transporte público

Publicidad La tarde del lunes 9 de febrero, en la comunidad de Yuracruz, al norte del cantón Ibarra, un bus de la cooperativa Campesinor fue rodeado por un grupo de comuneros y dirigentes en medio de gritos, forcejeos y golpes. Darío Narváez, el conductor, fue obligado a descender del vehículo. En medio de la vía recibió golpes con ramas de ortiga, insultos y más agresiones. Es socio y propietario de la unidad 8, quien ascendió hasta ese sector a prestar el servicio de transporte y cumplir con la frecuencia asignada. El hecho, que terminó con las llantas del bus pinchadas y el trasladado del chófer a una casa de salud para evaluación médica, se produjo en un contexto de tensión acumulada. Los dirigentes de la comunidad exigen el retorno de Ibamonti, operadora interprovincial que venía prestando el servicio desde hace 17 años, y rechazan de forma tajante a Campesinor, a pesar de que esta última tiene la autorización formal para operar allí. La agresión no surgió de la nada. Llegó después de semanas de reclamos  y una cadena de decisiones institucionales cuestionadas que van desde resoluciones que no se explican en público, oficios que se convierten en salvoconductos, reuniones políticas para negociar lo que debería resolverse con informes técnicos. El conflicto tiene una particularidad que lo vuelve más delicado: no es solo una pelea entre empresas, también es un choque de competencias públicas. Campesinor se identifica como operadora intracantonal, regulada por la Empresa Pública de Movilidad del Norte (Movidelnor). Ibamonti, en cambio, es interprovincial y su control corresponde a la Agencia Nacional de Tránsito (ANT). La disputa llegó a los tribunales cuando Ibamonti interpuso una acción de protección con el objetivo de frenar las decisiones administrativas que limitaron su operación. La cooperativa  alegó que se estaban vulnerando sus derechos constitucionales. No obstante, en el proceso los jueces concluyeron que, no existe derecho vulnerado cuando una operadora actúa fuera de la modalidad y rutas expresamente autorizadas en su permiso de operación. La acción fue rechazada en primera instancia y ese criterio fue ratificado en segunda instancia, dejando en firme una sentencia que ordena a Ibamonti ceñirse únicamente a las rutas interprovinciales y tramitar cualquier cambio por los canales legales. Carlos Valenzuela, presidente de Yuracruz, en el noticiero radial de X FM 94.7 del 17 de diciembre, aseguró que la mayor parte de los habitantes de la comunidad, quieren que Ibamonti les de el servicio por tradición e historia y que la suspensión que enfrenta dicha empresa fue comunicada “de palabra”, sin que les entreguen documentos. La gerente de Campesinor, Norma Bastidas, ubica el origen del conflicto en 2013, cuando, según su testimonio, autoridades locales permitieron que la comunidad escoja entre operadoras mediante votación simple, pese a que la asignación de rutas no debería resolverse por popularidad sino por normativa y competencia institucional. El núcleo de la denuncia de la gerente de Campesinor es que el Estado dejó crecer un servicio irregular hasta convertirlo en “normal” para la comunidad, y que cuando se intentó corregir, no se aplicó la ley de forma firme. Por su parte el dirigente Valenzuela no oculta su resistencia contra Campesinor. Reconoce que esta empresa tiene respaldo institucional local, pero dice que una asamblea comunitaria emitió un documento prohibiendo el ingreso a su territorio a los buses de dicha cooperativa. «Y ese documento está vigente», aseguró. En medio de la tensión, la directora provincial de la ANT, Patricia Unda, confirmó a CRÓNICAS DEL NORTE que la institución que ella preside en Imbabura otorgó a Ibamonti una prórroga de operación de 15 días, pese a la existencia de un fallo judicial. «Solo fue una prórroga. Es que es un problema muy largo y explicarlo me tomaría mucho tiempo. Cuando se reabra la agencia lo podría hacer»,  dijo Unda. Tras lo ocurrido este lunes en contra de un socio de Campesinor, Norma Bastidas anunció acciones legales. Dijo que interpondrá una denuncia penal en contra de quienes lo agredieron. “Voy a ir a la fiscalía con los nombres y videos para que las autoridades tomen cartas en el asunto. Hoy ya recibí llamadas telefónicas amenazantes y memsajes, dónde nos dicen que nos van a quemar los vehículos si seguimos trabajando en el sector. Esto debe parar”, concluye.