Imbabura, Urcuquí

DECOMISAN 600 QUINTALES DE MATERIAL AURÍFERO EN OPERATIVO MILITAR EN BUENOS AIRES

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Publicidad Una nueva intervención militar volvió a poner en evidencia la magnitud de la minería ilegal en el cantón Urcuquí, provincia de Imbabura. En la parroquia La Merced de Buenos Aires, sector Mina Vieja, efectivos del Ejército Ecuatoriano ejecutaron operaciones militares que permitieron desarticular actividades vinculadas a la extracción ilícita de minerales, una práctica que desde 2017 mantiene en alerta a las autoridades por su impacto ambiental y por los riesgos de seguridad que representa para el Estado. Durante el operativo, los uniformados localizaron y decomisaron 600 quintales de material aurífero, además de equipos e insumos presuntamente usados en estas faenas clandestinas. Entre lo incautado constan una bomba de agua, un rotomartillo, una polea, 100 metros de cable de acero y otras herramientas empleadas para sostener la explotación ilegal en la zona. La operación militar se desarrolló en uno de los sectores históricamente golpeados por la minería ilegal en Imbabura. Mina Vieja, en Buenos Aires, ha sido escenario recurrente de intervenciones estatales orientadas a frenar actividades que no solo afectan los recursos naturales, sino que además alimentan economías ilícitas en territorios de alta conflictividad. OPERACIONES PERMANENTES EN BUENOS AIRES Tras esta nueva intervención, el Ejército Ecuatoriano informó que mantiene operaciones permanentes en la provincia de Imbabura para combatir la minería ilegal y reforzar la protección de los recursos naturales. La presencia militar en Buenos Aires se ha convertido en una constante frente a un problema que, pese a múltiples operativos, sigue activo y  genera preocupación. Publicidad

Cotacachi, Imbabura

SAN MARTÍN DE COTACACHI ESTRENA OBRAS CONSTRUIDAS CON PRESUPUESTO PARTICIPATIVA

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Publicidad Una inversión que supera los 39.000 dólares fue ejecutada en la comuna San Martín, en el cantón Cotacachi, con la construcción de dos obras enfocadas en saneamiento ambiental y seguridad deportiva. Los proyectos fueron financiados mediante presupuesto participativo, mecanismo que permitió priorizar las necesidades definidas por la comunidad. La primera intervención corresponde a la optimización de la planta de tratamiento de aguas residuales, que contó con una inversión de 6.000 dólares. La obra incluyó la construcción de un sedimentador, la implementación de piscinas y el uso de plantas acuáticas para el filtrado biológico. Además, se adecuó el sistema de descarga de las aguas tratadas hacia el río, con el objetivo de mejorar el manejo de desechos y cumplir parámetros ambientales. El alcalde de Cotacachi, Jomar Cevallos, indicó que estas acciones responden a las prioridades planteadas por la población y subrayó la importancia del tratamiento adecuado de las aguas residuales. Señaló que esta obra apunta a reducir el impacto en el entorno y fortalecer las condiciones sanitarias de la comunidad. En el área deportiva, se ejecutó la construcción del muro y cerramiento del estadio comunal, con una inversión de 33.506 dólares, financiada con recursos de los años 2024 y 2025. La infraestructura tiene una extensión de 92 metros de longitud y permite delimitar el espacio, mejorar la seguridad y ordenar el uso del escenario deportivo, utilizado por jóvenes, clubes y familias de la comuna. El presidente de la comunidad, Fredy Muenala, señaló: “Estas obras representan salud para nuestras familias con la planta de tratamiento y dignidad para nuestros jóvenes con un estadio seguro”. Las obras ya fueron entregadas y forman parte de la ejecución de proyectos priorizados por la población dentro de la planificación local.

