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Imbabura, Otavalo

CONVOCAN A MINGA PARA RECONSTRUIR MURAL BORRADO EN EL PARTIDERO A COTACACHI

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La eliminación de un mural en el sector conocido como el partidero a Cotacachi, reactivó la movilización de organizaciones indígenas y colectivos culturales en Imbabura. Dirigentes comunitarios anunciaron una minga para este viernes con el objetivo de volver a pintar la obra, que había sido realizada durante las jornadas de protesta registradas en septiembre y octubre de 2025. El mural, que rendía homenaje a víctimas de ese periodo, fue cubierto con pintura gris en días recientes, por la empresa concesionaria de la vía, en una zona de alta circulación vehicular. La acción generó reacciones desde distintos sectores, especialmente en comunidades que consideran la obra como parte de su memoria colectiva. ARTE, MEMORIA Y TERRITORIO EN DISPUTA Para el abogado Luis Yépez, vinculado a la defensa de organizaciones indígenas, el mural representa una expresión cultural que no puede ser eliminada sin diálogo. “Los pueblos indígenas tienen una memoria histórica que se expresa también a través del arte, la pintura, la danza y la música”, afirmó. La intervención que eliminó el mural ha sido atribuida a decisiones vinculadas a la administración de la vía, en un contexto donde también se han planteado argumentos relacionados con seguridad vial y mantenimiento de infraestructura. Frente a este escenario, organizaciones como la Unión de Comunidades de Ilumán y colectivos culturales han convocado a una jornada comunitaria para reconstruir el mural. Según Yépez, la actividad se desarrollará de manera pacífica y coordinada. “Nosotros no estamos provocando a nadie, queremos expresar el arte y de esa forma convocar a la reflexión”, sostuvo, al destacar que la iniciativa busca evitar confrontaciones. El jurista también advirtió que la ausencia de diálogo podría generar tensiones innecesarias. “Lo más razonable es que las autoridades y la comunidad se sienten a dialogar y establezcan acuerdos”, manifestó. La minga incluirá la participación de artistas, músicos y habitantes de las comunidades cercanas, quienes retomarán la temática original del mural, centrada en los hechos y víctimas de 2025. La convocatoria se realiza en medio de la expectativa sobre la presencia de controles en la zona. No obstante, desde las organizaciones se insiste en que la jornada mantendrá un carácter cultural y comunitario. “Si ellos están el viernes, nosotros vamos a estar antes y después”, expresó Yépez, en referencia a una eventual presencia de fuerza pública en el sector.

Imbabura, instante

MADRE Y PADRASTRO APREHENDIDOS TRAS HALLAZGO DE MENOR SIN VIDA EN ATUNTAQUI

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Una denuncia por desaparición terminó revelando un nuevo hecho violento contra una menor en el norte del país. La Policía Nacional del Ecuador confirmó la aprehensión de la madre y el padrastro de una niña de un año, reportada como desaparecida el 09 de abril de 2026 en el cantón Montúfar, provincia del Carchi, y localizada sin vida días después en Imbabura. De acuerdo con la versión oficial, tras la alerta se activaron los protocolos de búsqueda con intervención de la Dirección Nacional de Delitos contra la Vida, Muertes Violentas, Desapariciones, Extorsión y Secuestros (Dinased). Las diligencias investigativas permitieron ubicar a la menor alrededor de la 01:00 de este jueves 16 de abril de 2026 en la ciudad de Atuntaqui, donde fue encontrada sin signos vitales, en estado de descomposición y envuelta en cobijas.El levantamiento del cuerpo se realizó en coordinación con las autoridades competentes, mientras se iniciaban las diligencias legales para esclarecer el hecho. DENUNCIA CON INCONSISTENCIAS Y CONTRADICCIONES El proceso investigativo tomó fuerza desde la denuncia presentada por la madre y su pareja en San Gabriel. Según información complementaria, durante la toma de versiones las autoridades detectaron contradicciones en los testimonios, lo que derivó en nuevas acciones como el allanamiento del domicilio de los denunciantes. En ese contexto, y frente a los indicios recopilados, la pareja habría admitido su participación en el hecho. Se establece que la menor habría fallecido el mismo 09 de abril, y posteriormente su cuerpo fue trasladado hasta Imbabura, donde fue abandonado en un terreno con vegetación. La causa de muerte estaría relacionada con asfixia por sumersión, elemento que forma parte de las líneas investigativas. La Policía informó que los aprehendidos son Ana N., madre de la menor, y Jordan A., padrastro, ambos de nacionalidad colombiana. Se detalló además que el hombre registra antecedentes por homicidio, lo que se incorpora al análisis del caso. Los implicados enfrentan cargos por desaparición involuntaria con resultado de muerte, conforme a la normativa penal vigente, mientras avanzan las etapas procesales.

