Carchi, instante

BALACERA EN CÚNQUER DEJA UNA PERSONA FALLECIDA

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El norte del país vuelve a registrar un hecho violento con consecuencias fatales. La mañana de este martes 07 de abril de 2026, un menor de 14 años falleció tras recibir un impacto de bala en medio de un intercambio de disparos entre integrantes de una organización delictiva y agentes de la Policía Nacional. El enfrentamiento se registró en el sector de Cúnquer, cantón Bolívar, provincia de Carchi, durante una persecución a una caravana que supuestamente custodiaba una cargamento de sustancias ilicitas, que viajaba en dirección al cantón Ibarra por la vía panamericana. En ese sector, uno de esos vehículos, hizo una maniobra peligrosa, giró en U en el mismo carril y comenzó a circular en contravía. Desde ese automotor abrieron fuego contra las patrullas policiales, lo que derivó en el cruce de balas. El procedimiento policial dejó cuatro ciudadanos colombianos detenidos. En la escena, unidades de Criminalística inspeccionaron dos autos y seis motocicletas con placas extranjeras,  con perforaciones en los neumáticos. De acuerdo con los reportes preliminares, los implicados portaban radios de comunicación. Agentes Antinarcóticos llegaron al sitio para recabar información y determinar posibles conexiones con estructuras de narcotráfico que operan en la zona fronteriza. Mientras tanto, los peritos levantaron indicios balísticos. Hasta el cierre de este reporte, el operativo continuaba activo, por lo que no se descarta que existan más personas derenidas. Ni la Policía Nacional en la Subzona Imbabura ni su similar en Carchi han emitido un pronunciamiento oficial detallado sobre las circunstancias del hecho.