Ibarra, Seguridad

TRES APREHENDIDOS TRAS PERSECUCIÓN POLICIAL EN IBARRA

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Publicidad Lo que inició como una respuesta policial a un presunto caso de violencia intrafamiliar reportado en Caranqui, sur de la ciudad de Ibarra, derivó en una persecución, la tarde de este lunes 20 de abril de 2026. Durante el desplazamiento hacia el sitio de la alerta, los uniformados identificaron una camioneta gris sin placas y con vidrios polarizados que levantó sospechas. Al notar la presencia policial, los ocupantes del vehículo aceleraron, activando un seguimiento que se extendió por varias calles. En medio de la huida, los sospechosos arrojaron una maleta a la vía pública y continuaron su marcha, ignorando las órdenes de detenerse. La persecución concluyó en la intersección de las avenidas Teodoro Gómez de la Torre y Sánchez Cifuentes, donde fueron interceptados mediante el uso progresivo de la fuerza. En el lugar fueron aprehendidos Jean C., Kevin C. y Óscar C., todos de nacionalidad ecuatoriana. Según los registros policiales, uno registra antecedentes por violación en 2025, otro por robo en 2018 y otro por tenencia de armas en 2016. Además, Óscar C. estaría presuntamente vinculado al grupo delictivo “Los Lobos”. Tras la intervención, los agentes recuperaron la maleta arrojada, en cuyo interior se encontraron herramientas, un cuchillo, una cizalla, prendas de vestir y tres teléfonos celulares. En el vehículo también se halló un arma de fuego tipo revólver y una pistola de juguete, informó Marco Narváez, comandante de policía de la zona 1. Los tres ciudadanos fueron puestos a órdenes de la autoridad competente, mientras continúan las investigaciones para determinar su posible implicación en otros hechos delictivos en la provincia.

Ibarra, Seguridad

PAREJA SECUESTRADA EN IBARRA FUE RESCATADA DE UNA FOSA DE 4 METROS

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Publicidad Una alerta por presunto secuestro extorsivo activó un operativo policial que terminó con el rescate de dos personas y la aprehensión de un sospechoso en Ibarra, provincia de Imbabura. La intervención se ejecutó tras el reporte ingresado al ECU 911, que movilizó a unidades de la Policía Judicial para ubicar a las víctimas y dar con los responsables. Según las primeras indagaciones, la pareja fue interceptada en el sector de Caranqui por tres sujetos encapuchados y armados, quienes se movilizaban en un vehículo tipo taxi. Bajo amenazas, los obligaron a subir a su propio automotor, en el que fueron trasladados por distintos sectores de la ciudad mientras otro taxi los seguía de cerca. Durante el recorrido, los implicados exigían las claves de sus tarjetas bancarias, configurando un caso de secuestro con fines extorsivos. Según Marco Narváez, comandante zonal de Policía, las labores investigativas, apoyadas en entrevistas y revisión de cámaras de seguridad, permitieron ubicar a las víctimas en el sector San Benito de Palermo, en Lomas de Azaya. Fueron encontradas al interior de una fosa de aproximadamente cuatro metros de profundidad, cubierta con tablas, donde permanecían retenidas. De acuerdo con el reporte policial, un hombre y una mujer fueron rescatados con vida y en buen estado de salud, en un operativo que evitó que el hecho escale a consecuencias fatales. La localización del sitio fue determinante para intervenir a tiempo y asegurar la integridad de las víctimas. VEHÍCULOS, INDICIOS Y UN DETENIDO Como parte de los operativos desplegados, la Policía logró ubicar dos vehículos vinculados al delito: uno de los taxis implicados, localizado en circulación en el sector del mercado Amazonas, y el automotor de las víctimas, que había sido abandonado.En el sector de Priorato se concretó la aprehensión de Robinson G., quien estaría presuntamente vinculado con el hecho. Durante el procedimiento se levantaron varios indicios, entre ellos un vehículo tipo taxi, seis teléfonos móviles y un canguro que contenía un pasamontaña, guantes y una herramienta metálica, elementos que serán incorporados a la investigación. Publicidad

