UNORCAC INTERPONDRÁ ACCIÓN DE PROTECCIÓN POR PROCESOS JUDICIALES CONTRA DIRIGENTES EN IMBABURA
La Unión de Organizaciones Campesinas e Indígenas de Cotacachi, (Unorcac), encendió una nueva alerta pública. La organización anunció que acudirá a la Corte Provincial de Imbabura para impulsar una acción de protección frente a lo que califica como vulneración de derechos y criminalización de dirigentes y comuneros de Imbabura, vinculados a las jornadas de movilización social de septiembre y octubre de 2025. La convocatoria difundida por la organización fija la diligencia para el lunes 23 de marzo, desde las 10:30, en los exteriores del complejo judicial provincial. La Unorcac, organización de base de la Confederación Nacional de Organizaciones Campesinas, Indígenas, Negras y Montubias del Ecuador (Fenocin), sostiene que los procesos abiertos contra integrantes de comunidades no pueden leerse como casos aislados. Lea también: FISCALÍA INVESTIGA PRESUNTA PARALIZACIÓN DE SERVICIO PÚBLICO DURANTE EL PARO DE 2025 EN IMBABURA Su postura apunta a un problema mayor. En un boletín de prensa asegura que las prácticas de la organización, acompañamiento y participación comunitaria durante las protestas están siendo tratadas en la vía penal como si fueran conductas delictivas. Con ese argumento, la organización plantea que existe un patrón de judicialización de la protesta social, con efectos que, a su criterio, no solo alcanzan a los procesados, sino también al tejido organizativo de las comunidades y al ejercicio colectivo de derechos. El pronunciamiento ubica este escenario dentro de las movilizaciones que surgieron en principio como respuesta a la eliminación del subsidio al diésel, medida adoptada por el régimen de Daniel Noboa en septiembre de 2025. Luego se incluyeron reclamos por el alto costo de la vida, la precarización laboral, el abandono estatal y la afectación de derechos colectivos. Bajo esa lectura, la organización defiende que la protesta y la resistencia forman parte de garantías reconocidas por la Constitución y que, por tanto, no deberían convertirse en el origen de expedientes judiciales contra dirigentes o comuneros.