Imbabura

750 FAMILIAS DE 4 CANTONES DE IMBABURA RECIBEN CANASTAS DE ALIMENTOS Y CAPACITACIÓN FRENTE A DESNUTRICIÓN INFANTIL

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La entrega de 750 canastas de alimentos nutritivos, valoradas en 80 dólares cada una, forma parte de una intervención social en Imbabura que apunta a fortalecer la seguridad y soberanía alimentaria. La acción es impulsada por Warmi Imbabura, eje social de la Prefectura Ciudadana, y se ejecuta en parroquias rurales de los cantones Otavalo, Ibarra, Cotacachi y Antonio Ante. Las poblaciones beneficiadas son  Ilumán, Miguel Egas, Quichinche, El Jordán, La Esperanza, Angochagua, Quiroga, Imantag, García Moreno y San Roque. La intervención no se limita a la asistencia inmediata, sino que forma parte de una estrategia estructurada que combina acceso a alimentos con procesos de formación y fortalecimiento productivo. Este componente se financia a través de un convenio entre la Fundación de Cooperación para el Desarrollo de España (Codespa) y el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), dentro del proyecto ‘Seguridad Alimentaria Frente a la Pandemia en la Mancomunidad del Norte del Ecuador’, que moviliza una inversión superior a 1,3 millones de dólares, con aportes adicionales de gobiernos locales de Imbabura, Carchi, Sucumbíos y Esmeraldas. Publicidad INTERVENCIÓN INTEGRAL EN TERRITORIO La entrega de alimentos se articula con un proceso previo de capacitación que ha alcanzado a 750 familias, principalmente mujeres y madres cuidadoras, a través de talleres sobre nutrición infantil, higiene de alimentos y autocuidado. Estos espacios formativos se desarrollan en parroquias rurales de Ibarra, Otavalo y Cotacachi, como parte de una estrategia para mejorar prácticas alimentarias en el hogar. El enfoque combina asistencia directa con transferencia de conocimientos, con el objetivo de generar cambios sostenibles en la salud familiar. En este contexto, la implementación de Granjas Orgánicas Climáticamente Inteligentes complementa el proceso, promoviendo la producción local de alimentos nutritivos y el fortalecimiento de la autonomía económica de mujeres cabezas de hogar. “Para quienes somos madres primerizas, estas capacitaciones son muy valiosas porque nos enseñan a cuidar mejor a nuestros hijos. Además, recibir alimentos es un apoyo importante para nuestras familias, sobre todo cuando los recursos son limitados”, dijo Alisa Túquerrez, de la comunidad de Pastaví de Otavalo. DESNUTRICIÓN INFANTIL: CIFRAS QUE MARCAN LA URGENCIA La intervención se desarrolla en un escenario donde la desnutrición crónica infantil mantiene cifras elevadas. Según la Encuesta Nacional sobre Desnutrición Infantil (ENDI), en Ecuador el 19,3 % de niñas y niños menores de dos años presenta esta condición, mientras que en Imbabura el indicador asciende al 22,3 %, evidenciando una mayor incidencia en territorios rurales. Las brechas internas también son significativas. Otavalo registra un 25,47 % de desnutrición crónica infantil y Cotacachi un 21,27 %, datos que reflejan la necesidad de intervenciones focalizadas y sostenidas. A este panorama se suma la denominada triple carga nutricional, que incluye desnutrición, sobrepeso y deficiencia de micronutrientes, vinculada a desigualdades estructurales en el acceso a una alimentación adecuada. “El trabajo de cuidado que sostienen las mujeres es esencial para la vida y el bienestar de las familias. Garantizar una alimentación adecuada, entornos protectores y una vida libre de violencia es clave para que niñas y niños crezcan sanos y con oportunidades”, explicó la viceprefecta de Imbabura, Paolina Vercoutere. En la misma línea, el prefecto Richard Calderón dijo que “las mujeres sostienen el desarrollo de la provincia, desde el trabajo productivo hasta el cuidado de sus hogares. Por eso, fortalecer sus oportunidades y garantizar una buena nutrición para niñas y niños es apostar por un mejor futuro para Imbabura”. La intervención consolida un modelo que combina entrega de alimentos, capacitación y producción sostenible, con ejecución directa en territorio. El objetivo es reducir brechas en el acceso a la alimentación y fortalecer condiciones de bienestar en comunidades rurales, en una provincia donde los indicadores nutricionales continúan siendo un desafío estructural. Publicidad

Imbabura, Otavalo

OTAVALO APRUEBA ORDENANZA CONTRA LA VIOLENCIA DE GÉNERO TRAS PROCESO DE MÁS DE UN AÑO Y MEDIO

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En el cantón Otavalo, el Concejo Municipal aprobó por unanimidad una ordenanza orientada a prevenir y erradicar la violencia contra las mujeres. La normativa fue aprobada tras un trabajo técnico y participativo que involucró a instituciones locales, cooperación internacional y ciudadanía organizada. La construcción de esta política pública se sustentó en la participación de más de 300 mujeres que intervinieron en asambleas urbanas y rurales, cuyos aportes fueron sistematizados y debatidos en instancias municipales. El proceso contó con el respaldo técnico de la Agencia Alemana de Cooperación Internacional (GIZ) y el análisis de la Comisión de Igualdad y Género, lo que permitió fortalecer el contenido normativo desde un enfoque intercultural. El desarrollo de la ordenanza incluyó hitos específicos dentro del cronograma institucional. El 12 de junio de 2024 se realizó una asamblea cantonal con mujeres de distintos territorios, mientras que el 29 de noviembre del mismo año se socializaron los resultados, consolidando una propuesta estructurada con base en experiencias reales de violencia y demandas comunitarias. Publicidad Este instrumento legal se alinea con el marco normativo nacional, incluyendo la Constitución, el Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización (COOTAD) y la Ley Orgánica Integral para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres. Además, establece la obligatoriedad de difusión en castellano y kichwa, con el objetivo de garantizar su alcance en un territorio caracterizado por su diversidad cultural. Según datos del INEC, 6 de cada 10 mujeres en el país han sufrido algún tipo de violencia, una cifra que dimensiona la urgencia de políticas locales con enfoque territorial. En cantones como Otavalo, esta problemática adquiere particularidades asociadas a contextos interculturales, lo que demanda respuestas diferenciadas y sostenibles. IMPLEMENTACIÓN Y PRÓXIMAS ACCIONES La ordenanza contempla la creación de mecanismos operativos para su ejecución. En un plazo de 30 días tras su promulgación, se convocará a la primera reunión de la Mesa Cantonal “Ñukanchik Kawsaymanta”, mientras que en 60 días se iniciará la formulación del Plan Cantonal de Prevención y Erradicación de la Violencia, con participación de actores territoriales. De forma paralela, se prevé la implementación de programas de capacitación institucional en derechos humanos con enfoque de género, así como el desarrollo de productos comunicacionales orientados a la prevención. «Hoy Otavalo da un paso firme hacia la justicia social. Esta ordenanza no nace desde un escritorio, nace desde la voz de nuestras mujeres, desde sus luchas, sus historias y su esperanza», manifestó Anabel Hermosa, alcaldesa de Otavalo. Más de un año y medio de trabajo, 300 mujeres involucradas y una aprobación unánime marcan el punto de partida para su implementación.

