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EL BORDADO DE ZULETA, UNA TRADICIÓN DE 125 AÑOS QUE YA ES PATRIMONIO CULTURAL DEL ECUADOR

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En los hogares de la comunidad Zuleta, de la parroquia rural de Angochagua, suroriente de Ibarra, los hilos de algodón de colores se convierten en flores, colibríes y sueños. Allí, más de 500 mujeres mantienen viva una tradición que empezó hace más de 120 años, y que luego de un proceso extenso de investigación, fue reconocido oficialmente como Patrimonio Cultural Inmaterial del Ecuador. Las primeras puntadas de esta historia se remontan a los inicios del siglo XX, cuando las mujeres indígenas bordaban su vestimenta inspiradas en los paisajes del páramo. Desde entonces, el oficio ha pasado de madres a hijas, enlazando generaciones enteras. “Yo aprendí viendo a mi madre, y ahora mis hijas siguen el mismo camino”, relató Magaly Casa, una de las artesanas que ha dedicado su vida a esta labor. DE LAS HACIENDAS A LOS TALLERES COMUNITARIOS El bordado de Zuleta evolucionó con el paso del tiempo. A mediados del siglo pasado, María Avelina Lasso de Plaza, esposa del expresidente Galo Plaza Lasso, impulsó la creación de nuevas piezas decorativas en la hacienda Zuleta, transformando los diseños tradicionales en productos de uso doméstico: manteles, toallas y blusas bordadas a mano que pronto trascendieron las fronteras del pueblo. Hace tres décadas, un grupo de trece artesanas decidió organizarse y fundó la Asociación de Bordadoras y Artesanos de Zuleta, una agrupación legalmente constituida que mantiene talleres en la comunidad y expone sus obras en el centro cultural local. Cada bordadora lidera a su propio grupo de colaboradoras, multiplicando el impacto económico del oficio en la zona. ARTE, PACIENCIA Y ECONOMÍA FAMILIAR Una blusa típica puede tardar cinco días en completarse, mientras que un mantel grande requiere hasta mes y medio de trabajo constante. Las piezas más pequeñas, como los portavasos, se elaboran en una jornada. Todo se realiza con hilos de algodón de alta calidad, capaces de resistir el paso del tiempo sin perder color ni textura. “Un buen bordado puede durar más de 30 años”, dijo María Chachalo, artesana local. Los precios varían según la complejidad: desde tres dólares con cincuenta por un portavaso, hasta más de doscientos por un mantel grande. El reciente reconocimiento nacional es más que un título: es la validación de una herencia viva que simboliza la independencia y la creatividad de las mujeres de Zuleta. Con sus manos, ellas no solo bordan telas, sino también la memoria y el futuro de su pueblo.

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REGISTRO CIVIL ANUNCIA NUEVA JORNADA EXTRAORDINARIA DE CEDULACIÓN

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49 agencias del Registro Civil de 24 provincia de Ecuador abrirán sus puertas este sábado, de 08:00 a 12:00 en una nueva jornada extraordinaria de cedulación. La medida busca facilitar el acceso al documento de identidad a quienes no han podido hacerlo durante las semanas previas y garantizar que los ciudadanos cuenten con su cédula para ejercer el derecho al voto en la consulta popular y referéndum del 16 de noviembre de 2025. El servicio está dirigido a quienes ya tienen turno agendado a través de la agencia virtual del Registro Civil. Los usuarios deben presentar el comprobante de pago impreso, su cédula anterior o la constancia de documentos extraviados emitida por el Consejo de la Judicatura. El costo del trámite se mantiene en $5,00 por primera vez, $16,00 por renovación y sin costo para personas con discapacidad igual o superior al 30%. Además, niños, adultos mayores, embarazadas y personas con discapacidad recibirán atención prioritaria sin necesidad de turno. 239 MIL CIUDADANOS ATENDIDOS EN FINES DE SEMANA DURANTE 2025 Esta será la jornada extraordinaria número 18 del año, en la que ya se ha atendido a 239.327 personas. Solo en 2025, el Registro Civil ha emitido más de 2 millones de cédulas de identidad, fortaleciendo su compromiso de garantizar el derecho a la identidad y acercar los servicios públicos a la ciudadanía. En Imbabura estarán operativas las agencias de Ibarra, Otavalo, Antonio Ante, Cotacachi y Pimampiro, mientras que en la zona norte también funcionarán las oficinas de Tulcán (Carchi); Rioverde y Atacames (Esmeraldas). La semana anterior, el Registro Civil regostró intermitencias en su plataforma digital, lo que impidió por al menos tres días la emisión de cédulas, pasaportes y partidas de nacimiento a nivel nacional. Usuarios denunciaron que al momento de agendar turnos en línea la fecha más próxima figuraba para agosto próximo, pese a estar en octubre. Ante la presión, la institución informó que el sistema está siendo actualizado como parte de un proyecto de “repotenciación tecnológica”.

