Análisis

Tras el hecho violento ocurrido el lunes 19 de enero de 2026, donde fallecieron dos personas, ambas instituciones se hicieron señalamientos en redes sociales. La noche del lunes 19 de enero, un ataque armado en pleno centro de Otavalo dejó como saldo la muerte de dos hermanos, un hecho que estremeció a la ciudad y activó, casi de inmediato, pronunciamientos oficiales desde distintos niveles del Estado. Sin embargo, más allá de la condena al crimen, los comunicados evidenciaron una marcada contraposición institucional, atribuciones, responsabilidades y enfoques sobre la seguridad ciudadana. El pronunciamiento llegó primero desde el Municipio. Horas después del hecho violento, la Alcaldía Ciudadana de Otavalo publicó en sus redes sociales un comunicado en el que colocó el foco directamente en el Gobierno Nacional y la Gobernación de Imbabura. El cabildo exigió la presencia inmediata y permanente de las fuerzas del orden y seguridad en el cantón, una demanda que -según el texto- ya había sido planteada de forma reiterada, incluso en la Mesa de Seguridad Provincial. El comunicado municipal fue más allá del rechazo al crimen. Señaló de manera explícita que Otavalo no cuenta con jefe político, comisario nacional titular ni con los efectivos policiales necesarios, advirtiendo que el cantón no puede seguir esperando que se repitan hechos de esta naturaleza para que se actúe. En ese mismo mensaje, el Municipio insistió en que la seguridad es competencia directa del Gobierno central, aunque remarcó que, desde el ámbito local, se han ejecutado acciones preventivas concretas. Entre esas acciones, la Alcaldía detalló 80 puntos con alarmas comunitarias, 24 cámaras de videovigilancia enlazadas al ECU 911, la conformación de comités de seguridad barriales y la operación de un grupo motorizado de agentes de control municipal, recursos que -según la publicación- están a disposición del ente competente del orden público. El mensaje cerró reafirmando el compromiso municipal de coordinar acciones conjuntas, pero manteniendo la exigencia de una respuesta estatal más fuerte. GOBERNACIÓN REACCIONA Horas más tarde, llegó la respuesta desde la Gobernación de Imbabura, liderada ahora por el coronel del ejército en servicio pasivo, Jorge Ortíz. El comunicado provincial inició expresando preocupación por los hechos de violencia registrados en Otavalo y solidaridad con la familia de las víctimas, pero introdujo un enfoque distinto al vincular el crimen con prácticas ilegales de préstamos informales, señaladas como un factor que pone en riesgo la seguridad e integridad de la ciudadanía. En ese marco, exhortó a la población a no recurrir a mecanismos financieros informales y a optar por alternativas legales del sistema financiero. La Gobernación anunció además la ejecución de acciones inmediatas, entre ellas la designación de autoridades de Gobierno y la reactivación de operativos interinstitucionales de seguridad y control, en coordinación con autoridades locales, con el objetivo de reforzar la presencia del Estado en el cantón. Sin embargo, el mensaje incluyó un llamado de atención al cabildo y su alcaldesa Anabel Hermosa: conforme al artículo 54 literal n) del COOTAD, es competencia de los gobiernos municipales crear y coordinar los consejos de seguridad ciudadana municipal, encargados de la planificación, ejecución y evaluación de la política local en materia de prevención y convivencia. POLARIZACION MARCADA QUE DEJÓ EL PARO DE 2025 Así, el intercambio de comunicados dejó al descubierto una contraposición marcada, que se traslada también a sus habitantes que, tras el paro de septiembre y octubre de 2025, Otavalo quedó marcada por una profunda polarización social que reconfiguró la convivencia en la urbe y tensionó la relación entre ciudadanía y Estado. Aquellas jornadas de protesta, inicialmente planteadas como una medida de presión política y social, derivaron en episodios de violencia directa que evidenciaron la fragilidad del orden público en el cantón. Uno de los hechos más graves ocurrió cuando el cuartel policial de la localidad fue atacado por manifestantes, registrándose incendios y explosiones que dejaron la infraestructura en llamas, en una escena que quedó grabada en la memoria colectiva de la ciudad y del país. El ataque no solo significó daños materiales, sino que profundizó una narrativa de confrontación que dividió a la población entre quienes respaldaban la protesta y quienes advertían sobre sus consecuencias. En ese contexto, el discurso público escaló a niveles inéditos. Sectores que apoyaban el paro llegaron a pedir abiertamente que la Policía abandone el territorio, un planteamiento que expuso el quiebre institucional y la pérdida de consensos mínimos sobre la autoridad del Estado en la ciudad. La consigna, difundida en espacios públicos y redes sociales, reflejó el clima de radicalización que se instaló en la urbe durante 31 días.Desde entonces, Otavalo arrastra una herida abierta: una ciudad atravesada por desconfianzas, memorias de violencia y un debate inconcluso sobre seguridad, presencia estatal y gobernabilidad. Ese antecedente vuelve hoy al centro del análisis, cuando nuevos hechos violentos reactivan las alarmas y obligan a mirar atrás para entender cómo la polarización social no resuelta sigue condicionando el presente del cantón.