Antonio Ante, Imbabura

FERIA DEL CUY DE CHALTURA SE EXPANDE A DOS DÍAS Y APUNTA A SUPERAR LOS 10 MIL VISITANTES

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Publicidad Desde este sábado 04 de abril de 2026, la parroquia de Chaltura, en el cantón Antonio Ante, activa una de sus vitrinas gastronómicas más representativas. La Feria del Cuy, que nació en 2025 como una iniciativa comunitaria, y busca consolidarse este año con una programación ampliada a dos días -4 y 5 de abril-, con un despliegue logístico mayor y una oferta que combina gastronomía, cultura y entretenimiento. El evento se desarrollará en el parque de la familia y se extenderá hacia las calles aledañas, que serán peatonalizadas para recibir a miles de visitantes. La edición anterior registró una afluencia estimada entre 7.000 y 10.000 personas, lo que generó presión sobre servicios y espacios, situación que motivó ajustes en la planificación de esta edición. OFERTA GASTRONÓMICA SE DIVERSIFICA CON 12 CARPAS EXCLUSIVAS Y NUEVOS PLATOS La feria incorpora un patio de comidas con 12 carpas dedicadas exclusivamente al cuy, con preparaciones tradicionales y propuestas innovadoras que amplían la experiencia culinaria. Entre las opciones se incluyen cuy frito, al carbón, pinchos, locro, además de versiones reinterpretadas como ceviche, cevichocho y derivados procesados. A la par, se impulsa una estrategia para extender el impacto económico más allá de la feria mediante incentivos al consumo en restaurantes locales durante todo el año. “A toda la gente que nos acompaña en la Feria del Cuy y se sirva su Cuy en la Feria, el Centro Intercultural Chaltura y el municipio de Antonio Ante les va a obsequiar el pasaporte del Cuy que va a servir para que todo el año la gente vaya a Chaltura y selle su pasaporte con magníficas promociones que van a dar los restaurantes asociados”, detalló Juan Carlos Mafla, organizador de la feria. FERIA INCORPORA COMPONENTE INTERNACIONAL, ARTÍSTICO Y COMUNITARIO El evento no se limita a la gastronomía. La agenda incluye concursos tradicionales como carreras de cuyes, Cuy Fashion, Guagua Cuy y elección del Rey Cuy, además de dinámicas participativas y actividades familiares. En paralelo, se desarrollará un simposio de escultura con artistas locales y extranjeros que producirán piezas temáticas para el espacio público. “El Municipio de Antonio Ante liderado por César Escobar, también hace un gran aporte, ellos nos han ayudado con el tema artístico, todo el cartel artístico está pagado por el municipio de Antonio Ante, quienes donaron cinco mil dólares para este evento”, indicó el Mafla. En esta edición, la feria suma delegaciones de otras localidades, incluyendo participación internacional, lo que introduce intercambios culinarios y culturales. La organización también articula la presencia de artesanos textiles y productores locales, reforzando el componente económico. La entrada al evento es gratuita, con una colaboración voluntaria simbólica destinada a la unidad educativa local, origen de la iniciativa. Con estos elementos, la Feria del Cuy proyecta consolidarse como un evento de escala regional que articula turismo, identidad gastronómica y dinamización económica en el norte del país.

