Paro 2025

Cotacachi, Imbabura

UNORCAC DEFINE REGLAS PARA HATUN PUNCHA 2026 Y MARCA DISTANCIA CON PRESENCIA MILITAR

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La organización indígena de Cotacachi fijó las condiciones bajo las cuales se desarrollará una de sus celebraciones más representativas. En una asamblea ampliada realizada el 25 de abril de 2026 en el Teatro Municipal Ciudad por la Paz, la Unión de Organizaciones Campesinas e Indígenas de Cotacachi (UNORCAC) resolvió que no se permitirá la presencia de fuerzas militares durante el Hatun Puncha. La seguridad durante el evento ancestral será asumida mediante un esquema coordinado con la Policía Nacional. El pronunciamiento, adoptado con la participación de cabildos y autoridades comunitarias, establece que la Policía actuará en un rol preventivo y respetuoso, acompañando actividades clave como la toma simbólica de la plaza en el Parque La Matriz, en articulación con el Consejo de Seguridad y la dirigencia de la organización. REGLAS INTERNAS Y CONTROL COMUNITARIO PARA LA CELEBRACIÓN Publicidad El documento detalla una serie de disposiciones orientadas a garantizar el desarrollo ordenado del evento. Entre ellas, se establece la prohibición de portar armas, objetos cortopunzantes y botellas de vidrio, así como la implementación de acciones para regular el consumo excesivo de alcohol. Estas medidas estarán acompañadas por procesos de sensibilización liderados por los cabildos en cada comunidad. Además, se promoverá la no utilización de prendas o símbolos de carácter militar, como parte de una línea que refuerza la identidad cultural y el carácter pacífico de la festividad. Las comunidades también asumirán la responsabilidad de organizar jornadas de socialización para fortalecer el cumplimiento de estas normas. En el cronograma organizativo, la UNORCAC anunció que la última asamblea previa al Hatun Puncha se realizará el 20 de junio de 2026, espacio en el que se prevé afinar la logística y los mecanismos de control comunitario. ANTECEDENTES RECIENTES MARCAN EL TONO DE LAS RESOLUCIONES Las decisiones adoptadas se dan ocho meses después de las movilizaciones indígenas registradas entre septiembre y octubre de 2025, que se extendieron por 31 días y generaron bloqueos viales, tensiones sociales y una alta presencia de fuerzas del orden en territorios indígenas del norte del país. En ese contexto, la resolución de excluir a las Fuerzas Armadas y limitar la seguridad a un acompañamiento policial preventivo evidencia una postura que responde a experiencias recientes. Las comunidades han reiterado su derecho a la autodeterminación y a mantener sus propios mecanismos de organización, lo que en este caso se traduce en lineamientos concretos para una celebración tradicional. Aunque el comunicado no menciona de forma directa esos episodios, las disposiciones adoptadas reflejan cómo las dinámicas del paro de 2025 continúan influyendo en la toma de decisiones de las organizaciones indígenas, particularmente en lo relacionado con la presencia de actores estatales en sus territorios. Publicidad

Imbabura, Otavalo

CONVOCAN A MINGA PARA RECONSTRUIR MURAL BORRADO EN EL PARTIDERO A COTACACHI

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La eliminación de un mural en el sector conocido como el partidero a Cotacachi, reactivó la movilización de organizaciones indígenas y colectivos culturales en Imbabura. Dirigentes comunitarios anunciaron una minga para este viernes con el objetivo de volver a pintar la obra, que había sido realizada durante las jornadas de protesta registradas en septiembre y octubre de 2025. El mural, que rendía homenaje a víctimas de ese periodo, fue cubierto con pintura gris en días recientes, por la empresa concesionaria de la vía, en una zona de alta circulación vehicular. La acción generó reacciones desde distintos sectores, especialmente en comunidades que consideran la obra como parte de su memoria colectiva. ARTE, MEMORIA Y TERRITORIO EN DISPUTA Para el abogado Luis Yépez, vinculado a la defensa de organizaciones indígenas, el mural representa una expresión cultural que no puede ser eliminada sin diálogo. “Los pueblos indígenas tienen una memoria histórica que se expresa también a través del arte, la pintura, la danza y la música”, afirmó. La intervención que eliminó el mural ha sido atribuida a decisiones vinculadas a la administración de la vía, en un contexto donde también se han planteado argumentos relacionados con seguridad vial y mantenimiento de infraestructura. Frente a este escenario, organizaciones como la Unión de Comunidades de Ilumán y colectivos culturales han convocado a una jornada comunitaria para reconstruir el mural. Según Yépez, la actividad se desarrollará de manera pacífica y coordinada. “Nosotros no estamos provocando a nadie, queremos expresar el arte y de esa forma convocar a la reflexión”, sostuvo, al destacar que la iniciativa busca evitar confrontaciones. El jurista también advirtió que la ausencia de diálogo podría generar tensiones innecesarias. “Lo más razonable es que las autoridades y la comunidad se sienten a dialogar y establezcan acuerdos”, manifestó. La minga incluirá la participación de artistas, músicos y habitantes de las comunidades cercanas, quienes retomarán la temática original del mural, centrada en los hechos y víctimas de 2025. La convocatoria se realiza en medio de la expectativa sobre la presencia de controles en la zona. No obstante, desde las organizaciones se insiste en que la jornada mantendrá un carácter cultural y comunitario. “Si ellos están el viernes, nosotros vamos a estar antes y después”, expresó Yépez, en referencia a una eventual presencia de fuerza pública en el sector.

