA REVICTIMIZACIÓN Según informó el director provincial, Hugo Imbaquingo, la concentración de servicios permitirá fortalecer el uso de la Cámara Gesell, un espacio especializado para la recepción de testimonios en condiciones controladas y con acompañamiento técnico. “La reubicación de esta unidad concentra los despachos judiciales en un mismo inmueble, facilitando un trabajo articulado y efectivo, particularmente con el uso de la Cámara Gesell, herramienta fundamental para la práctica de diligencias que eviten la revictimización y garanticen el respeto de los derechos de las personas”, señaló la autoridad. La Cámara Gesell es clave en procesos donde intervienen niñas, niños, adolescentes o víctimas de violencia, ya que permite recoger declaraciones sin exponerlas repetidamente ante diferentes operadores de justicia. CENTRO DE MEDIACIÓN MANTIENE ATENCIÓN EN SAN LUIS La entidad, en un boletín de prensa, recordó que el Centro de Mediación de la Función Judicial, oficina dependiente San Luis, continuará operando en la Casa Judicial de Otavalo, situada en la vía Panamericana y Dr. Heras, en horario de 08:00 a 17:00, de lunes a viernes. La ciudadanía puede acudir a estos servicios para resolver conflictos por la vía del diálogo, mientras que los casos relacionados con violencia deberán gestionarse directamente en el Complejo Judicial de la ciudadela Rumiñahui. Publicidad

Ibarra

VESTIDOS DE BLANCO, FAMILIARES Y AMIGOS DE DEYRAN PALACIOS MARCHARON PARA EXIGIR JUSTICIA

/

Publicidad A las tres de la tarde, de este martes 10 de febrero de 2026, Alpachaca se pintó de blanco. Camisetas, globos, pancartas y fotografías de Deyran Palacios Chala, de 15 años, se veían en medio de una concentración de unas 150 personas. Partieron a las 15:00 desde el barrio Santa Teresita, dónde Deyran vivía junto a sus padres y dos hermanos, y donde fue brutalmente asesinado. Avanzaron en silencio primero, y luego comenzaron los reclamos, las exigencias. “¡Justicia para Deyran!”, se escuchaba mientras la columna humana descendía hacia el centro de la ciudad. No era una marcha política. Era una familia caminando con su dolor expuesto. Una madre con lágrimas contenidas, encabezó la caminata, junto a jóvenes con carteles, amigos del colegio, vecinos del barrio. También se unieron colectivos LGBTI que decidieron acompañar el reclamo. Los asistentes caminaron durante casi dos horas bajo el sol, vestidos de blanco como símbolo de paz. En los carteles se leía el nombre de Deyran, su edad, y una palabra se repetía: justicia. No hubo disturbios. Hubo consignas. Hubo memoria. Hubo reclamos directos contra el accionar policial tras la desaparición y muerte del adolescente. “No queremos que este caso se archive”, gritaban. “Que detengan a los implicados”, repetían. El recorrido atravesó las principales calles de la urbe hasta llegar a la Gobernación, de Imbabura, ubicada en las calles Juan de Velasco y Sánchez y Cifuentes. Allí hicieron un plantón. Allí exigieron respuestas. EL RECLAMO QUE LLEGÓ HASTA EL GOBERNADOR Frente a la Gobernación, una comisión integrada por los padres de Deyran y algunos familiares fue recibida por el gobernador Jorge Ortíz. Según relató Evelyn Chala, madre del adolescente, la autoridad aseguró que las investigaciones continúan y que solicitará un informe detallado de las actuaciones ejecutadas por la Policía en este caso. “Dijo que va a pedir explicaciones y que no va a permitir que esto quede impune”, manifestó Evelyn tras la reunión. La familia, sin embargo, insiste en que las detenciones deben concretarse de inmediato. Entre los asistentes, el malestar era evidente. Daniela Rosero, amiga de Deyran, caminó toda la ruta con una fotografía de Deyran en las manos.  “Estamos aquí porque la Policía no hizo lo que debía cuando debía. Una madre no puede buscar sola a su hijo desaparecido”, dijo con voz firme. Más atrás, Luis Andrade, integrante de uno de los colectivos, cuestionó la liberación de los señalados. “Si ya estaban identificados, ¿por qué hoy no están detenidos?”, cuestionó. El plantón terminó sin incidentes, pasadas las 17:00,  pero con un mensaje claro: la familia no dejará que el caso se olvide. Y la exigencia de justicia seguirá en las calles hasta que haya respuestas concretas.

