La provincia de Imbabura vive desde esta semana un incremento notable de ciudadanos que acuden a las agencias del Registro Civil para obtener su cédula sin necesidad de turno, luego de que el Gobierno Nacional confirmara que el servicio se mantendrá habilitado hasta el 31 de diciembre de 2025. En Ibarra, los usuarios destacan la rapidez del proceso y la facilidad para acceder al documento en un solo paso.
“Me acerqué sin turno y me atendieron súper rápido. A mi me parece que esta decisión es muy acertada porque así todos quienes no tenemos la cédula por cualquier razón, podemos obtenerla sin mucho trámite”, relató Carla Muñoz, quien obtuvo su cédula en pocos minutos en la agencia local.
MÁS DE 65 MIL CÉDULAS EN 4 DÍAS IMPULSAN LA DECISIÓN DEL GOBIERNO
El Registro Civil informó que la medida presidencial responde a los resultados del plan piloto aplicado entre el 1 y el 4 de diciembre, periodo en el que se emitieron más de 65 mil cédulas sin turno. La respuesta ciudadana fue descrita como “ordenada y masiva”, lo que motivó al Ejecutivo a ampliar la atención sin turno de lunes a viernes, de 08h00 a 17h00, en todo el país hasta el último día del año. La institución insistió en que los usuarios no deben recurrir a tramitadores, ya que el servicio es directo y transparente.
En Quito, Cuenca e Imbabura los testimonios coinciden: el proceso es rápido y eficiente. “Ahí mismo me atendieron y enseguida me dieron mi cédula, les doy 10/10”, expresó Patricio Ibáñez en la agencia matriz de la capital. Desde Cuenca, tres usuarios confirmaron que recibieron su documento enmenos de 30 minutos, valorando la atención preferencial para grupos prioritarios.
El director general del Registro Civil, Ottón Rivadeneira, aseguró que la ampliación del servicio sin turno busca consolidar un modelo de atención ágil, transparente y libre de intermediarios.
Hasta la fecha, la institución ha entregado más de 2.3 millones de cédulas en 2025. El costo del documento se mantiene en 5 dólares por primera vez y 16 dólares por renovación, con gratuidad para personas con discapacidad igual o superior al 30%. La ciudadanía debe presentar el comprobante de pago y, en caso de pérdida o robo, la constancia emitida por el Consejo de la Judicatura.