Imbabura

Análisis, Ibarra

‘DISPUTAS ENTRE BANDAS Y DESPLAZAMIENTO DELICTIVO ELEVAN VIOLENCIA EN IMBABURA’, SEGÚN EXPERTA

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La presión operativa del Estado sobre los Grupos de Delincuencia Organizada (GDO ) en la costa ecuatoriana empieza a generar un reacomodo territorial que ya se siente en el norte del país. En la provincia de Imbabura, particularmente, el primer trimestre de 2026 deja al menos 7 muertes violentas, una cifra que enciende alertas en una zona históricamente considerada de menor conflictividad. Este escenario fue analizado en el programa Las Noticias de X de Radio X FM 94.7, donde la especialista en perfilación y comportamiento criminal, Ana Minga, confirmó que este fenómeno estructural es una realidad en la jurisdicción. “Efectivamente hay un desplazamiento (…). Esto es un escenario que ya se preveía”, explicó, al detallar que estas organizaciones operan como estructuras complejas. “Hay que entenderlas como una empresa (…). Te cierran en un lado y abren operaciones en otro lado”. TERRITORIOS EN DISPUTA Y NUEVAS FORMAS DE OPERACIÓN El norte del país comienza a aparecer en el radar de estas estructuras, no solo como refugio, sino como espacio de expansión. Según Minga, la primera fase es huir de la presión estatal, más si esta es anunciada. Pero la segunda es conquistar nuevos territorios, lo que incrementa el riesgo para provincias como Imbabura. “Si se desplazan a otros lugares pueden conquistar esos territorios y se van extendiendo y eso es muy peligroso para la sociedad”, advirtió. La especialista también reveló dinámicas emergentes en la provincia. Una de ellas es el reclutamiento de informantes locales. “Hay muchas personas que se dedican a dar información a estos grupos (…). Tengo entendido que les estarían pagando hasta 60 dólares diarios por pasar información”, señaló. A esto se suman factores estructurales que facilitan la instalación de estas redes: presencia de minería ilegal (en la parroquia Buenos Aires de Urcuquí), cercanía a la frontera, contrabando histórico y geografía compleja, elementos que, según la experta, son evaluados estratégicamente por las organizaciones criminales antes de asentarse. IMBABURA EN EL MAPA DEL CRIMEN ORGANIZADO Los recientes hechos violentos registrados en Ibarra muestran patrones que, de acuerdo con el análisis criminal, responden a estructuras organizadas. El uso de disfraces policiales, ataques tipo sicariato y la incineración de vehículos evidencian planificación y logística. “Para hacer un tipo de incendios así necesitas más de una persona. Cada banda tiene su firma”, explicó Minga, al referirse a los modus operandi diferenciados de grupos como Los Lobos o Los Choneros, quienes tienen estructuras de poder horizontales y verticales, respectivamente. Además, alertó que la violencia actual no solo responde a la presión estatal, sino a disputas entre bandas por control territorial, en un contexto que calificó como un conflicto abierto.“Estamos en guerra, y las bandas no han mostrado sumisión, al contrario, hay enfrentamiento directo con el Estado”, sostuvo.En ese escenario, el norte del país enfrenta un punto de inflexión. La percepción de seguridad cambia, mientras el fenómeno del crimen organizado se adapta, se desplaza y se expande. “Las ciudades han cambiado y van a cambiar. Esa idea de isla de paz que existía en algunas ciudades se acabó”, concluyó la especialista, evidenciando un desafío que ya no es exclusivo de otras regiones, sino una realidad que comienza a instalarse en Imbabura y en todo el norte ecuatoriano.