Ibarra

CON 110 ACCIONES HASTA 2036 IBARRA BUSCA CONVERTIRSE EN LA CUARTA ECONOMÍA DEL PAÍS

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Publicidad Ibarra dio un paso inusual en la planificación local. El cantón presentó su Plan de Desarrollo Económico y Competitividad 2026–2036, un documento con el que el Municipio busca marcar una ruta de largo plazo para atraer inversión, generar empleo y reorganizar su estrategia productiva. La administración local sostiene que se trata del primer instrumento técnico especializado en competitividad económica elaborado a escala cantonal en el Ecuador. La presentación se realizó en el Teatro Gran Colombia, con la presencia de autoridades nacionales, representantes del sector productivo, emprendedores, comerciantes, estudiantes y actores vinculados al turismo y la cultura. En ese escenario, el alcalde Álvaro Castillo Aguirre dijo que la propuesta es una apuesta estructural para cambiar el ritmo de la economía ibarreña en la próxima década. HOJA DE RUTA CON METAS DE ALTO IMPACTO El plan fija 7 objetivos estratégicos y más de 110 acciones que deberán ejecutarse hasta 2036. Entre sus metas más ambiciosas están llevar a Ibarra a convertirse en la cuarta economía del país, alcanzar el 7% del PIB nacional, reducir el desempleo a menos del 2%, bajar la informalidad al 5%, formar a 40.000 personas en inteligencia artificial y captar más de 300 millones de dólares en inversiones. El documento también proyecta un incremento de 500% en los ingresos agrícolas, una meta que coloca al sector rural en el centro de la estrategia económica local. La propuesta empezará a ejecutarse desde 2026 bajo un modelo de gobernanza que involucra a múltiples actores públicos y privados. Durante el acto, el alcalde Castillo aseguró que “el Plan se convierte en una hoja de ruta clara para transformar nuestra economía y potenciar el talento de nuestra gente, hacia el posicionamiento de una ciudad competitiva que atraiga inversión y genere empleo real”. La presentación del plan estuvo acompañada de un diagnóstico técnico basado en el Índice de Competitividad del Cantón Ibarra (ICCI). Allí, Ibarra obtuvo una calificación de 57,33 sobre 100 puntos, con su mejor desempeño en gobernanza, donde alcanzó 83,38 puntos. Sin embargo, el informe también deja expuesto el mayor nudo de la economía local: el mercado laboral. Ese componente registró apenas 40,51 puntos, en un contexto donde el cantón enfrenta un 6% de desempleo y una informalidad del 70%. Aunque Ibarra concentra el 1,25% de la población del país, su aporte actual a la economía nacional es de 0,81% del PIB. Con esos datos como punto de partida, el Municipio intenta proyectar una transformación profunda de su estructura económica. La apuesta oficial es que la ciudad deje de depender de esfuerzos dispersos y avance hacia una planificación especializada, con metas medibles y capacidad de articular al Estado, al sector privado y a la academia.

