
La presión operativa del Estado sobre los Grupos de Delincuencia Organizada (GDO ) en la costa ecuatoriana empieza a generar un reacomodo territorial que ya se siente en el norte del país. En la provincia de Imbabura, particularmente, el primer trimestre de 2026 deja al menos 7 muertes violentas, una cifra que enciende alertas en una zona históricamente considerada de menor conflictividad.
Este escenario fue analizado en el programa Las Noticias de X de Radio X FM 94.7, donde la especialista en perfilación y comportamiento criminal, Ana Minga, confirmó que este fenómeno estructural es una realidad en la jurisdicción. “Efectivamente hay un desplazamiento (…). Esto es un escenario que ya se preveía”, explicó, al detallar que estas organizaciones operan como estructuras complejas. “Hay que entenderlas como una empresa (…). Te cierran en un lado y abren operaciones en otro lado”.
TERRITORIOS EN DISPUTA Y NUEVAS FORMAS DE OPERACIÓN
El norte del país comienza a aparecer en el radar de estas estructuras, no solo como refugio, sino como espacio de expansión. Según Minga, la primera fase es huir de la presión estatal, más si esta es anunciada. Pero la segunda es conquistar nuevos territorios, lo que incrementa el riesgo para provincias como Imbabura. “Si se desplazan a otros lugares pueden conquistar esos territorios y se van extendiendo y eso es muy peligroso para la sociedad”, advirtió.
La especialista también reveló dinámicas emergentes en la provincia. Una de ellas es el reclutamiento de informantes locales. “Hay muchas personas que se dedican a dar información a estos grupos (…). Tengo entendido que les estarían pagando hasta 60 dólares diarios por pasar información”, señaló.
A esto se suman factores estructurales que facilitan la instalación de estas redes: presencia de minería ilegal (en la parroquia Buenos Aires de Urcuquí), cercanía a la frontera, contrabando histórico y geografía compleja, elementos que, según la experta, son evaluados estratégicamente por las organizaciones criminales antes de asentarse.
IMBABURA EN EL MAPA DEL CRIMEN ORGANIZADO
Los recientes hechos violentos registrados en Ibarra muestran patrones que, de acuerdo con el análisis criminal, responden a estructuras organizadas. El uso de disfraces policiales, ataques tipo sicariato y la incineración de vehículos evidencian planificación y logística. “Para hacer un tipo de incendios así necesitas más de una persona. Cada banda tiene su firma”, explicó Minga, al referirse a los modus operandi diferenciados de grupos como Los Lobos o Los Choneros, quienes tienen estructuras de poder horizontales y verticales, respectivamente.
Además, alertó que la violencia actual no solo responde a la presión estatal, sino a disputas entre bandas por control territorial, en un contexto que calificó como un conflicto abierto.
“Estamos en guerra, y las bandas no han mostrado sumisión, al contrario, hay enfrentamiento directo con el Estado”, sostuvo.
En ese escenario, el norte del país enfrenta un punto de inflexión. La percepción de seguridad cambia, mientras el fenómeno del crimen organizado se adapta, se desplaza y se expande.
“Las ciudades han cambiado y van a cambiar. Esa idea de isla de paz que existía en algunas ciudades se acabó”, concluyó la especialista, evidenciando un desafío que ya no es exclusivo de otras regiones, sino una realidad que comienza a instalarse en Imbabura y en todo el norte ecuatoriano.
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