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HOMENAJE A VÍCTIMAS DEL PARO SE EMPAÑÓ POR HECHOS VIOLENTOS

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Una marcha convocada por la Unión de Organizaciones Indígenas y Campesinas de Cotacachi (UNORCAC) terminó en un nuevo enfrentamiento con la Policía Nacional, este jueves en Ilumán, al norte de Otavalo. En medio de un ambiente tenso, una mujer policía resultó herida tras recibir una pedrada en la cabeza, lo que desató una fuerte reacción de los uniformados. El hecho ocurrió pasado el mediodía del jueves 23 de octubre de 2025, durante una concentración que reunió a unas 2 mil personas. De acuerdo con información policial, un grupo de personas que llegó desde Cotacachi comenzó a lanzar piedras. Ellos respondieron con gases lacrimógenos. La tensión escaló rápidamente y derivó en la retención de otros dos policías, que también resultaron heridos. Para ser liberados fueron obligados a pedir disculpas públicas. Cuando los ánimos se calmaron, los asistentes realizaron rituales ancestrales y ofrecieron una misa en memoria de Efraín Fuérez, la primera víctima del paro en Imbabura. A las 14 horas, iniciaron un recorrido de unos 5 kilómetros por la panamericana hasta el Parque de los Dinosaurios de Otavalo. En ese lugar  José Guamán, recibió un impacto de bala en el pecho el pasado 14 de octubre, que horas más tarde terminó con su vida. Bajo una intensa lluvia, los asistentes también le rindieron tributo al comunero oriundo de la comunidad de Cachiviro, con rituales y emotivos discursos. Pero los homenajes a las víctimas se empañaron por los hechos violentos,  que fueron recurrentes en este paro indígena, el más largo en la historia de Ecuador, que se prolongó 31 días.

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55 MILLONES EN PÉRDIDAS DEJA EL PARO EN IMBABURA

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Almacenes vacíos o cerrados y  habitaciones sin huéspedes en los hoteles, reflejan la magnitud del golpe económico que sufre Imbabura. Tras 29 días de paro indígena, las pérdidas superan los 55 millones de dólares. En Antonio Ante, los propietarios de los locales donde se venden textiles, abren sus puertas a pesar del miedo y la incertidumbre, para intentar vender algo y sobrevivir. Pero los clientes no llegan. “Las ventas se han reducido hasta en un 90%, y varias fábricas detuvieron su producción”, afirmó Santiago Andrade, empresario del sector. En Otavalo y Cotacachi, la situación es más crítica. Los bloqueos mantienen a las ciudades sitiadas. En Otavalo, los habitantes improvisaron ferias en las calles del centro para conseguir alimentos. Mientras que en Cotacachi, los agricultores claman por ayuda. Dicen que viven a Merced de lo que la Unión de Organizaciones Indígenas y Campesinas de Cotacachi (Unorcac) decida y permita. “Ya no tenemos cómo sacar nuestros productos; si no hay paso, no hay venta. Son tiempos tristes para nosotros y no tenemos ayuda de ninguna autoridad”, explicó Ramiro Guerra, agricultor de la localidad. Algunos propietarios de florícolas, en cambio, no se resignan a perder su inversión y buscan caminos alternos, para movilizar hacia Quito su producción. Sus trabajadores cruzan por quebradas y ríos, para evitar que los manifestantes los vean y les decomisen la carga. Mientras que en Ibarra, capital de Imbabura, la Dirección de Desarrollo Económico de la Alcaldía reporta una caída del 80% en las ventas en el sector comercial, que representa el 67% de la actividad económica de la urbe. Aunque los productos siguen llegando al Mercado Amazonas, los comerciantes aseguran que los compradores adquieren solo lo básico. Mientras ellos trabajan con miedo e incertidumbre, porque en cualquier momento, llegan marchas indígenas y los obligan a cerrar sus negocios. Asimismo, el turismo atraviesa su peor momento: la ocupación hotelera no supera el 5% y más de un centenar de establecimientos permanecen vacíos. Muchos no podrán reabrir las puertas pues el impacto económico los ha quebrado. Para enfrentar la emergencia, los alcaldes de Ibarra y Antonio Ante anunciaron planes de reactivación económica con el objetivo de devolver el movimiento a una provincia que sigue sumida en una paralización obligada por casi un mes.