Imbabura, Otavalo

REABREN CASO DE LOS ’12 DE OTAVALO’ Y LOS LLEVAN A AUDIENCIA TRAS REVOCATORIA DE ARCHIVO FISCAL

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El proceso judicial contra los llamados ’12 de Otavalo’ vuelve a activarse tras una decisión que cambia el rumbo del caso. La Fiscalía Provincial de Imbabura revocó el archivo que había cerrado la causa y convocó a una audiencia preparatoria de juicio para el 20 de mayo a las 09:00, reabriendo un expediente ligado a los hechos violentos registrados durante las protestas por la eliminación del subsidio al diésel en septiembre y octubre de 2025. La medida devuelve a la escena judicial a los doce procesados, quienes fueron detenidos tras el incendio de un cuartel policial en Otavalo, uno de los episodios más críticos de ese convulsionado episodio nacional. En una primera etapa, la investigación no logró sostenerse. Un fiscal de Otavalo dispuso el archivo del caso al no encontrar evidencias que vinculen directamente a los acusados con los hechos, lo que en su momento significó el cierre del proceso. Sin embargo, la Fiscalía Provincial decidió revertir esa resolución. Luis Yépez, abogado de los implicados, en entrevista en el noticiero matutino de X FM 94.7 de la ciudad de Ibarra, este miércoles 15 de abril de 2026 dijo que el argumento se sustenta en nuevos señalamientos que no tendrían respaldo material. “No tienen pruebas. Se les acusa de atacar con bazucas y ni uno de estos artefactos está en cadena de custodia”, sostuvo. El caso además tuvo un giro en su tipificación penal. Inicialmente se investigó por terrorismo, pero posteriormente los cargos fueron modificados a ataque y resistencia y daño a bien público, lo que redefine el alcance jurídico del proceso. “Nunca se investigó el delito de ataque y resistencia ni daño a bien público, sino se investigó por terrorismo, es decir, las pruebas del delito no existen”, afirmó Yépez, al señalar inconsistencias en la construcción del caso. AUDIENCIA DEFINIRÁ SI EL CASO AVANZA O SE CIERRA El punto crítico será la audiencia del 20 de mayo, donde se resolverá si el proceso avanza a juicio. La defensa anticipa que solicitará el sobreseimiento. “No tenemos ninguna prueba, ningún elemento de que ellos fueron los que quemaron o destruyeron el cuartel de policía”, enfatizó Yépez, quien sostiene que el caso no cumple con los requisitos para pasar a la siguiente fase. Actualmente, todos los procesados se encuentran en libertad, bajo medidas sustitutivas, entre ellas la presentación periódica ante autoridades judiciales. En un inicio, los detenidos fueron trasladados incluso fuera de la provincia, a centros penitenciarios en Manabí y Esmeraldas, en medio de un operativo que generó cuestionamientos de la dirigencia indígena por la forma en que se manejó el caso.

Ibarra, instante

PRESUNTO MALTRATO INFANTIL TERMINA CON LA MUERTE DE UNA NIÑA DE TRES AÑOS EN IBARRA: DOS FAMILIARES DE LA MENOR ESTÁN DETENIDOS

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Publicidad Una escena marcada por la urgencia y la conmoción se registró en una casa de salud de Ibarra, donde personal médico y policial confirmó la muerte de una niña de tres años. El caso, que ahora está en manos de unidades especializadas, abre una investigación por presunto maltrato infantil dentro del entorno familiar. La alerta fue atendida por agentes de la Dirección Nacional de Investigación de Delitos contra la Vida (Dinased), quienes al llegar al hospital verificaron que la menor ya no tenía signos vitales. El informe médico legal determinó que el cuerpo presentaba múltiples lesiones físicas en varias partes, incluso laceraciones en sus manos, un hallazgo que orientó las primeras diligencias hacia una posible agresión reiterada. Las características de las heridas, según las primeras evaluaciones, serían compatibles con el uso de objetos contundentes, lo que refuerza la hipótesis de violencia previa al fallecimiento. ENTORNO CERCANO BAJO INVESTIGACIÓN Como parte de las acciones inmediatas, la Policía procedió a la aprehensión de dos personas del círculo familiar: la madre y el padrastro, identificados como Bryan T. y Valentina C, quienes, al ingresar al hospital, dijeron a los galenos que la menor se había caído. Ambos fueron puestos a órdenes de la autoridad competente mientras se desarrollan las pericias y el proceso judicial. Desde la unidad investigativa se maneja como línea principal que la menor habría sido víctima de maltrato infantil, por lo que se ejecutan levantamientos de información y recopilación de evidencias en la vivienda donde ocurrieron los hechos, ubicada en el sector Huertos Familiares, norte de la ciudad de Ibarra. Publicidad