Imbabura, Otavalo

CONVOCAN A MINGA PARA RECONSTRUIR MURAL BORRADO EN EL PARTIDERO A COTACACHI

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La eliminación de un mural en el sector conocido como el partidero a Cotacachi, reactivó la movilización de organizaciones indígenas y colectivos culturales en Imbabura. Dirigentes comunitarios anunciaron una minga para este viernes con el objetivo de volver a pintar la obra, que había sido realizada durante las jornadas de protesta registradas en septiembre y octubre de 2025. El mural, que rendía homenaje a víctimas de ese periodo, fue cubierto con pintura gris en días recientes, por la empresa concesionaria de la vía, en una zona de alta circulación vehicular. La acción generó reacciones desde distintos sectores, especialmente en comunidades que consideran la obra como parte de su memoria colectiva. ARTE, MEMORIA Y TERRITORIO EN DISPUTA Para el abogado Luis Yépez, vinculado a la defensa de organizaciones indígenas, el mural representa una expresión cultural que no puede ser eliminada sin diálogo. “Los pueblos indígenas tienen una memoria histórica que se expresa también a través del arte, la pintura, la danza y la música”, afirmó. La intervención que eliminó el mural ha sido atribuida a decisiones vinculadas a la administración de la vía, en un contexto donde también se han planteado argumentos relacionados con seguridad vial y mantenimiento de infraestructura. Frente a este escenario, organizaciones como la Unión de Comunidades de Ilumán y colectivos culturales han convocado a una jornada comunitaria para reconstruir el mural. Según Yépez, la actividad se desarrollará de manera pacífica y coordinada. “Nosotros no estamos provocando a nadie, queremos expresar el arte y de esa forma convocar a la reflexión”, sostuvo, al destacar que la iniciativa busca evitar confrontaciones. El jurista también advirtió que la ausencia de diálogo podría generar tensiones innecesarias. “Lo más razonable es que las autoridades y la comunidad se sienten a dialogar y establezcan acuerdos”, manifestó. La minga incluirá la participación de artistas, músicos y habitantes de las comunidades cercanas, quienes retomarán la temática original del mural, centrada en los hechos y víctimas de 2025. La convocatoria se realiza en medio de la expectativa sobre la presencia de controles en la zona. No obstante, desde las organizaciones se insiste en que la jornada mantendrá un carácter cultural y comunitario. “Si ellos están el viernes, nosotros vamos a estar antes y después”, expresó Yépez, en referencia a una eventual presencia de fuerza pública en el sector.

Imbabura, instante

MADRE Y PADRASTRO APREHENDIDOS TRAS HALLAZGO DE MENOR SIN VIDA EN ATUNTAQUI

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Una denuncia por desaparición terminó revelando un nuevo hecho violento contra una menor en el norte del país. La Policía Nacional del Ecuador confirmó la aprehensión de la madre y el padrastro de una niña de un año, reportada como desaparecida el 09 de abril de 2026 en el cantón Montúfar, provincia del Carchi, y localizada sin vida días después en Imbabura. De acuerdo con la versión oficial, tras la alerta se activaron los protocolos de búsqueda con intervención de la Dirección Nacional de Delitos contra la Vida, Muertes Violentas, Desapariciones, Extorsión y Secuestros (Dinased). Las diligencias investigativas permitieron ubicar a la menor alrededor de la 01:00 de este jueves 16 de abril de 2026 en la ciudad de Atuntaqui, donde fue encontrada sin signos vitales, en estado de descomposición y envuelta en cobijas.El levantamiento del cuerpo se realizó en coordinación con las autoridades competentes, mientras se iniciaban las diligencias legales para esclarecer el hecho. DENUNCIA CON INCONSISTENCIAS Y CONTRADICCIONES El proceso investigativo tomó fuerza desde la denuncia presentada por la madre y su pareja en San Gabriel. Según información complementaria, durante la toma de versiones las autoridades detectaron contradicciones en los testimonios, lo que derivó en nuevas acciones como el allanamiento del domicilio de los denunciantes. En ese contexto, y frente a los indicios recopilados, la pareja habría admitido su participación en el hecho. Se establece que la menor habría fallecido el mismo 09 de abril, y posteriormente su cuerpo fue trasladado hasta Imbabura, donde fue abandonado en un terreno con vegetación. La causa de muerte estaría relacionada con asfixia por sumersión, elemento que forma parte de las líneas investigativas. La Policía informó que los aprehendidos son Ana N., madre de la menor, y Jordan A., padrastro, ambos de nacionalidad colombiana. Se detalló además que el hombre registra antecedentes por homicidio, lo que se incorpora al análisis del caso. Los implicados enfrentan cargos por desaparición involuntaria con resultado de muerte, conforme a la normativa penal vigente, mientras avanzan las etapas procesales.