Imbabura, Otavalo

REABREN CASO DE LOS ’12 DE OTAVALO’ Y LOS LLEVAN A AUDIENCIA TRAS REVOCATORIA DE ARCHIVO FISCAL

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El proceso judicial contra los llamados ’12 de Otavalo’ vuelve a activarse tras una decisión que cambia el rumbo del caso. La Fiscalía Provincial de Imbabura revocó el archivo que había cerrado la causa y convocó a una audiencia preparatoria de juicio para el 20 de mayo a las 09:00, reabriendo un expediente ligado a los hechos violentos registrados durante las protestas por la eliminación del subsidio al diésel en septiembre y octubre de 2025. La medida devuelve a la escena judicial a los doce procesados, quienes fueron detenidos tras el incendio de un cuartel policial en Otavalo, uno de los episodios más críticos de ese convulsionado episodio nacional. En una primera etapa, la investigación no logró sostenerse. Un fiscal de Otavalo dispuso el archivo del caso al no encontrar evidencias que vinculen directamente a los acusados con los hechos, lo que en su momento significó el cierre del proceso. Sin embargo, la Fiscalía Provincial decidió revertir esa resolución. Luis Yépez, abogado de los implicados, en entrevista en el noticiero matutino de X FM 94.7 de la ciudad de Ibarra, este miércoles 15 de abril de 2026 dijo que el argumento se sustenta en nuevos señalamientos que no tendrían respaldo material. “No tienen pruebas. Se les acusa de atacar con bazucas y ni uno de estos artefactos está en cadena de custodia”, sostuvo. El caso además tuvo un giro en su tipificación penal. Inicialmente se investigó por terrorismo, pero posteriormente los cargos fueron modificados a ataque y resistencia y daño a bien público, lo que redefine el alcance jurídico del proceso. “Nunca se investigó el delito de ataque y resistencia ni daño a bien público, sino se investigó por terrorismo, es decir, las pruebas del delito no existen”, afirmó Yépez, al señalar inconsistencias en la construcción del caso. AUDIENCIA DEFINIRÁ SI EL CASO AVANZA O SE CIERRA El punto crítico será la audiencia del 20 de mayo, donde se resolverá si el proceso avanza a juicio. La defensa anticipa que solicitará el sobreseimiento. “No tenemos ninguna prueba, ningún elemento de que ellos fueron los que quemaron o destruyeron el cuartel de policía”, enfatizó Yépez, quien sostiene que el caso no cumple con los requisitos para pasar a la siguiente fase. Actualmente, todos los procesados se encuentran en libertad, bajo medidas sustitutivas, entre ellas la presentación periódica ante autoridades judiciales. En un inicio, los detenidos fueron trasladados incluso fuera de la provincia, a centros penitenciarios en Manabí y Esmeraldas, en medio de un operativo que generó cuestionamientos de la dirigencia indígena por la forma en que se manejó el caso.

Imbabura, Otavalo

BORRAN MURAL DE LA RESISTENCIA INDÍGENA EN ILUMÁN Y DESATAN INDIGNACIÓN EN COMUNIDADES

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Publicidad En el intercambiador de la Autovía Ibarra – Otavalo, conocido como Partidero a Cotacachi, la memoria de las protestas indígenas de 2025 fue cubierta con pintura. Lo que hasta hace pocos días era un mural que recordaba la resistencia de los pueblos Kichwas durante 31 días de paralización en Imbabura, fue eliminado. Habitantes del sector señalan directamente a la empresa concesionaria Panavial como responsable de la intervención. La acción, que habría ocurrido en horas de la mañana de este jueves 09 de abril de 2026, seis meses después de haberlo pintado, tomó por sorpresa a comuneros y dirigentes que llegaron al sitio tras recibir alertas. En ese punto de la parroquia de Ilumán del cantón Otavalo, considerado un bastión de las movilizaciones, también se registró la muerte de Efraín Fuérez, uno de los manifestantes que se convirtió en símbolo de la protesta. COMUNIDADES DENUNCIAN INTERVENCIÓN SIN CONSULTA Dirigentes indígenas sostienen que la eliminación del mural se realizó sin ningún tipo de notificación a las organizaciones comunitarias. Fabián Díaz, presidente de la Unión de Comunidades de la localidad, cuestionó el procedimiento y el origen de la decisión. “No sé con qué autoridad han venido a quitar este mural tan reconocido mundialmente”, señaló el dirigente, quien además confirmó que se convocará a un Consejo de Cabildos para definir acciones. Según los testimonios de los comuneros que fueron testigos de este hecho, los trabajadores de la empresa concesionaria de este tramo de la panamericana, habrían indicado que la orden provino de Quito, deslindando responsabilidades directas en el territorio. Esta versión ha generado mayor tensión entre las comunidades, que consideran el hecho como una vulneración a su memoria colectiva. POSIBLES MEDIDAS Para los comuneros, el mural no era únicamente una expresión artística, sino un símbolo de lucha y memoria histórica. En ese mismo punto, donde se levantaron barricadas durante las protestas, falleció Fuérez, lo que otorga al sitio un significado especial. “Este mural para nosotros representa una lucha de resistencia de los indígenas de los pueblos quichuas”, enfatizó Díaz, al advertir que las organizaciones exigirán que se reponga la obra y que la empresa asuma los costos. Las comunidades ya se encuentran en estado de alerta. Mientras tanto, en el lugar aún permanecen fragmentos de otras pinturas que recuerdan el paro de septiembre y octubre de 2025 que tuvo como epicentro a la provincia de Imbabura.