Ibarra

FIESTAS DEL OVO 2026 PROYECTAN A AMBUQUÍ COMO EJE PRODUCTIVO Y TURÍSTICO DEL VALLE DEL CHOTA

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Ambuquí, parroquia rural del cantón Ibarra, se prepara para vivir diez días de agenda continua, del 19 al 29 de marzo, con la edición 2026 de las Fiestas del Ovo, una celebración que articula identidad afrodescendiente, producción agrícola y turismo comunitario en el Valle del Chota. La programación oficial arrancó este jueves 19 de marzo con el embanderamiento y la minga comunitaria, una jornada simbólica que anticipa el movimiento comercial que se intensifica durante toda la semana, informó Daniel Gudiño, presidente del Gobierno Autónomo Descentralizado Parroquial de Ambiquí. El viernes 20 de marzo se desarrollará un colorido pregón con 35 comparsas, dónde además se presentarán a las candidatas a Reina de la localidad. Mientras que el sábado 21 se llevará a cabo la Elección y Coronación de la Reina del Ovo 2026, considerada el acto central de la festividad. En el coliseo parroquial, las bellas representantes de distintos sectores del valle competirán en una gala que combina coreografías, música tradicional y participación comunitaria. Entre el 23 y el 27 de marzo, la Unidad Educativa César Borja acogerá la Semana Cultural, mientras que el sábado 28 se instalará la Feria Agroturística y Artesanal en el parque central, espacio donde productores locales ofrecerán mermeladas, vinos artesanales, helados y dulces derivados del ovo, en lo que constituye el pico anual de comercialización del fruto, explicó Gudiño. La agenda cerrará el domingo 29 de marzo con el desfile cívico parroquial y sesión solemne, actividades que convocan a instituciones educativas, organizaciones sociales y autoridades locales. Publicidad PRODUCTORES Y TRANSPORTISTAS CONFIRMAN EL IMPACTO ECONÓMICO En las fincas del valle, la cosecha se acelera días antes del inicio de la agenda de fiestas. “En estas fechas se mueve casi toda nuestra producción. Lo que no se vende en feria sale para Ibarra y otras ciudades. Para nosotros esta fiesta define el año”, señala un Néstor Mafla productor ambuquireño que incrementa su personal temporal durante la temporada alta. El impacto también se refleja en el transporte. “Desde la semana previa ya hay más viajes. Llevamos fruta desde las parcelas hasta el parque central y también trasladamos turistas. Es una cadena que beneficia a todos”, explica José Mina, socio de una cooperativa de carga mixta que opera en la localidad. Las Fiestas del Ovo consolidan así su doble dimensión: celebración cultural y motor productivo. Durante diez días, Ambuquí concentra agricultura, comercio, música tradicional y turismo, confirmando que el ovo no solo es el fruto más representativo del Valle del Chota, sino uno de los principales dinamizadores económicos de la parroquia.

Imbabura, Pimampiro

PIMAMPIRO INSTALA CINCO SISTEMAS DE ALARMAS COMUNITARIAS Y ACTIVA RED VECINAL DE SEGURIDAD

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Publicidad La Alcaldía de Pimampiro puso en marcha una nueva estrategia de prevención con la entrega de cinco sistemas de alarmas comunitarias en igual número de sectores del cantón, una medida que combina organización barrial, tecnología y capacitación ciudadana para mejorar la respuesta ante hechos sospechosos o situaciones de riesgo. Durante el acto de entrega, el alcalde Oscar Narváez subrayó que la seguridad no depende solo de las instituciones, sino también del compromiso de la comunidad. “La organización social es fundamental para enfrentar los desafíos en materia de seguridad”, expresó, al recordar que en el cantón ya existen antecedentes de coordinación entre vecinos y comerciantes que han permitido reaccionar de forma más rápida frente a problemas en sus entornos. TECNOLOGÍA PARA ACTIVAR ALERTAS EN SEGUNDOS Los equipos instalados fueron diseñados para operar como una red de reacción temprana. Cada sistema cuenta con un panel con capacidad para 500 usuarios, y puede activarse mediante aplicación móvil, llamada telefónica o mensaje de texto. Para quienes no utilizan teléfonos inteligentes, también se incorporó un control remoto con radiofrecuencia y alcance de hasta 500 metros. La infraestructura incluye además batería de respaldo con autonomía de hasta ocho horas en caso de cortes de energía. Las sirenas fueron ubicadas en puntos estratégicos de cada sector para garantizar que la señal pueda ser escuchada por los moradores, mientras que la alerta sonora tiene una duración de un minuto una vez activada. En esta primera etapa, el proyecto beneficia a los barrios El Mirador, Santa Cecilia, Monserrat, el sector 26 de Noviembre del barrio San Pedro y El Cangagual, en la comunidad San José de Aloburo. La selección de estas zonas respondió a pedidos ciudadanos y a preocupaciones surgidas tras varios incidentes delictivos reportados por sus habitantes. Según explicó la administración municipal, el proceso arrancó con reuniones de socialización y luego avanzó con solicitudes formales respaldadas por firmas de vecinos. Después se organizaron mesas de trabajo, se integraron comités de seguridad y se levantó información mediante encuestas, entrevistas y revisión de índices delictivos para definir las áreas prioritarias. Publicidad LOS BARRIOS SE ORGANIZAN Con base en ese diagnóstico, el Municipio estructuró el proyecto y lo subió al portal de contratación pública. El proceso permitió adquirir seis paneles de alarma y 17 sirenas, y fue adjudicado el 13 de febrero a la empresa Seguridad Tecnológica Ecuador, tras superar los requisitos establecidos y presentar la mejor oferta. La participación ciudadana ya muestra una respuesta concreta. El sector 26 de Noviembre, en San Pedro, registra 151 usuarios; Monserrat, 118; Santa Cecilia, 58; El Mirador, 47; y El Cangagual, 40. Los comités barriales, además, mantienen abierta la incorporación de nuevas familias interesadas en integrarse a la red. En el evento de entrega, varios dirigentes y beneficiarios destacaron el alcance de la iniciativa. Saúl Cepeda, presidente del barrio Monserrat, afirmó que “esta iniciativa permitirá enfrentar de mejor manera y evitar hechos delictivos en nuestro sector”. Por su parte, Rolando Iles, del barrio El Mirador, sostuvo que “la organización de los moradores fue clave para impulsar esta iniciativa”. También hubo voces que enfatizaron el valor comunitario del sistema. Patricia Muñoz remarcó que el proyecto aporta a la tranquilidad y fortalece la cooperación entre vecinos; Diana Silva, del barrio San Pedro, señaló que esta herramienta reforzará el plan de seguridad del sector; y Aida Caiza advirtió que “la participación de los vecinos será fundamental para garantizar el funcionamiento efectivo del sistema”. Con esta intervención, Pimampiro apuesta por un modelo de seguridad de proximidad en el que la tecnología sirve como soporte, pero la base sigue siendo la articulación barrial. La meta, según la administración local, es consolidar sectores más organizados, con capacidad de reacción y con mecanismos concretos para proteger a sus habitantes.

