Una nueva operación militar se ejecutó en la parroquia La Merced de Buenos Aires, cantón Urcuquí, al norte de Imbabura, para combatir la minería ilegal y reforzar la seguridad en la zona. La intervención, que contó con la colaboración de otras instituciones estatales, permitió incautaciones clave y la verificación de delitos conexos que operan en la zona.
Durante el despliegue, las unidades militares realizaron patrullajes tácticos, controles sorpresivos y acciones coordinadas de inspección. Como resultado, una persona fue detenida y se constató que se encuentra en proceso de deportación. Además, se incautaron tres motocicletas que serán sometidas a investigaciones, mientras que otras dos fueron recuperadas tras confirmarse que tenían reporte de robo.
SUSTANCIAS, COMBUSTIBLE Y COMUNICACIÓN CLANDESTINA ENTRE LOS HALLAZGOS
En el área intervenida, los uniformados también hallaron 8 gramos de marihuana, sustancia sujeta a fiscalización, lo que hace presumir el vínculo entre estas redes ilegales y el microtráfico. A esto se suman 20 galones de gasolina y derivados de combustible, presumiblemente utilizados para abastecer maquinaria artesanal que opera en zonas mineras clandestinas.
La operación permitió además decomisar 6 radios Motorola, 3 cargadores, una balanza digital, 5 teléfonos móviles, 3 linternas y un elemento clave: 45 kilogramos de material mineralizado, cuyo origen y destino será determinado por los entes de justicia y minería.
UNA ZONA EN VIGILANCIA PERMANENTE
Buenos Aires ha sido históricamente una de las zonas más conflictivas de Imbabura por la minería ilegal. Aunque en 2019 se realizaron desalojos masivos, los operativos recientes demuestran que la actividad extractiva clandestina intenta reactivarse mediante nuevas redes y formas de operación.
El Ejército anunció que mantendrá su presencia en el lugar y continuará con operaciones preventivas y de control, enfocadas en el decomiso de armas, explosivos, maquinaria no autorizada y recursos obtenidos ilegalmente. La meta, según informaron, es proteger el entorno natural, evitar el financiamiento de grupos delictivos y devolver la seguridad a las comunidades afectadas.