UNORCAC Y CHIJALLTA FICI RECHAZAN VISITA DE LAVINIA VALBONESI A IMBABURA

Dos organizaciones indígenas de la provincia marcaron posición frente a la presencia de la esposa del presidente en territorio. El 22 de abril de 2026, la UNORCAC y la CHIJALLTA – FICI difundieron pronunciamientos públicos en los que cuestionan la agenda desarrollada por Lavinia Valbonesi durante actividades vinculadas a programas sociales en Imbabura.

Los documentos coinciden en un señalamiento central: la visita se habría realizado en un contexto que califican como “militarización”, lo que, según las organizaciones, genera preocupación en comunidades indígenas, especialmente en un escenario nacional aún atravesado por tensiones entre el Gobierno y sectores sociales, originadas en septiembre y octubre de 2025, periodo donde se intensificó el paro indígena en Imbabura.

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ORGANIZACIONES CUESTIONAN CONTEXTO DE LA VISITA Y RECUERDAN CONFLICTOS RECIENTES

En su comunicado, la UNORCAC expresó: “Rechazamos la presencia militarizada de la señora Lavinia Valbonesi en territorio de Cotacachi”. En el documento, la mayor organización indígena de Cotacachi dijo que no se puede ofrecer ayuda social “para encubrir la responsabilidad de un gobierno que reprimió violentamente a los pueblos kichwas, dejando muertos y cientos de heridos”.

Por su parte, CHIJALLTA – FICI elevó el nivel de alerta al referirse a una “militarización masiva en la provincia de Imbabura”, y afirmó que la visita responde a una agenda que busca proyectarse como solidaridad. “Representa al mismo gobierno que hace apenas siete meses ordenó una represión brutal contra los pueblos kichwas del Ecuador”, dice el comunicado, que además incorpora la consigna “¡Imbabura tiene memoria!”.

Pese a la contundencia de los pronunciamientos, no se detallan cifras, despliegues específicos ni disposiciones oficiales que permitan dimensionar técnicamente la supuesta militarización, lo que limita la verificación del alcance de esta denuncia.

CRÍTICAS A PROGRAMAS SOCIALES Y EXIGENCIAS DE CAMBIOS ESTRUCTURALES

Ambas organizaciones también cuestionaron la ejecución de programas sociales en territorio. La UNORCAC advirtió que la participación de mujeres de comunidades, en calidad de beneficiarias de bonos, podría responder a intereses políticos. “La pobreza no puede ser utilizada como herramienta de control ni de propaganda”, enfatiza el comunicado.

Además, los pronunciamientos sitúan estas críticas dentro de problemáticas más amplias como el encarecimiento de la vida, el abandono del campo y la falta de garantías de derechos, temas que, según las organizaciones, requieren respuestas estructurales más allá de intervenciones puntuales.

Los enunciados concluyen con posturas definidas: “Las comunidades no necesitamos caridad; exigimos justicia, respeto y transformaciones estructurales”. Se trata de una señal clara de que la relación entre organizaciones indígenas y el Ejecutivo continúa marcada por la violencia desatada durante el paro de 2025.

En contraste, hasta el cierre de este reportaje no se ha emitido un pronunciamiento oficial por parte del Gobierno. Tampoco se han presentado aclaraciones sobre las condiciones de seguridad durante la visita ni una respuesta directa a las acusaciones de “militarización” durante la visita de la primera dama a los cantones de Ibarra y Otavalo.


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