Ecuador, Imbabura

FISCALÍA INVESTIGA PRESUNTA PARALIZACIÓN DE SERVICIO PÚBLICO EN IMBABURA

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La Fiscalía General del Estado abrió una investigación previa por el presunto delito de paralización de un servicio público, dentro del expediente N.º 1001018250900461, en un proceso que involucra a 14 dirigentes sociales que deberán comparecer a una diligencia judicial en la provincia de Imbabura. De acuerdo con un oficio emitido el 13 de marzo de 2026 desde Quito, la Fiscalía dispuso la solicitud de información a instituciones y la convocatoria de comparecientes como parte de las diligencias investigativas dentro del proceso penal en curso. Según el documento, la investigación se originó tras una denuncia presentada ante la Fiscalía, que alerta sobre la presunta interrupción de un servicio público, una conducta tipificada en el Código Orgánico Integral Penal ecuatoriano. Entre las personas convocadas constan Gabriel Andrés Muñoz Segovia, Silvia Patricia Amaya Ruales, Marco Antonio Cadena Terán, Lenin Santiago Farinango Imbaquingo, Henry Iván Guatemal Cadena, Tania Mariela de Jesús Medrano, Fausto Orlando Benalcázar Clerque y José Nicolás Lascano Gualoto. Lenin Farinango, presidente del Pueblo Kichwa Karanki, colectivo que fue protagonista del paro indígena registrado en Imbabura en septiembre y octubre de 2025, criticó la acción judicial.  «El gobierno nacional quiere implementar la política de miedo y persecución política. Para quienes hemos luchado toda la vida eso no nos amedrentará. La lucha es el camino», posteó el dirigente en su cuenta de facebook. Está organización bloqueo la vía Ibarra – Zuleta – Olmedo, en el sector del puente de Rumipamba, en la parroquia rural La Esperanza, sur del cantón Ibarra, en rechazo a la eliminación del subsidio al diésel, medida adoptada por el presidente de la nación Daniel Noboa. En ese lugar, un grupo de manifestantes destruyó una tubería de agua potable, acción que fue registrada en video. La disposición también convoca a Marcelo Xavier Manosalvas Hurtado, Germán Ramos Ipiales, Jéssica Alexandra Torres Saavedra, Guido Marcelo Perugachi Guandinango, Alfonso Chalapuento Maigua y Manuel Mesías Flores Limaico, quienes deberán presentarse en la diligencia programada. Guido Perugachi, actualmente es presidente de la Confederación Nacional de Organizaciones Campesinas, Indígenas, Negras y Montubias del Ecuador (Fenocin). Además es quien lidera el proceso de revocatoria del mandato del presidente Daniel Noboa. El dirigente también fue protagonista del paro de 2025. Lideró una masiva marcha de comunidades de Cotacachi y Otavalo que recorrió las calles de Ibarra, y terminó en el obelisco de la ciudad. Allí, Perugachi dió un polémico discurso en el que llamó al diálogo al Gobierno y pidió el apoyo a los habitantes de la capital imbabureña. «Y si es que el gobierno no da diálogo, muy bien, el feriado nos tomamos Ibarra y pasamos aquí. Se cierra todo, compañeras y compañeros. Que viva la lucha», expresó el dirigente el 8 de octubre de 2025. INVESTIGACIÓN EN ETAPA PREVIA Dentro del proceso investigativo, la Fiscalía ordenó que los ciudadanos comparezcan acompañados de sus abogados a una audiencia privada, que se desarrollará este lunes 16 de marzo de 2026 a las 10:30 en el Departamento de Criminalística de Imbabura. Finalmente, el oficio establece que la diligencia deberá cumplirse como parte de las actuaciones dispuestas dentro del expediente. El proceso continúa en fase investigativa mientras la Fiscalía recopila información para esclarecer las circunstancias en las que se habría producido la presunta paralización de un servicio público en la provincia de Imbabura y para determinar si existen elementos suficientes que permitan formular cargos. Publicidad