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PARO INDÍGENA LLEGÓ A SU FIN LUEGO DE 24 DÍAS

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Luego de seis horas de diálogo entre representantes del Gobierno de Daniel Noboa y dirigentes indígenas de la Unión de Organizaciones Indígenas y Campesinas de Cotacachi (Unorcac) y dela Federación de Indígenas y Campesinos de Imbabura (FICI), acordaron levantar el paro que mantenía a la provincia paralizada durante 24 días.  El encuentro se desarrolló en un hotel de Otavalo, epicentro de la paralización convocada por la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador (Conaie), en principio por la eliminación del subsidio al diésel. “Hoy se levanta el paro, hoy se abren las vías”, dijo el ministro del Interior, John Reimberg, en rueda de prensa, tras los consensos y afirmó que se instalarán mesas técnicas territoriales conjuntas con las comunidades. En la cita también participaron delegados de los 58 cabildos indígenas de Otavalo y sus alrededores.  Se designó al párroco Cristian Andrade como veedor del cumplimiento de los acuerdos. Los dirigentes de las manifestaciones exigieron que el Estado evalúe el congelamiento del precio del diésel, la liberación de los 43 detenidos durante las protestas y la conformación de comisiones temáticas territoriales.  Los líderes de las organizaciones de Imbabura anunciaron que retornarán a sus comunidades, aunque aclararon que el levantamiento del paro está condicionado al cumplimiento de los compromisos por parte del Gobierno.  «Nos declaramos en asambleas permanentes hasta recibir respuestas firmes», dijo Mesías Flores, presidente de FICI. Durante las protestas dos comuneros fallecieron. El primero fue Efraín Fuerez, oriundo de Cotacachi, en medio de enfrentamientos con la fuerza pública en el sector de Ilumán. Mientras que la segunda víctima mortal fue identificada como José Alberto Guamán, quien recibió un impacto de bala este martes durante las violentas protestas de Otavalo y murió en Quito luego de ser trasladado vía aérea para recibir atención médica especializada. El anuncio de fin del paro no cayó bien entre las bases. A través de audios de WhatsApp que se filtraron a la prensa, los dirigentes comunitarios  anunciaron que desconocerán los acuerdos y mantendrán la vía Panamericana bloqueada.

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DOS MIL INDÍGENAS DE COTACACHI LLEGARON A IBARRA EN MEDIO DE TENSIÓN Y AMENAZAS