Ibarra, instante

300 PRIVADOS DE LIBERTAD FUERON TRASLADADOS DESDE IMBABURA A AZUAY PARA REDUCIR HACINAMIENTO

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El movimiento de 300 personas privadas de libertad desde el Centro de Privación de Libertad Imbabura N.° 1 hacia el Centro de Privación de Libertad Azuay N.° 1 se ejecutó sin información previa, generando incertidumbre entre familiares que permanecieron durante horas en los exteriores del recinto penitenciario. Un día después, el Servicio Nacional de Atención Integral a Personas Adultas Privadas de la Libertad (SNAI) expuso los argumentos detrás de la operación. La intervención, calificada como un “mega operativo de seguridad”, se realizó con la participación de Policía Nacional, Fuerzas Armadas y el Cuerpo de Seguridad Penitenciaria, en medio de un fuerte resguardo que incluyó el cierre perimetral y el traslado en buses interprovinciales bajo custodia armada. OPERATIVO RESPONDE A CRITERIOS TÉCNICOS Y REDUCCIÓN DE HACINAMIENTO Según el pronunciamiento oficial, el traslado se ejecutó bajo criterios técnicos, con el objetivo de reducir el hacinamiento en la cárcel de Ibarra, recuperar el control institucional y mejorar las condiciones de habitabilidad dentro del sistema carcelario. El SNAI sostuvo que estas acciones forman parte de su Plan Estratégico para reorganizar la población penitenciaria en el país. En su informe, la entidad también aseguró que durante el operativo se garantizó el respeto a los derechos humanos, mientras se busca fortalecer los procesos de rehabilitación social y debilitar estructuras vinculadas al crimen organizado que operan al interior de los centros de privación de libertad. NINGÚN INTERNO FUE ENVIADO A LA CÁRCEL DEL ENCUENTRO Uno de los puntos que generó mayor expectativa fue el destino de los internos considerados de alta peligrosidad. Sin embargo, el SNAI confirmó que ninguno de los 300 privados de libertad fue trasladado a la Cárcel del Encuentro, en la provincia de Santa Elena. La razón, según la entidad, es que los reclusos no cumplen con el perfil de peligrosidad requerido para ese centro de máxima seguridad, lo que descarta que el operativo haya estado dirigido a aislar cabecillas de alto riesgo en ese recinto. Mientras tanto, los familiares de las personas recluidas en la cárcel de Ibarra, continúan a la espera de la lista de personas que fueron transferidas a Azuay, en medio de cuestionamientos por la falta de comunicación previa y oportuna.

Ecuador

NUEVO HOLOGRAMA EN LA CÉDULA REFUERZA SEGURIDAD Y YA ALCANZA A MÁS DE 13 MILLONES DE ECUATORIANOS

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Publicidad Un nuevo componente de seguridad se incorpora a la cédula de identidad en Ecuador, como parte de la actualización del sistema nacional de identificación. La medida, ejecutada por el Registro Civil, introduce un elemento físico adicional que busca reducir riesgos de falsificación y fortalecer la protección de los datos personales en el documento. El cambio se concreta con la inclusión de un holograma translúcido termoestampado, diseñado con forma de flor y con la figura de un colibrí junto al nombre del país. Este componente no es superficial: está incrustado en la estructura del policarbonato, lo que impide su manipulación sin dañar el documento. La actualización responde a parámetros internacionales establecidos para documentos de identidad y viaje. La cédula vigente en Ecuador ya incorpora más de 20 mecanismos de seguridad, entre ellos chip con información biométrica, impresión láser, códigos MRZ y QR. Con esta nueva incorporación, el documento refuerza su nivel de confiabilidad. Actualmente, más de 13 millones de ciudadanos cuentan con esta cédula electrónica, consolidada como uno de los sistemas más avanzados en la región. EL DOCUMENTO AMPLÍA FUNCIONES El nuevo holograma se integra a una estrategia más amplia de modernización del Estado. La semana anterior se habilitó el acceso a servicios gubernamentales mediante el escaneo del código QR ubicado en la parte posterior de la cédula, lo que amplía su uso más allá de la identificación física. “El fortalecimiento de la cédula de identidad refleja nuestro compromiso con la protección de los datos de los ciudadanos y con la construcción de un servicio público moderno, confiable y cercano. Este es un paso más en la transformación que vive el país”, afirmó el director general del Registro Civil, Ottón Rivadeneira. El servicio de cedulación se mantiene habilitado a nivel nacional sin necesidad de agendamiento. Los costos se mantienen en 5 dólares para primera emisión, 16 dólares para renovación y sin costo para personas con discapacidad igual o superior al 30%. Durante el primer trimestre de 2026, se emitieron 651.387 cédulas en todo el país. Publicidad