Imbabura

PRIMERA ACOGIDA ACTIVA, PROTECCIÓN INMEDIATA PARA VÍCTIMAS DE VIOLENCIA EN IMBABURA

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Publicidad En las unidades judiciales de la provincia de Imbabura se ha fortalecido el servicio de primera acogida, un mecanismo que busca brindar atención inmediata, confidencial y segura a víctimas de violencia contra la mujer y miembros del núcleo familiar desde el primer contacto con el sistema de justicia. Este servicio funciona dentro de las dependencias judiciales donde se conocen este tipo de causas. Allí, personal especializado escucha a la persona afectada, orienta sobre sus derechos, recepta la denuncia y aplica una ficha técnica de valoración de riesgo, instrumento clave para determinar el nivel de vulnerabilidad de la víctima. MÁS DE CUATRO MIL CASOS EN UN AÑO La magnitud del problema queda reflejada en las estadísticas judiciales. Durante 2025 se registraron 4.121 causas por violencia contra la mujer y miembros del núcleo familiar en Imbabura, una cifra que evidencia la persistencia de este tipo de agresiones y la necesidad de mantener activos mecanismos de respuesta institucional. Una vez presentada la denuncia y realizada la valoración inicial, los jueces pueden dictar medidas de protección inmediatas, orientadas a garantizar la seguridad de la víctima y evitar nuevos episodios de violencia. EQUIPOS TÉCNICOS RESPALDAN DECISIONES JUDICIALES El proceso judicial no se limita únicamente a la recepción de la denuncia. Equipos técnicos integrados por profesionales en psicología, trabajo social y medicina elaboran informes especializados, que permiten a las autoridades judiciales contar con elementos técnicos para adoptar decisiones que prioricen la protección de las víctimas. El director provincial del Consejo de la Judicatura de Imbabura, Hugo Imbaquingo, explicó que la prioridad institucional es ofrecer una respuesta integral desde el primer momento. “Buscamos que cada persona reciba atención oportuna, empática y profesional, evitando la revictimización y priorizando su protección”, señaló. La autoridad recuerda que las denuncias pueden presentarse en cualquier unidad judicial de la provincia, donde el sistema activa de inmediato los protocolos establecidos por la ley para proteger a las víctimas.