Ibarra

CON 110 ACCIONES HASTA 2036 IBARRA BUSCA CONVERTIRSE EN LA CUARTA ECONOMÍA DEL PAÍS

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Publicidad Ibarra dio un paso inusual en la planificación local. El cantón presentó su Plan de Desarrollo Económico y Competitividad 2026–2036, un documento con el que el Municipio busca marcar una ruta de largo plazo para atraer inversión, generar empleo y reorganizar su estrategia productiva. La administración local sostiene que se trata del primer instrumento técnico especializado en competitividad económica elaborado a escala cantonal en el Ecuador. La presentación se realizó en el Teatro Gran Colombia, con la presencia de autoridades nacionales, representantes del sector productivo, emprendedores, comerciantes, estudiantes y actores vinculados al turismo y la cultura. En ese escenario, el alcalde Álvaro Castillo Aguirre dijo que la propuesta es una apuesta estructural para cambiar el ritmo de la economía ibarreña en la próxima década. HOJA DE RUTA CON METAS DE ALTO IMPACTO El plan fija 7 objetivos estratégicos y más de 110 acciones que deberán ejecutarse hasta 2036. Entre sus metas más ambiciosas están llevar a Ibarra a convertirse en la cuarta economía del país, alcanzar el 7% del PIB nacional, reducir el desempleo a menos del 2%, bajar la informalidad al 5%, formar a 40.000 personas en inteligencia artificial y captar más de 300 millones de dólares en inversiones. El documento también proyecta un incremento de 500% en los ingresos agrícolas, una meta que coloca al sector rural en el centro de la estrategia económica local. La propuesta empezará a ejecutarse desde 2026 bajo un modelo de gobernanza que involucra a múltiples actores públicos y privados. Durante el acto, el alcalde Castillo aseguró que “el Plan se convierte en una hoja de ruta clara para transformar nuestra economía y potenciar el talento de nuestra gente, hacia el posicionamiento de una ciudad competitiva que atraiga inversión y genere empleo real”. La presentación del plan estuvo acompañada de un diagnóstico técnico basado en el Índice de Competitividad del Cantón Ibarra (ICCI). Allí, Ibarra obtuvo una calificación de 57,33 sobre 100 puntos, con su mejor desempeño en gobernanza, donde alcanzó 83,38 puntos. Sin embargo, el informe también deja expuesto el mayor nudo de la economía local: el mercado laboral. Ese componente registró apenas 40,51 puntos, en un contexto donde el cantón enfrenta un 6% de desempleo y una informalidad del 70%. Aunque Ibarra concentra el 1,25% de la población del país, su aporte actual a la economía nacional es de 0,81% del PIB. Con esos datos como punto de partida, el Municipio intenta proyectar una transformación profunda de su estructura económica. La apuesta oficial es que la ciudad deje de depender de esfuerzos dispersos y avance hacia una planificación especializada, con metas medibles y capacidad de articular al Estado, al sector privado y a la academia.

Imbabura, Otavalo

REABREN CASO DE LOS ’12 DE OTAVALO’ Y LOS LLEVAN A AUDIENCIA TRAS REVOCATORIA DE ARCHIVO FISCAL

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El proceso judicial contra los llamados ’12 de Otavalo’ vuelve a activarse tras una decisión que cambia el rumbo del caso. La Fiscalía Provincial de Imbabura revocó el archivo que había cerrado la causa y convocó a una audiencia preparatoria de juicio para el 20 de mayo a las 09:00, reabriendo un expediente ligado a los hechos violentos registrados durante las protestas por la eliminación del subsidio al diésel en septiembre y octubre de 2025. La medida devuelve a la escena judicial a los doce procesados, quienes fueron detenidos tras el incendio de un cuartel policial en Otavalo, uno de los episodios más críticos de ese convulsionado episodio nacional. En una primera etapa, la investigación no logró sostenerse. Un fiscal de Otavalo dispuso el archivo del caso al no encontrar evidencias que vinculen directamente a los acusados con los hechos, lo que en su momento significó el cierre del proceso. Sin embargo, la Fiscalía Provincial decidió revertir esa resolución. Luis Yépez, abogado de los implicados, en entrevista en el noticiero matutino de X FM 94.7 de la ciudad de Ibarra, este miércoles 15 de abril de 2026 dijo que el argumento se sustenta en nuevos señalamientos que no tendrían respaldo material. “No tienen pruebas. Se les acusa de atacar con bazucas y ni uno de estos artefactos está en cadena de custodia”, sostuvo. El caso además tuvo un giro en su tipificación penal. Inicialmente se investigó por terrorismo, pero posteriormente los cargos fueron modificados a ataque y resistencia y daño a bien público, lo que redefine el alcance jurídico del proceso. “Nunca se investigó el delito de ataque y resistencia ni daño a bien público, sino se investigó por terrorismo, es decir, las pruebas del delito no existen”, afirmó Yépez, al señalar inconsistencias en la construcción del caso. AUDIENCIA DEFINIRÁ SI EL CASO AVANZA O SE CIERRA El punto crítico será la audiencia del 20 de mayo, donde se resolverá si el proceso avanza a juicio. La defensa anticipa que solicitará el sobreseimiento. “No tenemos ninguna prueba, ningún elemento de que ellos fueron los que quemaron o destruyeron el cuartel de policía”, enfatizó Yépez, quien sostiene que el caso no cumple con los requisitos para pasar a la siguiente fase. Actualmente, todos los procesados se encuentran en libertad, bajo medidas sustitutivas, entre ellas la presentación periódica ante autoridades judiciales. En un inicio, los detenidos fueron trasladados incluso fuera de la provincia, a centros penitenciarios en Manabí y Esmeraldas, en medio de un operativo que generó cuestionamientos de la dirigencia indígena por la forma en que se manejó el caso.