Ecuador, Tendencias

SEMANA SANTA EN CIFRAS: 45 MIL ECUATORIANOS SE LLAMAN ‘JESÚS’ Y SOLO CINCO ‘JUDAS’

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Publicidad Mientras en las calles del país se recrean pasajes bíblicos y las procesiones matizan el ambiente de barrios, parroquias y templos, los datos oficiales del Registro Civil revelan las preferencias marcadas por la devoción de los ecuatorianos. Desde el año 2000, 45.852 ecuatorianos han sido inscritos con el nombre de Jesús, frente a apenas cinco personas registradas como Judas, según datos difundidos este jueves 2 de abril de 2026 por esa institución. UNA “PROCESIÓN” DE NOMBRES QUE SE CONCENTRA EN LA COSTA La tendencia no es homogénea, pero sí contundente. Guayas encabeza la lista con 14.599 personas llamadas Jesús, seguido por Manabí con 6.914 y Pichincha con 4.695, en una distribución donde la tradición religiosa mantiene una presencia constante en la vida cotidiana. En contraste, el otro lado de la historia es mínimo. Solo cinco ecuatorianos han sido inscritos como Judas en 26 años. Estos ciudadanos nacieron en  Napo, Tungurahua y Cotopaxi, con registros aislados que evidencian una elección poco frecuente. LA HISTORIA BÍBLICA Judas Iscariote, según los relatos bíblicos, fue uno de los doce discípulos de Jesús y formó parte de su círculo más cercano durante su predicación. Sin embargo, su figura quedó marcada por la traición: de acuerdo con los evangelios, entregó a Jesús a las autoridades a cambio de treinta monedas de plata, señalándolo con un beso para que fuera identificado y arrestado. Este acto desencadenó el proceso que llevó a la crucifixión, convirtiendo su nombre en un símbolo universal de traición a lo largo de la historia. La marcada diferencia en los registros  evidencia cómo la tradición católica sigue teniendo un peso predominante en el país. No se trata solo de una elección nominal, sino de una expresión cultural arraigada, donde los referentes asociados a valores positivos, fe y esperanza se imponen en la decisión de las familias, reflejando la influencia histórica de la religión en la construcción de la identidad social en Ecuador.

Ibarra, Imbabura

EMELNORTE ELIMINA HASTA EL 45% DE CABLEADO EN DESUSO EN EL SUR DE IBARRA

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Publicidad Una intervención técnica de la Empresa Eléctrica Regional del Norte, (Emelnorte) concentrada en la calle Hernán González de Saa, entre las avenidas Atahualpa y Princesa Pacha, permitió el retiro del 45% del cableado en desuso en aproximadamente un kilómetro de extensión, tras cinco días consecutivos de trabajo. La acción se enfocó en reorganizar la infraestructura compartida entre redes eléctricas y de telecomunicaciones, en un punto donde la acumulación de cables había alcanzado niveles críticos. El operativo implicó la intervención directa de cerca de 75 postes, estructuras que soportaban múltiples capas de cableado instalado en distintos momentos y sin retiro de líneas inactivas. Para ejecutar el ordenamiento fue necesaria la coordinación simultánea de entre 15 y 17 operadoras de telecomunicaciones, cada una responsable de identificar, desmontar o reubicar sus redes en campo. El volumen retirado -entre 8 y 10 metros cúbicos de cableado en desuso- equivale, en términos operativos, a una carga estimada de entre 16 y 20 toneladas, considerando la composición mixta de estos materiales, que combinan cobre, aluminio y recubrimientos plásticos. Esta magnitud no solo dimensiona la acumulación histórica en la infraestructura urbana, también evidencia el impacto técnico de la intervención al liberar peso estructural en los postes. La intervención permitió además optimizar el uso del espacio en los postes, al reorganizar los tendidos activos y eliminar interferencias físicas entre cables de distintas operadoras, lo que incide directamente en la estabilidad del servicio y en la reducción de interrupciones asociadas a redes saturadas. La eliminación de cableado innecesario reduce la contaminación visual en el entorno y mejora las condiciones de seguridad en la vía pública, especialmente en sectores donde el crecimiento de servicios de telecomunicaciones no ha estado acompañado de procesos sistemáticos de retiro de infraestructura obsoleta. Como parte de su planificación operativa, Emelnorte confirmó que durante abril se ejecutarán trabajos similares en otros sectores de Ibarra, Atuntaqui, Cotacachi y Cayambe, con el objetivo de intervenir otros tramos urbanos que presentan niveles elevados de saturación de redes y replicar el esquema de coordinación técnica aplicado en este operativo.

