Imbabura

Imbabura puso sobre la mesa un dato que incomoda y, a la vez, marca un antes y un después en la forma de medir la violencia basada en género en Ecuador: 55,1% de mujeres encuestadas en la provincia reportó haber experimentado al menos una forma de violencia. El resultado forma parte de la Primera Encuesta Provincial sobre Violencia Basada en Género – Imbabura 2025, presentada el 09 de diciembre de 2025 como un estudio inédito por su escala territorial, su enfoque intercultural y su metodología comunitaria. El levantamiento de información, desarrollado por la consultora Clima Social con respaldo técnico y financiero de la Cooperación Alemana GIZ, fue socializado en dos espacios académicos: la PUCE-SI, en Ibarra, y FLACSO Ecuador, en Quito, con participación de instituciones públicas, organizaciones sociales y actores internacionales. La apuesta, según el boletín, busca convertirse en un precedente replicable por otras provincias para fortalecer la política pública nacional. VIOLENCIA ESTRUCTURAL: LOS CANTONES CON MAYOR INCIDENCIA Y LOS TIPOS MÁS REPORTADOS El estudio no se limita a una cifra global: identifica patrones y territorios. En el mapa cantonal, los índices más altos se concentran en Urcuquí (61,2%), Antonio Ante (60%) y Otavalo (56,2%), lo que, según el documento, plantea la necesidad de intervenciones focalizadas y culturalmente pertinentes. En cuanto a las formas de violencia más reportadas, la encuesta ubica en primer lugar la violencia psicológica (41,7%), seguida por la sexual (32,6%), física (19,2%), política (8,4%) y económica (7%). El dato dibuja un escenario en el que la agresión no es un hecho aislado, sino una experiencia extendida y diversa, con expresiones que van desde el control y la intimidación hasta ataques sexuales y agresiones físicas. La viceprefecta de Imbabura, Paolina Vercoutere Quinche, vinculó la encuesta con lo que considera un rezago histórico en la información territorial. “Este estudio llena un vacío histórico. Territorios como Urcuquí y Antonio Ante presentan cifras que nunca aparecieron en la estadística nacional. Nos obliga a revisar nuestras políticas internas y a exigir al Estado políticas rectoras y financiamiento adecuado”, dijo Vercoutere, LA VIOLENCIA NO SOLO OCURRE EN CASA Los resultados también describen que la violencia atraviesa espacios cotidianos más allá del ámbito privado. En el ámbito educativo, el boletín señala que 64,6% de agresiones provienen de pares varones y 18,7% de personal docente o administrativo. En el ámbito laboral, 52,1% indicó haber vivido violencia en el trabajo, con agresores identificados principalmente como clientes (32,6%) y superiores (20,7%). En el espacio comunitario, la encuesta reporta agresiones en mingas, cabildos, ferias, mercados y espacios públicos, con alertas específicas de violencia simbólica, hostigamiento y discriminación racial normalizada señaladas por mujeres indígenas y afrodescendientes. Y en el entorno familiar y de pareja, 29,8% manifestó haber sufrido violencia en su familia. Además, en el último año la violencia de pareja afectó a 24,3% de mujeres kichwas, 21% afrodescendientes y 19,5% mestizas. El estudio incorpora, además, un bloque de condiciones estructurales que agravan la vulnerabilidad: 83,6% no tiene seguridad social, apenas 7,6% accede a empleo formal, 63,9% de hogares registra ingresos bajos o medio-bajos y solo 3,1% puede ahorrar. En discapacidad y salud, el boletín destaca que 2,3% posee certificación oficial de discapacidad, pese a que 28,2% reporta dificultades visuales, 7,3% auditivas, 17,9% limitaciones motrices y un 6% enfrenta enfermedades catastróficas. Santiago Pérez, director de Clima Social, explicó el diseño del trabajo de campo y la escala del levantamiento. “La encuesta nacional a la realidad intercultural de Imbabura y formamos un equipo de encuestadoras bilingües (kichwa – castellano). Levantamos 2600 entrevistas. Hallamos violencia extendida en todos los ámbitos. La urgencia es nacional”, indicó Pérez. Con estos resultados, Warmi Imbabura plantea el estudio como un insumo técnico para ajustar rutas de prevención y protección, y para impulsar decisiones con enfoque plurinacional, comunitario e interseccional, en una provincia que ahora tiene —por primera vez— cifras propias y desagregadas para discutir políticas públicas con evidencia.