Ibarra, instante

PRESUNTO MALTRATO INFANTIL TERMINA CON LA MUERTE DE UNA NIÑA DE TRES AÑOS EN IBARRA: DOS FAMILIARES DE LA MENOR ESTÁN DETENIDOS

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Publicidad Una escena marcada por la urgencia y la conmoción se registró en una casa de salud de Ibarra, donde personal médico y policial confirmó la muerte de una niña de tres años. El caso, que ahora está en manos de unidades especializadas, abre una investigación por presunto maltrato infantil dentro del entorno familiar. La alerta fue atendida por agentes de la Dirección Nacional de Investigación de Delitos contra la Vida (Dinased), quienes al llegar al hospital verificaron que la menor ya no tenía signos vitales. El informe médico legal determinó que el cuerpo presentaba múltiples lesiones físicas en varias partes, incluso laceraciones en sus manos, un hallazgo que orientó las primeras diligencias hacia una posible agresión reiterada. Las características de las heridas, según las primeras evaluaciones, serían compatibles con el uso de objetos contundentes, lo que refuerza la hipótesis de violencia previa al fallecimiento. ENTORNO CERCANO BAJO INVESTIGACIÓN Como parte de las acciones inmediatas, la Policía procedió a la aprehensión de dos personas del círculo familiar: la madre y el padrastro, identificados como Bryan T. y Valentina C, quienes, al ingresar al hospital, dijeron a los galenos que la menor se había caído. Ambos fueron puestos a órdenes de la autoridad competente mientras se desarrollan las pericias y el proceso judicial. Desde la unidad investigativa se maneja como línea principal que la menor habría sido víctima de maltrato infantil, por lo que se ejecutan levantamientos de información y recopilación de evidencias en la vivienda donde ocurrieron los hechos, ubicada en el sector Huertos Familiares, norte de la ciudad de Ibarra. Publicidad

Ibarra, instante

300 PRIVADOS DE LIBERTAD FUERON TRASLADADOS DESDE IMBABURA A AZUAY PARA REDUCIR HACINAMIENTO

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El movimiento de 300 personas privadas de libertad desde el Centro de Privación de Libertad Imbabura N.° 1 hacia el Centro de Privación de Libertad Azuay N.° 1 se ejecutó sin información previa, generando incertidumbre entre familiares que permanecieron durante horas en los exteriores del recinto penitenciario. Un día después, el Servicio Nacional de Atención Integral a Personas Adultas Privadas de la Libertad (SNAI) expuso los argumentos detrás de la operación. La intervención, calificada como un “mega operativo de seguridad”, se realizó con la participación de Policía Nacional, Fuerzas Armadas y el Cuerpo de Seguridad Penitenciaria, en medio de un fuerte resguardo que incluyó el cierre perimetral y el traslado en buses interprovinciales bajo custodia armada. OPERATIVO RESPONDE A CRITERIOS TÉCNICOS Y REDUCCIÓN DE HACINAMIENTO Según el pronunciamiento oficial, el traslado se ejecutó bajo criterios técnicos, con el objetivo de reducir el hacinamiento en la cárcel de Ibarra, recuperar el control institucional y mejorar las condiciones de habitabilidad dentro del sistema carcelario. El SNAI sostuvo que estas acciones forman parte de su Plan Estratégico para reorganizar la población penitenciaria en el país. En su informe, la entidad también aseguró que durante el operativo se garantizó el respeto a los derechos humanos, mientras se busca fortalecer los procesos de rehabilitación social y debilitar estructuras vinculadas al crimen organizado que operan al interior de los centros de privación de libertad. NINGÚN INTERNO FUE ENVIADO A LA CÁRCEL DEL ENCUENTRO Uno de los puntos que generó mayor expectativa fue el destino de los internos considerados de alta peligrosidad. Sin embargo, el SNAI confirmó que ninguno de los 300 privados de libertad fue trasladado a la Cárcel del Encuentro, en la provincia de Santa Elena. La razón, según la entidad, es que los reclusos no cumplen con el perfil de peligrosidad requerido para ese centro de máxima seguridad, lo que descarta que el operativo haya estado dirigido a aislar cabecillas de alto riesgo en ese recinto. Mientras tanto, los familiares de las personas recluidas en la cárcel de Ibarra, continúan a la espera de la lista de personas que fueron transferidas a Azuay, en medio de cuestionamientos por la falta de comunicación previa y oportuna.

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