Ibarra, Política

ANDREA CAZAR, LA IMBABUREÑA QUE QUIERE LLEVAR SU VOZ A LA FISCALÍA GENERAL DEL ESTADO

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Publicidad A las siete de la mañana, mientras la ciudad de Ibarra despierta entre el ritmo cotidiano, Andrea Cazar ya está en pie. Atiende entrevistas radiales, habla con serenidad de un desafío que podría cambiar el rumbo de su vida. Entre 75 postulantes que buscan dirigir la Fiscalía General del Estado, su nombre aparece como una singularidad: es la única candidata proveniente de Imbabura. Su voz no suena grandilocuente. Más bien transmite la calma de quien ha recorrido un camino largo antes de decidir dar este paso. “Lo importante es participar y ver cómo uno va creciendo en el proceso”, dice, consciente de que el concurso apenas empieza y que cada fase será una prueba distinta. UNA VIDA MARCADA POR LA BÚSQUEDA DE ESPACIOS La historia de Andrea Cazar no comenzó en los despachos judiciales ni en los expedientes jurídicos. Mucho antes de convertirse en abogada, su primera lucha, cuando era adolescente, fue en el deporte. Fue ciclista, nadadora y triatleta, y recuerda que en más de una competencia ni siquiera existía una categoría para mujeres. Aquellas primeras batallas marcaron su carácter. “Pedíamos que se abran las categorías femeninas. A veces éramos dos o tres, pero había que abrir ese espacio”, recuerda. Con el tiempo llegaron otros escenarios públicos. Fue Reina de Ibarra, un título que para ella significó una oportunidad de trabajo social. Desde esa vitrina impulsó campañas ambientales y programas de apoyo a grupos vulnerables, experiencias que la acercaron a la realidad de los barrios y comunidades. Esa cercanía con la gente la llevó a la política local. Fue concejala de Ibarra durante dos periodos: de 2000 a 2004 y de 2005 a 2009, donde impulsó ordenanzas relacionadas con la prevención de la violencia contra la mujer y la regulación del ruido en la ciudad, entre otras iniciativas. Publicidad DE LA COMUNICACIÓN AL DERECHO Su camino profesional tampoco fue lineal. Antes de convertirse en jurista, Andrea Cazar se formó como comunicadora organizacional, una carrera que ejerció hasta que una figura familiar marcó un nuevo rumbo. Su padre era abogado.Su recuerdo sigue presente en cada decisión importante. “Él fue quien me inspiró a estudiar Derecho. Creo que desde el cielo está orgulloso”, dice con emoción. Desde 2010 ejerce la profesión jurídica, acumulando experiencia en distintas instituciones del sistema judicial ecuatoriano. Ha trabajado en la Defensoría Pública, el Consejo de la Judicatura y el Consejo de Participación Ciudadana, desempeñando funciones tanto jurídicas como administrativas. En su trayectoria también aparecen tres maestrías: en Derecho Civil y Procesal Civil, Derecho Constitucional y Comunicación Organizacional, además de diplomados en gobernabilidad y derecho penal. Entre 2021 y 2024 fue directora provincial de la Defensoría Pública, un cargo desde el cual gestionó servicios legales para personas en condición de vulnerabilidad. EL RETO DE LA FISCALÍA El proceso para aspirar a la Fiscalía General no es sencillo. Para presentar su candidatura debió reunir 21 documentos oficiales, entre certificaciones estatales, declaraciones notarizadas y registros digitales que acreditan experiencia profesional, probidad y ausencia de impedimentos legales. Su postulación quedó registrada como la número 28 de las 75 presentadas a nivel nacional. Ahora inicia la fase de verificación documental, donde la Comisión Ciudadana de Selección revisará cada expediente antes de permitir que los aspirantes continúen en el concurso.Andrea lo sabe bien. Ya participó en procesos similares dentro de la función judicial. Por eso no se adelanta a los resultados.“Primero viene la admisibilidad, luego la calificación de méritos, el escrutinio público y finalmente la oposición. Es un proceso largo”, explica. En medio de un país atravesado por la crisis de seguridad y la desconfianza institucional, aspirar a dirigir la Fiscalía General implica también un acto de valentía. Andrea Cazar lo reconoce sin rodeos. “Es un reto que asumo como mujer, como imbabureña y también de manera muy personal”, afirma. Sin embargo, más allá del cargo, lo que más le ha sorprendido es la reacción de la gente. En los últimos días, dice, ha recibido mensajes de apoyo, llamadas y palabras de aliento de ciudadanos que ven en su candidatura una representación simbólica de la provincia. “Sentir que otras personas creen en ti te da mucha fuerza”, confiesa. Quizás por eso, cuando habla de su aspiración, no lo hace en singular.Porque en cada palabra aparece una convicción que repite varias veces durante la entrevista: “No solo llevo mi nombre. También llevo el nombre de Imbabura”.

