Movidelnor

Lo que inició como una marcha de cientos de transportistas en contra de la gestión de la Empresa Pública de Movilidad del Norte (Movidelnor EP), por falta de controles frente al transporte informal y la demora en trámites administrativos, terminó convertido en una tribuna política. En una reunión improvisada con los transportistas, posterior a la protesta,  el gerente de la entidad encargada de gestionar el tránsito en 15 cantones del norte del país, Santiago Chiriboga,  giró el foco del debate. Antes de centrarse en responder por la falta de controles contra el transporte ilegal, como aseguran los gremios, lanzó graves acusaciones contra el Gobierno de Daniel Noboa. Acusó al régimen de «inventarse tipos penales y juicios», para presionar y perseguir a funcionarios públicos. Lo hizo para explicar el porque Movidelnor EP no puede emitir resoluciones o salvoconductos para destrabar los procesos de matriculación, transferencias de dominio y cambios de socios, procesos que están paralizados por la intervención de la justicia en la Agencia Nacional de Tránsito (ANT), su ente rector. Chiriboga sostuvo que cualquier decisión administrativa podría derivar en responsabilidades penales para los funcionarios. “Después por emitir un salvoconducto o generar una resolución, viene contraloría y nos glosan. Y después, como ahora todo en este gobierno, lastimosamente, va de la mano con tipo penal, intervienen, meten preso, le inventan un juicio. Eso queremos evitar”, declaró Chiriboga ante los transportistas. El actual titular de Movidelnor EP, fue designado gerente encargado hace nueve meses. Esta institución es el brazo operativo de la Mancomunidad de Tránsito de la Región Norte, presidida por Gustavo Samaniego, alcalde del cantón San Lorenzo de la provincia de Esmeraldas y reconocida figura de la Revolución Ciudadana. ACUSACIONES SIN RESPALDO DOCUMENTAL Chiriboga sostuvo que la problemática actual es “heredada” de administraciones anteriores y reveló que existen irregularidades en los cantones de Bolívar, Mira, Espejo, Montúfar y Huaca de la provincia de Carchi, dónde hay casos de agentes que cobrarían dinero para evitar sanciones por conducir en estado etílico. Sin embargo, no detalló expedientes ni denuncias formales en curso. En otro momento de su intervención, el gerente aseguró que emisarios de la Agencia Nacional de Tránsito (ANT) habrían acudido a su despacho para solicitar dinero a cambio de emitir la autorización de operación del centro de revisión de Montúfar, trámite que -según dijo-, lleva tres años pendiente. “Nos mandaron interlocutores pidiéndonos dinero a cambio de que nos autoricen. Y eso denunciamos, y eso fue motivo de que cierre también la Agencia Nacional de Tránsito”, aseguró. LA MARCHA QUE CAMBIÓ DE EJE Mientras los transportistas reclamaban mayor operatividad contra la informalidad y más eficiencia en los procesos administrativos, Chiriboga insistió en que las demoras no son exclusivas de su administración y señaló está vez a los propios transportistas. “Sí hay demora, pero también tenemos la data (…) no solo es la demora de nosotros, también es la demora de parte de los transportistas en entregar toda la información conforme está establecido en la ley”, manifestó. El tono político de su discurso contrastó con la naturaleza técnica del reclamo ciudadano. En lugar de centrarse en resultados de su gestión, el funcionario apuntó contra el Gobierno Nacional, contra la ANT y contra los propios manifestantes. SIN RESPUESTA DE LA GOBERNACIÓN CRÓNICAS DEL NORTE solicitó un pronunciamiento del gobernador de Imbabura, Jorge Ortiz, sobre las declaraciones de Chiriboga respecto a que el Gobierno estaría promoviendo procesos penales e inventando juicios. Hasta el cierre de esta edición, no hubo respuesta oficial.