
El proceso judicial contra los llamados ’12 de Otavalo’ vuelve a activarse tras una decisión que cambia el rumbo del caso. La Fiscalía Provincial de Imbabura revocó el archivo que había cerrado la causa y convocó a una audiencia preparatoria de juicio para el 20 de mayo a las 09:00, reabriendo un expediente ligado a los hechos violentos registrados durante las protestas por la eliminación del subsidio al diésel en septiembre y octubre de 2025.
La medida devuelve a la escena judicial a los doce procesados, quienes fueron detenidos tras el incendio de un cuartel policial en Otavalo, uno de los episodios más críticos de ese convulsionado episodio nacional. En una primera etapa, la investigación no logró sostenerse. Un fiscal de Otavalo dispuso el archivo del caso al no encontrar evidencias que vinculen directamente a los acusados con los hechos, lo que en su momento significó el cierre del proceso. Sin embargo, la Fiscalía Provincial decidió revertir esa resolución.
Luis Yépez, abogado de los implicados, en entrevista en el noticiero matutino de X FM 94.7 de la ciudad de Ibarra, este miércoles 15 de abril de 2026 dijo que el argumento se sustenta en nuevos señalamientos que no tendrían respaldo material. “No tienen pruebas. Se les acusa de atacar con bazucas y ni uno de estos artefactos está en cadena de custodia”, sostuvo.
El caso además tuvo un giro en su tipificación penal. Inicialmente se investigó por terrorismo, pero posteriormente los cargos fueron modificados a ataque y resistencia y daño a bien público, lo que redefine el alcance jurídico del proceso.
“Nunca se investigó el delito de ataque y resistencia ni daño a bien público, sino se investigó por terrorismo, es decir, las pruebas del delito no existen”, afirmó Yépez, al señalar inconsistencias en la construcción del caso.
AUDIENCIA DEFINIRÁ SI EL CASO AVANZA O SE CIERRA
El punto crítico será la audiencia del 20 de mayo, donde se resolverá si el proceso avanza a juicio. La defensa anticipa que solicitará el sobreseimiento. “No tenemos ninguna prueba, ningún elemento de que ellos fueron los que quemaron o destruyeron el cuartel de policía”, enfatizó Yépez, quien sostiene que el caso no cumple con los requisitos para pasar a la siguiente fase.

Actualmente, todos los procesados se encuentran en libertad, bajo medidas sustitutivas, entre ellas la presentación periódica ante autoridades judiciales. En un inicio, los detenidos fueron trasladados incluso fuera de la provincia, a centros penitenciarios en Manabí y Esmeraldas, en medio de un operativo que generó cuestionamientos de la dirigencia indígena por la forma en que se manejó el caso.
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