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Unas dos mil personas de las 44 comunidades que integran la Unión de Organizaciones Indígenas y Campesinas de Cotacachi (UNORCAC) ingresaron este miércoles a Ibarra, a bordo de camionetas, camiones y volquetas. Durante el recorrido, los manifestantes gritaron consignas en contra del Gobierno, mientras los transeúntes observaban con temor su paso por la ciudad. “Luego de la reunión que mantuvo la UNORCAC en Cotacachi, decidieron avanzar un grupo acá a la Gobernación, supuestamente a dejar un pliego de peticiones. La Policía lo que está garantizando es el derecho a que puedan manifestarse, pero de forma pacífica. Lo que no vamos a permitir es que vengan a paralizar o cometer cualquier acto de violencia”, dijo Víctor Herrera, inspector general de la Policía Nacional. Los manifestantes, portando banderas y pancartas, recorrieron unas 40 cuadras por las principales calles de Ibarra. Pasaron por el Mercado Amazonas, donde varios comerciantes cerraron sus negocios por temor. Marcharon por la calle Simón Bolívar, pasaron por el edificio del Municipio de Ibarra y se dirigieron luego al Consejo de la Judicatura para exigir la libertad de los 12 detenidos en Otavalo durante la primera jornada de protestas donde se destruyó un cuartel de policía. Luego continuaron su recorrido hasta el Obelisco de la Estación, a pocos metros de la Gobernación de Imbabura, que permanecía resguardada por militares. Los manifestantes no tuvieron ningún acercamiento con funcionarios del régimen, por lo que no pudieron entregar su pliego de peticiones. Durante la concentración, hubo discursos y uno de los dirigentes lanzó una advertencia directa a la ciudadanía de la capital de Imbabura: “A la gente de Ibarra, si no ayudan a comunidades y pueblos, este es primer aviso. Si no ayudan, en la segunda, venimos a desbaratar”. Al finalizar la concentración, Guido Perugachi, dirigente de la comunidad Perafán de la parroquia Imantag de Cotacachi aseveró: “Y si es que el Gobierno no da diálogo, muy bien. El feriado nos tomamos Ibarra, pasamos aquí y se cierra todo compañeros”. Pasadas las tres de la tarde, los manifestantes comenzaron a caminar hacia el parque Ciudad Blanca, abordaron nuevamente sus vehículos y regresaron a sus comunidades y a los puntos de bloqueo en la Panamericana,

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UNA MUJER ASUME LA GOBERNACIÓN DE IMBABURA EN MEDIO DE PROTESTAS

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Mediante Decreto Ejecutivo 154, el presidente Daniel Noboa designó a Elsy Mayte Landeta Sánchez de 33 años, como nueva gobernadora de Imbabura, en reemplazo a Luis Efraín Amaguaña Muenala, quien renunció solo cuatro días después de asumir el cargo. La transición ocurre en medio de una convulsión social marcada por protestas indígenas, bloqueos de vías y enfrentamientos violentos en varios cantones de la provincia, especialmente en Otavalo. UNA NUEVA FIGURA POCO CONOCIDA PARA UNA PROVINCIA EN TENSIÓN Sobre Elsy Landeta poco se conoce públicamente. Se sabe que es abogada de la Pontificia Universidad Católica del Ecuador, sede Ibarra.  En su trayectoria profesional figura un paso como pasante en la Gobernación de Imbabura, trabajo para la Empresa Pública de Movilidad del Norte (Movidelnor) y brindó servicios como abogada externa para la EMAPA Ibarra.  No hay registros públicos de que haya ocupado cargos políticos relevantes antes del presente nombramiento, lo que convierte su designación en una apuesta gubernamental en un momento álgido. Con esta designación, Landeta se convierte en la quinta mujer en la historia provincial en ocupar la gobernación de Imbabura. Antes que ella lo hicieron Gabriela Rivadeneira (durante el gobierno de Rafael Correa), Paolina Vercoutere, Marisol Peñafiel y María Gabriela Jaramillo en distintos mandatos. DESAFÍOS URGENTES Landeta asume en un momento en el que Imbabura vive una crisis multisectorial: cierres viales, protestas en comunidades indígenas, enfrentamientos entre manifestantes y fuerzas del orden, y cortes en el abastecimiento de productos básicos. Entre sus primeros retos estará coordinar acciones con la Presidencia, el Ministerio del Interior, las Fuerzas Armadas y los comités de diálogo con los pueblos indígenas. También deberá recuperar la confianza de la población imbabureña, atenuar la escalada de violencia y garantizar que las instituciones provinciales sigan operando con normalidad bajo un clima de polarización. Su gestión será observada con especial detenimiento: si logra moderar el conflicto, podrá cimentar respaldo local; si es rebasada por la movilización social, su mandato puede quedar opacado antes de consolidarse. Su éxito dependerá de su capacidad de interlocución, su cercanía al territorio y su habilidad para operar en una provincia en tensión.

