enero 2026

La puerta de una vivienda se abrió antes del amanecer de este miércoles 28 de enero de 2026 y, con ella, se activó un nuevo episodio de alta tensión política en Ecuador. La Fiscalía General del Estado ingresó al domicilio de Luisa González, excandidata a la Presidencia, como parte de una investigación penal por supuesta delincuencia organizada para el lavado de activos, que vuelve a colocar a la Revolución Ciudadana (RC) en el centro del debate nacional. La diligencia no fue aislada: se trató de un operativo simultáneo que incluyó cuatro allanamientos en Pichincha y Guayas, dentro del expediente conocido como caso “Caja Chica”. El Ministerio Público indaga una presunta estructura de delincuencia organizada que habría canalizado dinero en efectivo desde Venezuela para financiar la campaña presidencial de 2023. Bajo esa línea, fiscales y policías buscaron indicios documentales y tecnológicos que respalden la hipótesis. Tras los allanamientos, la Fiscalía informó la incautación de teléfonos celulares, pasaportes, dispositivos de almacenamiento y documentación, materiales que ahora forman parte del análisis pericial del caso. La investigación se mantiene en fase previa, es decir, sin formulación de cargos, pero con diligencias orientadas a establecer rutas de financiamiento y posibles responsabilidades penales. LA RESPUESTA DE GONZÁLEZ: “NO HEMOS RECIBIDO UN SOLO CENTAVO” Horas después del operativo, Luisa González rompió el silencio y rechazó de forma categórica los señalamientos. “Quieren eliminar a los opositores”, afirmó ante medios de comunicación, al tiempo que negó cualquier vínculo con recursos ilícitos. “La Revolución Ciudadana y Luisa González no hemos recibido un solo centavo”, sostuvo, en referencia directa a la presunta llegada de fondos desde el extranjero. Desde su entorno político, el pronunciamiento fue inmediato. El expresidente Rafael Correa, quien también es investigado, aseguró que los allanamientos no se limitaron a un solo domicilio y que otras figuras fuertes del correísmo como Andrés Arauz, y asambleístas de la RC también están bajo investigación, lo que, a su criterio, confirma una estrategia de presión judicial contra el movimiento. Por su parte, la dirigencia de la Revolución Ciudadana cerró filas en defensa de su excandidata. Calificaron el allanamiento como un acto de “persecución judicial” y advirtieron que el proceso estaría siendo utilizado con fines políticos. En otros comunicados y declaraciones públicas, sostuvieron que las acciones de la Fiscalía buscan desgastar a la oposición y desviar la atención de otros problemas que enfrenta el país. Autoridades seccionales vinculadas al movimiento también se pronunciaron. Alcaldes y prefectos afines al correísmo cuestionaron que, en un contexto de violencia y crisis de seguridad, los esfuerzos del Estado se concentren en investigaciones de alto contenido político. El mensaje fue reiterado: se estaría judicializando la política en lugar de priorizar la lucha contra el crimen organizado. Mientras la Fiscalía continúa con el análisis de los indicios levantados, el allanamiento a la vivienda de Luisa González marca un nuevo punto de fricción entre el sistema judicial y uno de los principales bloques de oposición. El caso “Caja Chica” avanza aún sin cargos formales, pero ya dejó una estela de reacciones políticas, denuncias de persecución y un debate abierto sobre los límites entre investigación penal y confrontación política en Ecuador.