Cotacachi, Imbabura

MODELO AGRÍCOLA DE IMBABURA CAPTA INTERÉS INTERNACIONAL POR REDUCCIÓN DE AGROQUÍMICOS

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Publicidad Una misión técnica del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) llegó hasta la comunidad El Rosal, ubicada en la zona de Intag del cantón Cotacachi, en Imbabura, para verificar en territorio las condiciones productivas de agricultores vinculados a la cadena de valor de Productos Olé. La visita forma parte del Proyecto FARM, una iniciativa global que busca reducir el uso de plaguicidas altamente peligrosos y promover prácticas agrícolas sostenibles mediante la integración de pequeños productores a modelos responsables. Durante el recorrido, los evaluadores analizaron la operatividad del sistema “Del Campo al Campo”, un esquema productivo que articula asistencia técnica, planificación agrícola y relaciones comerciales estables. Este modelo, que lleva cinco años en funcionamiento, permite asegurar trazabilidad en la producción y acceso a insumos orgánicos, elementos considerados determinantes para su posible incorporación al programa internacional, explicó Pedro Vega, CEO de Productos Olé. DATOS EVIDENCIAN IMPACTO AMBIENTAL Y PRODUCTIVO DEL MODELO Los resultados presentados durante la evaluación muestran avances concretos en sostenibilidad. Se han entregado alrededor de 400 toneladas métricas de abono orgánico, lo que ha contribuido a mejorar la calidad del suelo y disminuir la dependencia de agroquímicos. A esto se suma la reducción de emisiones, con 18 toneladas de metano evitadas, equivalentes a 525 toneladas de CO2. El impacto también se refleja en el ámbito productivo y social. Más de 200 familias agricultoras forman parte de este modelo, que ha permitido evitar el uso de 25 toneladas métricas de fertilizantes químicos y ha incorporado 37 toneladas de carbono al suelo, fortaleciendo procesos de regeneración agrícola. Desde el Proyecto FARM se destacó el rol del sector privado en estos procesos. “Los modelos como ‘Del Campo al Campo’ evidencian cómo el sector privado puede generar impacto sostenible real cuando integra a pequeños productores en su estrategia de negocio”, señaló su representante. En el territorio, los agricultores identifican cambios estructurales en su dinámica de trabajo. Luis Suárez, representante de la comunidad, explicó: “hoy somos aliados estratégicos dentro de una cadena de valor que nos garantiza comercio justo, capacitación y acceso a insumos orgánicos. Esto ha fortalecido nuestras familias, nuestra productividad y nuestra visión de futuro”. La evaluación en Imbabura se da en un contexto global donde el 78% de consumidores prioriza productos elaborados bajo prácticas responsables, lo que posiciona a este tipo de iniciativas como una alternativa viable para el desarrollo rural sostenible y la competitividad del sector alimentario.