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TOQUE DE QUEDA EN IMBABURA Y OTRAS CUATRO PROVINCIAS

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El presidente Daniel Noboa, mediante Decreto Ejecutivo 146, dispuso una restricción de la libertad de tránsito en las provincias de Imbabura, Carchi, Cotopaxi, Chimborazo y Bolívar. La medida estará vigente todos los días desde las 22h00 hasta las 05h00, y quienes circulen fuera del horario establecido sin justificación serán puestos a órdenes de las autoridades. SECTOR SALUD, SEGURIDAD Y PRENSA ENTRE LAS EXCEPCIONES El documento establece que quedan exceptuados trabajadores de la salud pública y privada, seguridad pública y privada, servicios de emergencia vial, funcionarios de la Presidencia, Vicepresidencia, ministerios, Asamblea Nacional y cuerpo diplomático, así como personal de empresas exportadoras, transporte de carga, aeropuertos, medios de comunicación, abogados con diligencias judiciales y actividades vinculadas al turismo y la educación. El decreto faculta a la Policía Nacional, Fuerzas Armadas y agentes de tránsito a exigir documentos que certifiquen la pertenencia a estos sectores. Además, el Ministerio de Gobierno podrá emitir medidas adicionales para garantizar el desarrollo de actividades laborales y académicas.

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INDÍGENAS DE IMBABURA ANUNCIAN RADICALIZACIÓN DE PROTESTAS POR EL ALZA DEL DIÉSEL

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La eliminación del subsidio al diésel, decretada el 13 de septiembre de 2025, elevó el precio del galón de 1,80 a 2,80 dálares y encendió la chispa de la protesta en la Sierra Norte. La Unión de Organizaciones Campesinas e Indígenas de Cotacachi (Unorcac), este miércoles 17 de septiembre de 2025 resolvió convocar a un levantamiento permanente. “Nos convocamos en resistencia porque esta medida golpea a nuestras comunidades, al transporte, a la producción y a la vida cotidiana. No vamos a retroceder”, dijo su presidenta, Martha Tuquerres. Desde el 16 de septiembre se mantienen asambleas en las comunidades y se organizan bloqueos en vías estratégicas de la provincia. La organización exige la derogatoria del decreto presidencial y anuncia que las acciones se intensificarán si el Gobierno no atiende sus demandas. FICI RESPONDE Y DENUNCIA REPRESIÓN Por su parte la Federación de los Pueblos Kichwa de la Sierra Norte del Ecuador (Fici), con sede en Otavalo, también se declaró en paro indefinido. Su presidente, Mesías Flores, afirmó: “Lo hacemos por decisión y voluntad popular, amparados en el derecho a la resistencia. No aceptamos un modelo que encarece la vida de los pobres mientras favorece a grupos de poder”. El Ejecutivo justifica la medida asegurando que los 1.100 millones de dólares liberados se destinarán a programas sociales y compensaciones a sectores afectados. Sin embargo, en Imbabura las organizaciones indígenas insisten en que no han sido consultadas y que la eliminación del subsidio amenaza directamente a los sistemas de transporte rural y a las economías familiares. La Fici denunció además operativos policiales en comunidades de Caluquí y Huaycopungo, a los que calificó como actos de provocación. En respuesta, se organizaron marchas y mingas de vigilancia comunitaria. “El Gobierno debe retirar a las fuerzas de seguridad y liberar a los detenidos; de lo contrario, el conflicto se agravará”, agregó Flores. CONAIE SE UNE A LAS PROTESTAS Asimismo, la tarde de este jueves 18 de septiembre de 2025, la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador (Conaie), convocó a sus bases a un paro nacional inmediato e indefinido. Marlon Vargas, presidente de la organización, lideró la reunión en Riobamba, de la que se establecieron 10 resoluciones, como derogar el decreto 126 que elimina el subsidio al diésel, la reducción del Impuesto al Valor Agregado (IVA) del 15 al 12% y la prohibición de ingreso de la fuerza pública a sus organizaciones. POLICÍAS Y MILITARES EN ALERTA Los uniformados en cambio, vigilan la vía Panamericana que atraviesa Imbabura, desde Cajas hasta Juncal, con especial énfasis en los sectores más conflictivos donde se han registrado bloqueos y protestas en días anteriores, para mantenerla habilitada. Según el Sistema de video vigilancia ECU 911, hasta las 17:00 de este jueves 18 de septiembre de 2025, en Imbabura no se registran cierres viales ni manifestaciones. Sin embargo, los anuncios de las dos organizaciones indígenas más grandes de la provincia han provocado expectativa, incertidumbre y tensión en habitantes y conductores de la región norte de Ecuador.

