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Una misión técnica del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) llegó hasta la comunidad El Rosal, ubicada en la zona de Intag del cantón Cotacachi, en Imbabura, para verificar en territorio las condiciones productivas de agricultores vinculados a la cadena de valor de Productos Olé.
La visita forma parte del Proyecto FARM, una iniciativa global que busca reducir el uso de plaguicidas altamente peligrosos y promover prácticas agrícolas sostenibles mediante la integración de pequeños productores a modelos responsables.
Durante el recorrido, los evaluadores analizaron la operatividad del sistema “Del Campo al Campo”, un esquema productivo que articula asistencia técnica, planificación agrícola y relaciones comerciales estables. Este modelo, que lleva cinco años en funcionamiento, permite asegurar trazabilidad en la producción y acceso a insumos orgánicos, elementos considerados determinantes para su posible incorporación al programa internacional, explicó Pedro Vega, CEO de Productos Olé.
DATOS EVIDENCIAN IMPACTO AMBIENTAL Y PRODUCTIVO DEL MODELO
Los resultados presentados durante la evaluación muestran avances concretos en sostenibilidad. Se han entregado alrededor de 400 toneladas métricas de abono orgánico, lo que ha contribuido a mejorar la calidad del suelo y disminuir la dependencia de agroquímicos. A esto se suma la reducción de emisiones, con 18 toneladas de metano evitadas, equivalentes a 525 toneladas de CO2.
El impacto también se refleja en el ámbito productivo y social. Más de 200 familias agricultoras forman parte de este modelo, que ha permitido evitar el uso de 25 toneladas métricas de fertilizantes químicos y ha incorporado 37 toneladas de carbono al suelo, fortaleciendo procesos de regeneración agrícola.
Desde el Proyecto FARM se destacó el rol del sector privado en estos procesos. “Los modelos como ‘Del Campo al Campo’ evidencian cómo el sector privado puede generar impacto sostenible real cuando integra a pequeños productores en su estrategia de negocio”, señaló su representante.

En el territorio, los agricultores identifican cambios estructurales en su dinámica de trabajo. Luis Suárez, representante de la comunidad, explicó: “hoy somos aliados estratégicos dentro de una cadena de valor que nos garantiza comercio justo, capacitación y acceso a insumos orgánicos. Esto ha fortalecido nuestras familias, nuestra productividad y nuestra visión de futuro”.
La evaluación en Imbabura se da en un contexto global donde el 78% de consumidores prioriza productos elaborados bajo prácticas responsables, lo que posiciona a este tipo de iniciativas como una alternativa viable para el desarrollo rural sostenible y la competitividad del sector alimentario.
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