Regional

MUERTES EN LAS VÍAS DEL NORTE DE ECUADOR AUMENTAN UN 21,43% DURANTE EL PRIMER TRIMRESTRE DE 2026

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El comportamiento de la siniestralidad vial en el norte del país enciende las alertas. Menos accidentes, pero más muertes. Durante el primer trimestre de 2026, en la Mancomunidad de Tránsito de la Región Norte, conformada por los seis cantones de la provincias de Imbabura, todo Carchi, excepto Tulcán, Pedro Moncayo de Pichincha y San Lorenzo, Eloy Alfaro y Rioverde en Esmeraldas, registraron 646 siniestros, una cifra que, aunque representa una leve reducción frente al año anterior, no logra contener el impacto más crítico: 17 personas fallecidas, lo que significa un incremento del 21,43% en mortalidad. El contraste es evidente en los datos oficiales de la Empresa Pública de Movilidad del Norte (Movidelnor EP). Mientras 902 personas resultaron ilesas y 70 heridas, con una reducción del 22,22% en lesionados, la gravedad de los accidentes parece haberse intensificado, desplazando el problema hacia consecuencias fatales. CONDUCTAS DE RIESGO DETRÁS DE LA LETALIDAD El análisis técnico apunta directamente al factor humano. Las cifras no solo describen accidentes, sino patrones de comportamiento en las vías. “El exceso de velocidad encabeza la lista, seguido de la impericia e imprudencia y el irrespeto a las señales de tránsito. Estos datos reflejan comportamientos de riesgo que puede explicar el aumento en el número de fallecidos por lo que hemos reforzado nuestras campañas de educación vial y control permanente”, explicó Emerson Ubidia, gerente operativo de Movidelnor. La concentración territorial también define el problema. El 80,72% de los siniestros ocurre en Ibarra y Otavalo, donde el flujo vehicular es más alto, lo que incrementa la exposición al riesgo y la probabilidad de eventos con consecuencias graves. A esto se suma una dinámica persistente de incumplimiento de normas. En apenas tres meses, se emitieron 18.192 citaciones. Solo en marzo, los distritos Centro y Sur concentraron la mayor cantidad de infracciones, con 2.572 y 3.687 citaciones respectivamente. Las faltas más recurrentes evidencian prácticas normalizadas en la conducción como estacionar en sitios prohibidos (33%), conducir sin licencia (10%), uso de películas oscuras (5%), desobediencia a la autoridad (4%) y la omisión del cinturón de seguridad (3%). ALCOHOL, INFORMALIDAD Y CONTROL EN ASCENSO Entre enero y marzo, 554 conductores fueron sancionados por conducir en estado de embriaguez: 149 en enero, 215 en febrero y 190 en marzo. Paralelamente, las acciones contra el transporte informal derivaron en la retención de 168 vehículos, con un incremento progresivo que cerró en marzo con 76 unidades retenidas. “El objetivo es reducir la accidentabilidad y preservar la vida. No se trata solo de sancionar, sino de generar conciencia y responsabilidad en cada conductor y peatón”, señaló Santiago Chiriboga, gerente general de Movidelnor.

instante, Urcuquí

TRAS 15 DÍAS DE BÚSQUEDA HALLAN SIN VIDA A ADULTA MAYOR REPORTADA COMO DESAPARECIDA EN URCUQUÍ

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La búsqueda de Rosa María Quiranza Coquis, adulta mayor reportada como desaparecida por sus familiares, concluyó en el sector San Juan Alto, en Urcuquí, este domingo 12 de abril de 2026, con la localización de su cadaver. El caso se originó tras su desaparición el pasado 26 de marzo, cuando fue vista por última vez en esa zona rural cercana a estanques, lo que activó un amplio operativo de rastreo. Durante los primeros días, equipos del Cuerpo de Bomberos de Urcuquí, junto a comuneros, recorrieron los puntos señalados por familiares sin obtener resultados. Con el paso de las jornadas, la búsqueda se intensificó con el uso de drones para rastreo aéreo y equipos de buceo en cuerpos de agua. Finalmente, el hallazgo se produjo tras una alerta emitida por el sistema ECU-911 tras una llamada de un habitante de la zona que reportó malos olores en la misma zona donde se habían hecho las tareas de búsqueda iniciales. Hasta el sitio llegaron agentes de la Policía Nacional y los socorristas locales, y  tras un nuevo rastreo encontraron el cuerpo de la mujer en un canal de agua en estado de descomposición. Tras la extracción, el cuerpo fue entregado al personal de la Dirección Nacional de Delitos contra la Vida, Muertes Violentas, Desapariciones, Extorsión y Secuestros (Dinased), que asumió el procedimiento legal correspondiente, mientras se inician las diligencias para esclarecer las circunstancias de la muerte.

