El reloj corre para el Municipio de Otavalo y la Empresa Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de la misma localidad. El próximo 13 de marzo de 2026 deberán demostrar ante un juez constitucional que han cumplido con la sentencia que ordena la recuperación integral del río Tejar.
El caso no nació en los tribunales. Según explicó el abogado Franklin Hermosa, vocero del colectivo Juntos por la Pachamama de Otavalo, las gestiones ciudadanas iniciaron hace 9 años.
“Este proceso de denuncia y de preocupación de la ciudadanía respecto a la contaminación del río Tejar empieza desde el año 2017 con actividades administrativas, gestiones, y luego de no encontrar respuestas valederas se inicia un proceso de demanda en marzo del 2024, un proceso judicial que prácticamente concluye en marzo del 2025 y desde esa fecha hasta acá llevamos prácticamente un año de ejecución y cumplimiento de la sentencia”, detalló en el noticiero de Radio XFM, dirijido por el periodista Christian Tinajero, este miércoles 25 de febrero.
La sentencia no solo declaró al río como sujeto de derechos en dos instancias, sino que determinó responsables.
“La justicia constitucional en dos instancias ha ratificado al río Tejar como sujeto de derechos y ha manifestado que los responsables de vulnerar esos derechos son el Municipio de Otavalo y la empresa de agua potable por las descargas directas de aguas residuales al lecho del río, disponiendo medidas de reparación integral a corto y mediano plazo, es decir, en uno y tres años, fundamentalmente un plan de remediación integral que garantice su recuperación”, subrayó Hermosa.
El proceso judicial se extendió por alrededor de diez meses en primera instancia. Tras la apelación municipal, la Corte Provincial de Justicia de Imbabura ratificó el fallo en marzo de 2025. Desde entonces, corre el plazo de un año para evidenciar resultados concretos y verificables.
METILMERCURIO, DESCARGAS Y POSIBLES MULTAS COERCITIVAS
Uno de los puntos más delicados del proceso fue la toma de muestras ordenada por el juez, luego de que las autoridades demandadas negaran la contaminación o la consideraran “en niveles aceptables”, dijo Hermosa. Los análisis revelaron la presencia de metilmercurio, un compuesto altamente tóxico. A pocos días de cumplirse el primer año de ejecución, el colectivo exige evidencia científica y no únicamente reportes institucionales.
“El juez constitucional les advirtió que el 13 de marzo deben presentar resultados verificables y que, de comprobarse incumplimiento, podrán aplicarse sanciones coercitivas conforme al Código Orgánico de la Función Judicial, es decir, multas compulsivas a funcionarios hasta que se cumpla estrictamente la sentencia; no propaganda ni fotografías, sino exámenes de laboratorio químico-biológicos que demuestren que la calidad del agua ha mejorado”, enfatizó Hermosa.
En territorio, el colectivo dice haber constatado trabajos para evitar descargas en sectores como el Puente del Batán, diagonal al Mercado 24 de Mayo. Sin embargo, aseguran que aún existen descargas intermitentes y que no hay información pública suficiente sobre la eliminación del metilmercurio ni sobre eventuales investigaciones para determinar su origen.
En el plano presupuestario, el colectivo cuestiona la baja asignación de recursos. Según lo expuesto en la entrevista, existirían 60 mil dólares destinados a la recuperación del río Tejar, mientras se ejecutan inversiones de mayor escala en otros proyectos municipales.
El 13 de marzo será una fecha trascendental. El juez deberá determinar si las acciones emprendidas por los demandados constituyen un cumplimiento real o si procede la imposición de multas.
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