Más de 1.500 efectivos de las Fuerzas Armadas se internaron en las zonas montañosas de la parroquia La Merced de Buenos Aires, del cantón Urcuquí, en la provincia de Imbabura, para ejecutar una operación de gran escala contra la minería ilegal. La intervención, calificada como una de las más complejas y contundentes en Imbabura, incluyó vehículos blindados, helicópteros artillados, aviones de combate y tropas de élite entrenadas para actuar en terreno hostil. El objetivo era claro: retomar el control estatal en una parroquia que, desde 2017, ha sido golpeada por redes criminales dedicadas a la explotación de oro sin permisos, protegidas por grupos armados organizados. La zona, que alguna vez vivió de la agricultura, se ha transformado en un enclave minero donde la violencia, el tráfico de armas, los delitos ambientales y la informalidad económica conviven sin freno. DESCUBREN MEGA INFRAESTRUCTURA MINERA CLANDESTINA Los uniformados tomaron el control de sectores críticos como Mina Nueva, donde localizaron una planta de procesamiento aurífero de gran escala. En el lugar había tres trituradoras industriales, quince piscinas de sedimentación, una compleja red de poleas, generadores eléctricos, cocinas, bodegas, y más de 1.500 sacos de material aurífero listos para ser procesados. «En la parte alta de mina vieja encontramos un campamento con capacidad para 600 mineros y una red de poleas con dirección al sector de Río Verde», manifestó Jorge Luis Tello, comandante del Batallón de Infantería 31 Andes. EL RIESGO DE UNA ZONA MINADA Las Fuerzas Armadas advirtieron que la operación se ejecutó en condiciones de alto riesgo, por la posible presencia de artefactos explosivos improvisados, como los que hace pocos días provocaron la muerte del soldado Erick Alexander Tituaña. Su fallecimiento evidenció el nivel de preparación y violencia con el que operan las estructuras ilegales que han convertido a esta zona de Buenos Aires en un territorio fuera del control estatal. UNA INTERVENCIÓN QUE NO BASTA A pesar del impacto del operativo, los antecedentes no son alentadores. En ocasiones anteriores, tras el retiro de las tropas, los grupos ilegales han regresado a reconstruir sus instalaciones y reanudar la explotación. Por eso, Marco Trujillo Bedón experto en minería y seguridad insiste en que la presencia militar debe ir acompañada de un despliegue institucional sostenido, que incluya a la justicia, al ministerio del Ambiente, Salud, Educación y Desarrollo Social. BUENOS AIRES SIGUE SIENDO UNA HERIDA ABIERTA Según estimaciones recientes del Bloque de Seguridad, al menos dos mil personas integran una población flotante que entra y sale del lugar en busca de oro. Mientras no exista un plan de intervención integral, advierte Trujillo Bedón, la minería ilegal seguirá reapareciendo, dejando a Buenos Aires atrapada entre la ilegalidad y el abandono.
