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En medio de una votación ajustada en la Asamblea Nacional, el asambleísta por Carchi, Cristian Benavides, confirmó que su decisión fue respaldar la reforma al Código Orgánico de Organización Territorial (COOTAD), que obliga a los Gobiernos Autónomos Descentralizados (GAD) a destinar el 70% de sus recursos a inversión pública y hasta el 30% a gasto corriente.
La norma fue aprobada con 77 votos a favor, 71 en contra y 2 abstenciones, generando fracturas políticas incluso dentro de las organizaciones que apoyaron su candidatura. Benavides aseguró que su voto fue razonado y coherente con su postura histórica sobre el manejo de recursos públicos.
“Mi voto fue favorable en esta ocasión. Yo no soy parte de la bancada de ADN”, enfatizó en entrevista en Radio X FM, la mañana de este lunes 23 de febrero de 2026, al tiempo que recordó que en otras leyes urgentes del Ejecutivo había votado en contra o se había abstenido.
El legislador indicó que el esquema 70-30 no es nuevo. Según explicó, el principio ya constaba en el artículo 198 del COOTAD desde hace más de 15 años, pero sin mecanismos efectivos de cumplimiento. La reforma, dijo, fija plazos para que los GAD ajusten progresivamente sus presupuestos.
A su criterio, el objetivo es frenar lo que calificó como excesos en algunos municipios y prefecturas: incremento desproporcionado de nóminas, consultorías onerosas, adquisición de vehículos de alto costo y gastos en eventos sin impacto estructural.
“Muchos alcaldes cuando van a salir dejan firmados nombramientos definitivos… esto hace pedazos las finanzas municipales”, sostuvo.
DISTANCIAMIENTO POLÍTICO Y DEFENSA DE SU TRAYECTORIA
Tras la votación, el Partido Socialista marcó distancia. Sin embargo, Benavides negó una ruptura formal y aclaró que no es militante de esa organización. “Ellos no me apadrinaron, yo los apadriné a ellos… tengo mi propio movimiento político, el Movimiento Somos, lista 104”, afirmó.
El asambleísta defendió su experiencia como exalcalde de Tulcán y actual vicepresidente de la Comisión de Gobiernos Autónomos. Recordó que administró un municipio altamente endeudado y que, según dijo, donó la mitad de su sueldo a causas sociales durante su gestión.
Sobre las críticas que señalan una afectación a la autonomía municipal, respondió que la Constitución obliga a destinar el 10% de los presupuestos a sectores sociales, por lo que, según argumentó, la reforma no elimina cultura ni deporte, sino que busca evitar excesos.
En cuanto a la aplicación de la ley, explicó que, aunque inicialmente se planteaba una implementación hacia 2027-2029, el texto aprobado permite su ejecución desde este año, con tiempos de ajuste presupuestario.
“No es que se van a quitar recursos de la noche a la mañana”, puntualizó. Benavides concluyó que su voto no responde a alineamientos políticos sino a una postura técnica. “No voy a cambiar mi voto… he sido congruente con lo que pienso”, sostuvo, en un escenario legislativo marcado por la polarización.
La reforma al COOTAD tensa la relación entre el Gobierno Central y los GAD, mientras alcaldes y prefectos analizan el impacto real de una normativa que promete austeridad, pero que también pone a prueba la gestión territorial en todo el país.
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