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COMUNIDAD SANTA CECILIA DE IMBABURA SERÁ REUBICADA PARA DAR PASO A EXPLOTACIÓN MINERA EN PROYECTO CASCABEL

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310 habitantes de la comunidad Santa Cecilia, en la parroquia Lita del cantón Ibarra, se preparan para dejar atrás sus casas y tierras a fin de dar paso al proyecto minero Cascabel, considerado el yacimiento de cobre más grande del Ecuador y uno de los más importantes de América. El plan de explotación, a cargo de la empresa australiana SolGold, se desarrollará en una concesión de 4.979 hectáreas, con un contrato de operación vigente por 33 años firmado en julio de 2024. UNA REUBICACIÓN INÉDITA EN IMBABURA Santa Cecilia está situada entre dos montañas en el norte subtropical de Imbabura. Sus limitaciones en servicios básicos, especialmente en agua potable, y la precariedad de su vía de acceso contrastan con la riqueza mineral que yace bajo su suelo. El director de sostenibilidad de SolGold, Hugo Arnal, explicó que en esa zona se ubican dos depósitos: Alpala, uno de los mayores del hemisferio, y Tandayama, de menor tamaño pero de explotación más rápida y económica. “La reubicación es inevitable. El polvo, el tránsito de maquinaria y los movimientos de tierra afectarían directamente la salud y la calidad de vida de los pobladores”, precisó. El proyecto contempla comprar 120 predios y levantar un barrio nuevo en el que se asentarán los 91 hogares censados. En esta localidad casi el 90% de las familias no es propietaria de la tierra donde vive actualmente y cerca del 40% está en pobreza crítica, factores que según Arnal hacen de esta reubicación una oportunidad para mejorar condiciones de vida con acceso a mejores servicios, viviendas seguras y una escuela de calidad. ACUERDO MAYORITARIO, PERO CON INCERTIDUMBRES Desde 2012, SolGold mantiene presencia en la zona trabajando con 16 comunidades aledañas a la concesión. De todas ellas, únicamente Santa Cecilia está en medio de los depósitos de cobre y requiere traslado. El 30% de su población ya trabaja para la compañía y la mayoría acepta mudarse siempre que el reasentamiento sea dentro del área de influencia minera, lo que garantizaría oportunidades laborales. Tras dos años de negociaciones y más de una docena de asambleas comunitarias, 90 de las 91 familias ya aceptaron trasladarse a un nuevo terreno. “En este proceso se hizo una selección de entre tres alternativas y se seleccionó una en la comunidad de Palo Amarillo, está más o menos a 15 kilómetros de aquí”, señaló Eduardo Montesdeoca, presidente de la comunidad Santa Cecilia. La mudanza, sin embargo, no tiene fecha. La urbanización aún no se construye y en el caserío ya no se ven nuevas casas ni cultivos. «En este momento ya no hay los productos que aquí se tenían anteriormente, como plátano, yuca… todo eso se ha acabado”, lamentó José María Tobar, habitante del lugar. En otros moradores, en cambio, persiste la incertidumbre. “Dicen que nos van a reubicar, pero no sabemos bien porque el terreno no está comprado todavía”, advirtió Clemencia Pantoja. Pero hay un ahnelo que tiene el pueblo en general. Quieren llevarse al menos el nombre al nuevo acentamiento, aunque sus recuerdos se queden anclados en este lugar.

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