Gastronomía, Imbabura

EL CORTIJO CONSOLIDA SU CUY AL HORNO COMO REFERENTE GASTRONÓMICO EN CHALTURA

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Publicidad En Chaltura, cuando se habla de cuy, se habla en serio. Y en medio de esa tradición que atraviesa generaciones, hay un nombre que suena con fuerza propia: El Cortijo. Un restaurante campestre cuya especialidad, el cuy al horno, se ha convertido en su sello y en el motivo principal por el que miles de comensales de distintas provincias de Ecuador e incluso extranjeros, llegan hasta este rincón de Antonio Ante, en Imbabura. El plato no nació por casualidad. Fue una decisión. Mientras la mayoría apostaba por el cuy frito, aquí eligieron el horno. El resultado es una preparación más ligera, con menos grasa añadida, pero con el mismo carácter de la receta tradicional. El secreto está en el aliño. “Ahí está el toque mágico, además le ponemos mucho amor”, afirma Blanca Terán, mentora del lugar y heredera de una receta que aprendió observando a su madre. LA DIFERENCIA ESTÁ EN EL HORNO El Cortijo abrió como restaurante en 2018. Tenía apenas medio año de funcionamiento cuando decidió participar en la Feria Internacional del Cuy realizada en la parroquia Andrade Marín de Antonio Ante. Competían propuestas de Ecuador, Colombia, Perú y Bolivia. El suyo era el único cuy al horno del certamen. El jurado, compuesto por chefs internacionales, evaluó sabor, técnica y presentación. El veredicto fue contundente: mejor plato de cuy del evento. Ese reconocimiento marcó un antes y un después. No solo validó la apuesta por el horno, sino que posicionó al restaurante dentro de una oferta gastronómica cada vez más competitiva en la provincia. Desde entonces, visitantes de Pichincha, Tungurahua, Chimborazo, Guayas y otras provincias, así como turistas colombianos y estadounidenses, han llegado hasta Chaltura atraídos por la recomendación boca a boca. El proceso de preparación es riguroso desde el inicio. Selección cuidadosa de proveedores, estándares de asepsia estrictos y una preparación primaria que garantice calidad. “Si se trabaja con asepsia y con buenos productos, vamos a tener un buen resultado”, explica Blanca. El cuy se faena, se limpia y se alinea con una mezcla que se ha transmitido de generación en generación. Luego entra al horno hasta alcanzar el punto exacto: piel crocante, carne jugosa.El plato se sirve con papa cocinada tradicional, ensalada fresca y un tostado preparado con las menudencias. Es una presentación completa, pensada para mantener la esencia andina del plato. UN RESTAURANTE QUE RESPETA SU ENTORNO El espacio también es parte de la experiencia. El Cortijo funciona en una propiedad familiar con más de 120 años de historia, conservada por generaciones. En lugar de transformar el terreno por completo, la familia decidió preservar el huerto frutal que siempre caracterizó al lugar. La construcción ocupa solo la parte frontal. El resto es naturaleza abierta, árboles, aire limpio. La propuesta es clara: gastronomía con identidad en un entorno campestre auténtico. Es un emprendimiento familiar. Hijos y nietos participan en distintas áreas. Además, genera empleo para otras familias de la parroquia. El restaurante atiende sábados, domingos y feriados nacionales, de 11:00 a 17:00, y recibe grupos entre semana bajo reservación. Blanca, maestra jubilada de 75 años, regresó a Chaltura después de trabajar en varias provincias. Pensó en abrir un espacio de capacitación comunitaria. El destino la llevó a otra forma de servicio: la mesa. “Estamos gustosos para seguirles atendiendo de todo corazón”, dice. Pero más allá de su historia personal, lo que ha terminado definiendo al lugar es el plato. En un territorio donde el cuy es tradición centenaria, El Cortijo ha logrado diferenciarse apostando por una versión que respeta el origen, pero ofrece una experiencia distinta. No se trata solo de comer, sino de sentarse en un espacio con historia, probar un cuy al horno premiado y entender por qué, en Chaltura, la cocina también es identidad.

Ibarra

FUERZAS ARMADAS DESMANTELAN 10 CAMPAMENTOS DE MINERÍA ILEGAL EN BUENOS AIRES, URCUQUÍ

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Un nuevo golpe a las redes de minería ilegal en la parroquia Buenos Aires, en el cantón Urcuquí, dejó como saldo campamentos desmantelados, explosivos decomisados y material aurífero incautado durante una operación ejecutada por las Fuerzas Armadas del Ecuador. El operativo se desarrolló en el sector Mina Vieja, una zona que desde hace varios años ha sido identificada como uno de los principales focos de explotación minera clandestina en la provincia de Imbabura. Las acciones formaron parte de los rastrillajes militares permanentes orientados a recuperar el control territorial y frenar la actividad extractiva ilegal. Durante la intervención, los uniformados localizaron y destruyeron 10 cambuches utilizados como campamentos de operación, además de maquinaria y herramientas destinadas al procesamiento del material aurífero. Entre los elementos encontrados constan 6 generadores de luz, 4 motores de agua, una bomba hidráulica, dos roto martillos y tres bobinas de repuesto, equipos que eran utilizados para sostener las faenas clandestinas en la zona. También se incautaron 93 sacos de material aurífero, lo que evidencia la escala de las actividades extractivas que se desarrollaban en el lugar. El operativo también permitió detectar 21 cápsulas ordinarias explosivas, una dinamita tipo “salchicha” y dos galones de combustible, insumos utilizados para fracturar el suelo y facilitar la extracción de minerales. La intervención generó una afectación económica aproximada de 47.000 dólares a las estructuras dedicadas a la minería ilegal, indico el Ejército Ecuatoriano, en su cuenta de la red social Facebook. Además, informaron que los operativos de control continuarán en el sector de Buenos Aires y otras zonas sensibles de Imbabura, con el objetivo de frenar la explotación clandestina de recursos naturales y reforzar la seguridad territorial.