Imbabura, instante, Urcuquí

CINCO DÍAS SIN RASTRO DE ROSA QUIRANZA

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En el sector San Juan Alto, una zona rural del cantón Urcuquí, con estanques, sembríos y terrenos abiertos, se concentra el operativo de búsqueda de Rosa María Quiranza Coquis. La mujer fue vista por última vez el jueves 26 de marzo de 2026 en ese sector y la alerta fue activada por sus familiares. El Cuerpo de Bomberos de Urcuquí desplegó las primeras acciones el lunes 30 de marzo junto a comuneros, realizando recorridos. La ausencia de indicios en esta fase obligó a extender la búsqueda hacia áreas aledañas, bajo criterios técnicos definidos por los rescatistas. Para este martes 31 de marzo, el operativo incorporó drones para rastreo aéreo con el objetivo de cubrir zonas de difícil acceso y equipos de buceo en reservorios de agua. “Con base a los datos facilitados por los familiares, se realizó un barrido sistemático en el área señalada”, informó un rescatista que pidió la reserva. Hasta el cierre de este reporte, no se encontraron indicios de la adulta mayor. La fotografía de Rosa María ya consta en el sistema nacional de personas desaparecidas, mientras familiares, vecinos y rescatistas sostienen las labores en territorio.

Cotacachi, Imbabura

MUNICIPIO DE COTACACHI INAUGURA SU CENTRO DE VIDEOVIGILANCIA ANCLADO AL ECU 911

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Publicidad Un sistema de monitoreo en tiempo real empezó a operar en Cotacachi con la inauguración del Centro de Videovigilancia Municipal, una infraestructura que se integra al sistema ECU 911 y que se convierte en la primera de su tipo en Imbabura. El proceso arrancó en noviembre de 2024 con la validación de compra exigida para este tipo de tecnología en el sector público. El sistema está compuesto por 54 cámaras con inteligencia artificial y sistema lector de placas, ubicadas en zonas estratégicas del cantón, lo que permite identificar vehículos y registrar eventos en vía pública. La operación se concentra en una sala equipada con cuatro consolas, desde donde se realiza el monitoreo permanente con personal capacitado por el propio ECU 911. “Es la primera sala de monitoreo autorizada en la parte norte del país, específicamente en Imbabura, que ha cumplido con todos los requerimientos técnicos y normativos que exige la legislación ecuatoriana en cuanto a la interoperabilidad y la videovigilancia en el país”, señaló Cecilia Ludeña, coordinadora zonal del ECU 911. La infraestructura se incorpora al sistema nacional de emergencias bajo un modelo en el que la atención de llamadas se mantiene de manera exclusiva en la línea 911, mientras el centro local cumple funciones de observación, generación de alertas y apoyo operativo. Este esquema permite integrar la información captada en territorio con las instituciones de primera respuesta. “¿Se acaba la inseguridad en el Ecuador, en Imbabura, en Cotacachi, con la instalación de esta sala de videovigilancia anclado al ECU 911? Evidentemente que no, pero se hace un corte transversal histórico, relevante y trascendental en nuestro cantón para la lucha contra la inseguridad”, afirmó el alcalde Jomar Cevallos. El sistema opera bajo protocolos que regulan el acceso a la información, la confidencialidad de los datos y los procedimientos para el uso de imágenes. Estos lineamientos fueron establecidos como condición para su funcionamiento y son parte del control institucional que se mantiene sobre la videovigilancia en el país. La implementación del sistema se produce en un contexto de incremento de hechos delictivos a nivel provincial y nacional, lo que ha impulsado a los gobiernos locales a incorporar herramientas tecnológicas como complemento a las acciones operativas. En este caso, la videovigilancia se orienta a fortalecer la prevención y el control del espacio público. “Tenemos que prevenir la inseguridad, y esta prevención se demuestra ahora con un modelo de trabajo conjunto; si no trabajamos mancomunadamente entre instituciones, la inversión no tendría sentido”, sostuvo Cevallos. Tres Agentes Civiles de Tránsito, tres bomberos, y tras auxiliares de seguridad del municipio trabajarán en el centro. Otros tres funcionarios realizarán las funciones de supervisión. El modelo de gestión del sistema establece la operación de la sala en tres turnos diarios de 8 horas cada uno, para garantizar el monitoreo las 24 horas del día. Publicidad