Imbabura

JAIME ALVEAR ASUME LA PRESIDENCIA DE LA CORTE PROVINCIAL DE JUSTICIA DE IMBABURA

/

Una sesión reservada de las Salas Especializadas marcó el rumbo institucional de la justicia provincial. La tarde del viernes 16 de enero, y conforme a lo previsto en el artículo 210 del Código Orgánico de la Función Judicial, los jueces eligieron al doctor Jaime Eduardo Alvear Flores como Presidente de la Corte Provincial de Justicia de Imbabura para el período 2026–2028, decisión adoptada por mayoría. PERFIL DEL NUEVO TITULAR Alvear integra actualmente la Sala Especializada de lo Penal, Penal Militar, Penal Policial y Tránsito.  Cuenta con una trayectoria que combina función jurisdiccional y academia. Su formación incluye Doctorado en Jurisprudencia, Magíster en Derecho Procesal con mención en Derecho Penal, Especialización en Derecho Procesal y diplomados en Derecho Procesal, Criminología y Criminalística. A ello se suma su experiencia como catedrático universitario y su antecedente como Presidente de la Corte Provincial durante el período 2018–2020, gestión que precede a este nuevo encargo. LÍNEAS DE TRABAJO Y CIERRE DE CICLO Tras la votación, el magistrado electo agradeció el respaldo de sus pares y adelantó las prioridades de su administración: “Me siento muy honrado por su confianza y el trabajo lo enfocaremos en dos ejes principales: respeto a la independencia judicial y reafirmar la confianza ciudadana en la justicia de la provincia”. En el cierre del ciclo institucional, la doctora Sofía Figueroa, presidenta saliente, subrayó el enfoque de su gestión y la coordinación con otros actores. “Priorizamos la articulación interinstitucional con entidades públicas y privadas, convencidos de que el trabajo conjunto fortalece el acceso a la justicia y mejora la atención a la ciudadanía”, aseguró Figueroa. Con el relevo, la Corte inicia una nueva etapa administrativa que se extenderá por dos años.

Imbabura, Seguridad

JUSTICIA EN ESTADO CRÍTICO: IMBABURA SE ARTICULA PARA AGILIZAR PROCESOS PENALES

/

COORDINACIÓN INTERINSTITUCIONAL BUSCA ponerle FRENO A LA IMPUNIDAD En medio de un escenario nacional donde el sistema judicial ecuatoriano se encuentra al borde de la declaratoria de emergencia, en Imbabura se han encendido las alarmas y también las acciones. Representantes de todas las entidades del sistema de justicia participaron en la reciente Mesa Provincial de Justicia, convocada por el Consejo de la Judicatura, con el objetivo de acelerar y mejorar los procedimientos penales en la provincia. La reunión, que congregó a autoridades de la Corte Provincial de Justicia, Fiscalía, Defensoría Pública, Policía Nacional, Fuerzas Armadas y el SNAI, entre otros organismos, derivó en una hoja de ruta conjunta para enfrentar el complejo panorama judicial. “La coordinación entre instituciones permite ofrecer una justicia más técnica y ágil, lo que permitirá evitar la impunidad”, sostuvo Hugo Imbaquingo, director provincial del Consejo de la Judicatura. Uno de los compromisos inmediatos es la capacitación conjunta en temas clave como redacción de partes informativos y procedimientos penales, documentos que son base para el inicio de cualquier investigación judicial. También se acordó la unificación de criterios entre entidades, con énfasis en que las sanciones deben estar alineadas a la gravedad de cada delito y ceñirse estrictamente a la normativa vigente. INSEGURIDAD BAJO LA LUPA: LOS DELITOS MÁS FRECUENTES EN LA PROVINCIA La violencia, el narcotráfico y los delitos sexuales siguen marcando el ritmo de la justicia local. Entre enero y junio de 2025, el Consejo de la Judicatura contabilizó en Imbabura: Estos datos reflejan una realidad en la que la justicia no puede permitirse demoras ni contradicciones. Por eso, la mesa técnica no solo busca coordinar, sino también construir soluciones conjuntas que apunten a la raíz del problema: la inseguridad y la impunidad. SISTEMA JUDICIAL EN CRISIS: EL PAÍS EN ALERTA Las acciones locales ocurren en paralelo con una fuerte advertencia desde Quito. Mario Godoy, presidente nacional del Consejo de la Judicatura, compareció el 7 de julio ante la Comisión de Justicia de la Asamblea Nacional y fue tajante: “el sistema judicial atraviesa un estado crítico”. Incluso, anticipó que en las próximas semanas podría declararse una emergencia judicial en el país, lo que abriría la puerta a un proceso de evaluación y depuración interna de funcionarios. Esta posible declaratoria, según explicó, implicaría una revisión profunda del desempeño de los servidores judiciales, cuyos informes deberán ser analizados y aprobados por el pleno del Consejo de la Judicatura. Mientras tanto, en provincias como Imbabura, las mesas de justicia se convierten en espacios clave para contener el colapso. No solo para acelerar procesos, sino para garantizar que cada decisión judicial contribuya a restaurar la confianza ciudadana y a frenar el avance del crimen.

Scroll al inicio