Imbabura

NUEVA NORMA OBLIGA A ETIQUETAR LOS ALIMENTOS VENDIDOS A GRANEL

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La venta de alimentos a granel en mercados y bodegas de Imbabura cambiará de forma significativa. La Agencia Nacional de Regulación, Control y Vigilancia Sanitaria (ARCSA) anunció la aplicación de una normativa que obliga a que los productos procesados fraccionados para su comercialización cuenten con información clara para el consumidor, incluyendo procedencia, contenido y fecha de caducidad. La medida se sustenta en la resolución ARCSA-DE-2025-007, que reforma disposiciones anteriores sobre establecimientos que producen y comercializan alimentos. Según explicó Gabriela Montalvo, analista zonal de la entidad en la Zona 1, los controles empezarán en las próximas semanas, luego de un proceso de socialización dirigido a comerciantes y propietarios de locales. “El objetivo es que el consumidor tenga la información necesaria: nombre del producto, contenido neto, notificación sanitaria, fecha de elaboración y de caducidad”, explicó la funcionaria durante una entrevista en el noticiero matutino de Radio X FM. ETIQUETADO OBLIGATORIO PARA PRODUCTOS FRACCIONADOS La nueva regulación se enfoca en los alimentos procesados que se venden por libras o porciones luego de ser fraccionados en los establecimientos. Entre ellos están arroz, azúcar, avena, fideos, granos secos, frutos secos y otros productos similares que tradicionalmente se comercializan a granel en mercados y bodegas. De acuerdo con Montalvo, cuando estos productos se dividen para la venta, cada unidad debe contar con una etiqueta que incluya información obligatoria para el consumidor. Entre los datos exigidos están: Montalvo explicó que el cambio responde a problemas detectados en el mercado, especialmente en productos como el azúcar, donde no siempre es posible conocer la trazabilidad o procedencia del alimento cuando se vende fraccionado. “No sabemos quién produjo el alimento, dónde se elaboró o hasta cuándo se puede consumir”, señaló. SOCIALIZACIÓN Y CONTROLES DESDE ESTE MES Como parte de la implementación, la ARCSA realizará una jornada de capacitación para comerciantes y dueños de establecimientos. El evento está programado para el viernes 6 de marzo, a las 15:00, en el auditorio de la Prefectura de Imbabura, en Ibarra, y no tendrá costo para los participantes. Durante la capacitación se abordarán temas como condiciones higiénicas para el fraccionamiento de alimentos,requisitos del etiquetado obligatorio,prácticas correctas de manipulación,condiciones del área de envasado y almacenamiento. La funcionaria aclaró que la normativa no prohíbe la venta a granel, pero exige que los alimentos estén protegidos de contaminantes y que el consumidor reciba información clara antes de comprarlos. Julia Angamarca tiene una bodega de abastos cerca al mercado Amazonas de la ciudad de Ibarra. Está preocupada por el anuncio de la implementación de la normativa en la localidad. “Siempre hemos vendido por libras, como la gente está acostumbrada. Los clientes vienen y piden media libra de arroz, un poquito de avena o azúcar, y nosotros les despachamos en el momento. Ahora nos dicen que hay que etiquetar todo y poner fechas, y la verdad eso nos preocupa porque no todos tenemos máquinas para sellar o etiquetar, y eso significa un gasto extra. Ojalá las autoridades también piensen en los pequeños comerciantes como nosotros y nos den tiempo para adaptarnos, porque vivimos del día a día y cualquier cambio fuerte nos afecta”, comentó. Tras la socialización, los controles comenzarán este mismo mes, y dependiendo de las irregularidades detectadas podrían iniciarse procesos sancionatorios. Según la ARCSA, si durante los operativos se detectan riesgos para la salud pública, se podrían aplicar medidas como clausuras temporales o sanciones administrativas, conforme a lo establecido en la Ley Orgánica de Salud.

