Tránsito

Publicidad Los trámites de tránsito siguen frenados en el país y la medida ya tiene impacto directo en el norte del Ecuador. Desde este 2 de febrero de 2026, la Empresa Pública de Movilidad del Norte (Movidelnor EP), suspendió temporalmente los servicios de matriculación y revisión técnica vehicular en todos sus centros de atención de la Mancomunidad del Norte, conformada por 15 municipios de las provincias de Imbabura, Carchi, Esmeraldas y Pichincha. La suspensión se da tras los allanamientos a las oficinas de la Agencia Nacional de Tránsito (ANT) en Quito y otras ciudades del país, por presunta delincuencia organizada, lo que derivó en la suspensión de operaciones y en la desactivación del sistema AXIS 4.0, indispensable para los procesos de tránsito a escala nacional. Por ello Movidelnor EP en un comunicado explicó que mientras no exista una disposición clara de la institución investigada, que es su ente rector, los servicios no podrán retomarse con normalidad. Actualmente se mantiene habilitado únicamente el módulo de renovación de placas provisionales y el servicio de información. GOBIERNO PLANTEA QUITARLES LA COMPETENCIA DEL TRÁNSITO A LOS MUNICIPIOS En medio de esta crisis, el debate subió de tono en la Asamblea Nacional. Ante la Comisión de Fiscalización, el ministro del Interior John Reimberg fue contundente al señalar que a los municipios “les quedó grande” la competencia de regular el tránsito, responsabilizándolos de los casos de corrupción detectados en la emisión de licencias, matrículas y revisiones técnicas vehiculares. En ciudades como Durán y Manta -intervenidas por el Gobierno desde hace seis meses-, se detectaron redes dedicadas a la emisión de documentos fraudulentos, eliminación ilegal de multas, venta de especies y hasta legalización de vehículos robados, algunos provenientes incluso de Colombia y Perú. Para el Ejecutivo, estas dependencias estaban copadas por estructuras de delincuencia organizada. La postura oficial va más allá: el Gobierno plantea retirar la competencia de tránsito a los municipios, al considerar que ni los grandes, ni los medianos, ni los pequeños están en capacidad de administrarla, calificando la gestión local como “un desastre”. Mientras tanto, la investigaciones en la ANT continuarán, por lo que la suspensión de servicios podría extenderse hasta un mes, aunque será evaluada nuevamente en 15 días. Para conocer qué opina la ciudadanía imbabureña, un equipo de CRÓNICAS DEL NORTE recorrió el centro de la ciudad de Ibarra. “El problema no solo está en las oficinas, también hay corrupción en la calle. Los agentes de tránsito parecen extorsionadores. Salen a pedir dinero a los conductores para no sancionarlos y hacen controles selectivos. Eso no es percepción, es algo que me pasó a mi y le pasa a mucha gente todos los días. Por eso apoyo que se les quite la competencia y que el Estado retome el control”, dijo el conductor Fabián Buitrón. Jairo Avendaño, conductor de un vehículo de carga fue más allá. Dijo que todos los días sale con miedo a trabajar, porque en cualquier momento un agente lo puede detener. “En las vías ya no se habla de control, sino de vacunación. Hay agentes que paran no para hacer cumplir la ley, sino para ver cuánto pueden sacar. Si no pagas, aparece la multa; si pagas, el problema desaparece. Eso es corrupción”, aseveró. En este escenario, la paralización de los sistemas y servicios de la ANT evidencia un problema estructural que llega hasta lo local. Refleja una crisis nacional que mantiene en vilo a miles de usuarios y abre un debate de fondo sobre quién debe manejar el tránsito en el Ecuador.