Análisis, Ibarra

‘DISPUTAS ENTRE BANDAS Y DESPLAZAMIENTO DELICTIVO ELEVAN VIOLENCIA EN IMBABURA’, SEGÚN EXPERTA

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La presión operativa del Estado sobre los Grupos de Delincuencia Organizada (GDO ) en la costa ecuatoriana empieza a generar un reacomodo territorial que ya se siente en el norte del país. En la provincia de Imbabura, particularmente, el primer trimestre de 2026 deja al menos 7 muertes violentas, una cifra que enciende alertas en una zona históricamente considerada de menor conflictividad. Este escenario fue analizado en el programa Las Noticias de X de Radio X FM 94.7, donde la especialista en perfilación y comportamiento criminal, Ana Minga, confirmó que este fenómeno estructural es una realidad en la jurisdicción. “Efectivamente hay un desplazamiento (…). Esto es un escenario que ya se preveía”, explicó, al detallar que estas organizaciones operan como estructuras complejas. “Hay que entenderlas como una empresa (…). Te cierran en un lado y abren operaciones en otro lado”. TERRITORIOS EN DISPUTA Y NUEVAS FORMAS DE OPERACIÓN El norte del país comienza a aparecer en el radar de estas estructuras, no solo como refugio, sino como espacio de expansión. Según Minga, la primera fase es huir de la presión estatal, más si esta es anunciada. Pero la segunda es conquistar nuevos territorios, lo que incrementa el riesgo para provincias como Imbabura. “Si se desplazan a otros lugares pueden conquistar esos territorios y se van extendiendo y eso es muy peligroso para la sociedad”, advirtió. La especialista también reveló dinámicas emergentes en la provincia. Una de ellas es el reclutamiento de informantes locales. “Hay muchas personas que se dedican a dar información a estos grupos (…). Tengo entendido que les estarían pagando hasta 60 dólares diarios por pasar información”, señaló. A esto se suman factores estructurales que facilitan la instalación de estas redes: presencia de minería ilegal (en la parroquia Buenos Aires de Urcuquí), cercanía a la frontera, contrabando histórico y geografía compleja, elementos que, según la experta, son evaluados estratégicamente por las organizaciones criminales antes de asentarse. IMBABURA EN EL MAPA DEL CRIMEN ORGANIZADO Los recientes hechos violentos registrados en Ibarra muestran patrones que, de acuerdo con el análisis criminal, responden a estructuras organizadas. El uso de disfraces policiales, ataques tipo sicariato y la incineración de vehículos evidencian planificación y logística. “Para hacer un tipo de incendios así necesitas más de una persona. Cada banda tiene su firma”, explicó Minga, al referirse a los modus operandi diferenciados de grupos como Los Lobos o Los Choneros, quienes tienen estructuras de poder horizontales y verticales, respectivamente. Además, alertó que la violencia actual no solo responde a la presión estatal, sino a disputas entre bandas por control territorial, en un contexto que calificó como un conflicto abierto.“Estamos en guerra, y las bandas no han mostrado sumisión, al contrario, hay enfrentamiento directo con el Estado”, sostuvo.En ese escenario, el norte del país enfrenta un punto de inflexión. La percepción de seguridad cambia, mientras el fenómeno del crimen organizado se adapta, se desplaza y se expande. “Las ciudades han cambiado y van a cambiar. Esa idea de isla de paz que existía en algunas ciudades se acabó”, concluyó la especialista, evidenciando un desafío que ya no es exclusivo de otras regiones, sino una realidad que comienza a instalarse en Imbabura y en todo el norte ecuatoriano.

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