Imbabura, Otavalo

RECUPERACIÓN DEL RÍO TEJAR: EMAPA-O DESVIÓ DESCARGAS PERO PROCESO DE CONSTRUCCIÓN DE COLECTOR SIGUE EN CONSULTORÍA

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Publicidad Durante las últimas tres décadas, el río Tejar ha soportado descargas sanitarias, residuos sólidos y el crecimiento urbano sin planificación suficiente. El afluente atraviesa el casco urbano de Otavalo y fue declarado sujeto de derechos por la justicia constitucional en 2025, tras una acción de protección impulsada por un colectivo ciudadano. La sentencia responsabilizó al Municipio de Otavalo y a la Empresa Municipal de Alcantarillado y Agua Potable de Otavalo (EMAPA-O) por vulnerar esos derechos con descargas directas de aguas residuales y ordenó medidas de reparación integral en uno y tres años. El próximo 13 de marzo se cumple el primer año de ejecución del fallo. En ese contexto, el gerente general de EMAPA- O, Juan Fernando Robalino, en entrevista en el noticiero matutino de Radio X FM 94.7, detalló las acciones emprendidas, aunque reconoció que la solución estructural aún está en fase de consultoría. También le puede interesar: JUEZ EVALUARÁ ACCIONES PARA RECUPERAR AL RÍO TEJAR UN DESVÍO PARCIAL Y UN COLECTOR EN DISEÑO La intervención más visible hasta ahora se concentra en el sector El Batán. Allí, según Robalino, se redirigió el componente sanitario hacia la planta de tratamiento. “Nosotros lo que hicimos es interconectar pozos del alcantarillado, para que estos desvíen el cauce con el que originalmente fueron diseñados y redirigir esas aguas hacia la planta de tratamiento de la ciudad”, explicó. Sin embargo, el propio gerente confirmó que el sistema es mixto -sanitario y pluvial-, lo que significa que en episodios de lluvia pueden observarse descargas de agua lluvia por la red antigua. Franklin Hermosa, vocero del colectivo ‘Unidos por la Pachamama’ que impulsó la demanda, señaló que todavía existen flujos visibles en el lecho del río. La solución definitiva dependerá de la construcción de un colector. En la entrevista, Juan Fernando Robalino explicó que el proceso de planificación de la obra no pudo avanzar inmediatamente después de la sentencia porque requería autorización previa del Ministerio del Ambiente. Detalló que en diciembre de 2024 EMAPAO presentó los términos de referencia para la fase constructiva y que la respuesta oficial tardó ocho meses. Recién después de recibir esa aprobación, en agosto de 2025, pudieron iniciar el proceso para contratar la consultoría que definirá los diseños y el costo total de la intervención. “El tramo de intervención comprende alrededor de 15 kilómetros. Aún se desconocen los costos, yo prefiero mantenerme prudente sabiendo que el consultor va a sacar con valores actualizados todo lo que comprende una intervención de esta magnitud”, manifestó el gerente. Por ahora, la inversión confirmada es de 38 mil dólares, destinados a la consultoría. El valor total de ejecución se conocerá en un plazo estimado de 120 días. METILMERCURIO Y DATOS AÚN EN VALIDACIÓN En el proceso judicial se evidenció la presencia de metilmercurio en las aguas del río, un compuesto altamente tóxico. Robalino confirmó su existencia, aunque señaló que se trataría de cantidades mínimas. “La cantidad que se encontró de metilmercurio está a nivel de trazas, las trazas son cantidades no cuantificables, eso quiere decir que existe, pero no se puede determinar cuánto, por lo tan chiquitito que es”, indicó. No obstante, el segundo análisis para confirmar o descartar ese resultado aún está en desarrollo. La empresa sostiene que está realizando un barrido de la microcuenca y nuevas tomas de muestra con laboratorio acreditado. En cuanto a los indicadores bacteriológicos, Robalino reconoció que los niveles de E. coli estaban fuera de norma, razón por la cual se ejecutó el desvío sanitario. Sin embargo, no mencionó cifras comparativas concretas que permitan medir la reducción alcanzada hasta ahora. SIN MAPA DEFINITIVO DE DESCARGAS Otro elemento relevante es que EMAPA-O no tiene contabilizado el número total de descargas ilegales existentes. «Durante la intervención se detectaron conexiones clandestinas y el levantamiento continúa», dijo el funcionario. A once días de la audiencia, la empresa asegura haber presentado nueve informes de avance ante el juez durante 2025. No obstante, la obra estructural principal aún no inicia y la recuperación integral depende de estudios en curso. El juez deberá determinar si las acciones ejecutadas en este primer año constituyen avances suficientes o si corresponde aplicar medidas coercitivas por incumplimiento.

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