Imbabura, Investigación

DESPIDOS MASIVOS EN LA DIRECCIÓN DE SALUD DE IMBABURA: 37 FUNCIONARIOS NOTIFICADOS EN MENOS DE DOS HORAS

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A las 16:44 del viernes 10 de abril de 2026 se envió el primer memorando. A las 17:54, el último. En ese intervalo de 70 minutos, la Dirección Provincial de Salud de Imbabura emitió una cadena continua de documentos que terminó con la salida de 37 trabajadores del sistema público de salud de la provincia. La evidencia documental a la que tuvo acceso CRÓNICAS DEL NORTE muestra un patrón. Memorandos consecutivos, mismo formato y emisor, mismo asunto genérico que decía “En el texto”. Todos firmados por la directora provincial encargada, Gloria Elizabeth Erazo Pozo. Su designación temporal no ha sido bien vista por los funcionarios de esa institución debido a su pasado político vinculado a las bases del correísmo, comentó un médico quien pidió la reserva. No hubo avisos previos. Una trabajadora a quien llamaremos Mónica, para proteger su identidad recuerda la hora exacta en la que recibió la notificación: 17:15. Una llamada de una de sus compañeras la alertó. Revisó el sistema institucional de inmediato. Ahí estaba el memorando. Su relación laboral con el Ministerio de Salud había terminado ese día. “Es un atasco emocional y económico. Afecta directamente a mi hija”, relató. Dijo que, durante su trabajo, no solo entregó tiempo, sino incluso recursos propios para cumplir funciones. Y cuestionó directamente a la autoridad provincial: “No pudo defender ni movió un dedo por evitar estas desvinculaciones”, comentó la mujer sumida ahora en el desempleo. Los 37 desvinculados no pertenecen a un solo servicio. La lista revela una afectación directa a la operación sanitaria: Los memorandos fueron dirigidos a personal de centros de salud como Caranqui, Atuntaqui, La Esperanza, Pugacho, Quiroga, San Pablo, además de unidades administrativas. La distribución confirma que la medida impactó de forma simultánea a varias dependencias del sistema de salud en Imbabura. En uno de los memorandos de desvinculación remitidos a la redacción de este medio de comunicación, correspondiente a una enfermera, se establece que la acción se ejecuta bajo la figura de terminación unilateral de contrato de servicios ocasionales, con efecto inmediato al 10 de abril de 2026. El texto añade que la decisión no vulnera derechos, al no encontrarse la funcionaria en grupos de protección. No hay referencias a evaluaciones, indicadores de desempeño o reestructuración técnica del servicio. ANTES DE LOS MEMORANDOS, EL CAMBIO DE PODER Diecisiete días antes, el 23 de marzo de 2026, se notificó la remoción de la Coordinadora Zonal 1 de Salud, María Fernanda Terán López. La figura aplicada fue la de libre remoción, sin que se detalle causa técnica o administrativa. El memorando señala que la decisión proviene de la máxima autoridad del Ministerio, en este caso, la Vicepresidenta de la República, María José Pinto, a quien el primer mandatario Daniel Noboa encargó esa cartera de estado. Ese movimiento eliminó el nivel zonal y abrió paso a una reorganización territorial. En ese nuevo esquema, Gloria Erazo, quien era la mano derecha de Terán, asumió la Dirección Provincial de Imbabura, desde donde, semanas después, se ejecutó la desvinculación masiva de trabajadores. PROTESTA SIN VOZ, PERO CON DATOS Hoy, fuera de las oficinas, el reclamo de las personas despedidas se expresa con un lazo negro. No hay comunicados oficiales que expliquen por qué esos 37 perfiles fueron desvinculados. Lo que si hay es temor a represalias legales si se deciden a contar la historia. En el memorando de desvinculación, la autoridad provincial les advierte que «están obligados a mantener reserva de la información y documentos». Este proceso ocurre en un contexto nacional marcado por una crisis sostenida del sistema de salud, que también golpea a Imbabura, donde persisten reportes sobre falta de medicamentos, insumos básicos e incluso oxígeno para pacientes, un escenario en el que la salida de 37 profesionales no solo impacta en lo laboral, sino que se suma a las limitaciones estructurales que enfrenta la atención sanitaria en la provincia.

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