Cotacachi, Imbabura

UNORCAC INTERPONDRÁ ACCIÓN DE PROTECCIÓN POR PROCESOS JUDICIALES CONTRA DIRIGENTES EN IMBABURA

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La Unión de Organizaciones Campesinas e Indígenas de Cotacachi, (Unorcac), encendió una nueva alerta pública. La organización anunció que  acudirá a la Corte Provincial de Imbabura para impulsar una acción de protección frente a lo que califica como vulneración de derechos y criminalización de dirigentes y comuneros de Imbabura, vinculados a las jornadas de movilización social de septiembre y octubre de 2025. La convocatoria difundida por la organización fija la diligencia para el lunes 23 de marzo, desde las 10:30, en los exteriores del complejo judicial provincial. La Unorcac, organización de base de la Confederación Nacional de Organizaciones Campesinas, Indígenas, Negras y Montubias del Ecuador (Fenocin), sostiene que los procesos abiertos contra integrantes de comunidades no pueden leerse como casos aislados. Lea también: FISCALÍA INVESTIGA PRESUNTA PARALIZACIÓN DE SERVICIO PÚBLICO DURANTE EL PARO DE 2025 EN IMBABURA Su postura apunta a un problema mayor. En un boletín de prensa asegura que las prácticas de la organización, acompañamiento y participación comunitaria durante las protestas están siendo tratadas en la vía penal como si fueran conductas delictivas. Con ese argumento, la organización plantea que existe un patrón de judicialización de la protesta social, con efectos que, a su criterio, no solo alcanzan a los procesados, sino también al tejido organizativo de las comunidades y al ejercicio colectivo de derechos. El pronunciamiento ubica este escenario dentro de las movilizaciones que surgieron en principio como respuesta a la eliminación del subsidio al diésel, medida adoptada por el régimen de Daniel Noboa en septiembre de 2025. Luego se incluyeron reclamos por el alto costo de la vida, la precarización laboral, el abandono estatal y la afectación de derechos colectivos. Bajo esa lectura, la organización defiende que la protesta y la resistencia forman parte de garantías reconocidas por la Constitución y que, por tanto, no deberían convertirse en el origen de expedientes judiciales contra dirigentes o comuneros.

Ecuador, Imbabura

FISCALÍA INVESTIGA PRESUNTA PARALIZACIÓN DE SERVICIO PÚBLICO EN IMBABURA

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La Fiscalía General del Estado abrió una investigación previa por el presunto delito de paralización de un servicio público, dentro del expediente N.º 1001018250900461, en un proceso que involucra a 14 dirigentes sociales que deberán comparecer a una diligencia judicial en la provincia de Imbabura. De acuerdo con un oficio emitido el 13 de marzo de 2026 desde Quito, la Fiscalía dispuso la solicitud de información a instituciones y la convocatoria de comparecientes como parte de las diligencias investigativas dentro del proceso penal en curso. Según el documento, la investigación se originó tras una denuncia presentada ante la Fiscalía, que alerta sobre la presunta interrupción de un servicio público, una conducta tipificada en el Código Orgánico Integral Penal ecuatoriano. Entre las personas convocadas constan Gabriel Andrés Muñoz Segovia, Silvia Patricia Amaya Ruales, Marco Antonio Cadena Terán, Lenin Santiago Farinango Imbaquingo, Henry Iván Guatemal Cadena, Tania Mariela de Jesús Medrano, Fausto Orlando Benalcázar Clerque y José Nicolás Lascano Gualoto. Lenin Farinango, presidente del Pueblo Kichwa Karanki, colectivo que fue protagonista del paro indígena registrado en Imbabura en septiembre y octubre de 2025, criticó la acción judicial.  «El gobierno nacional quiere implementar la política de miedo y persecución política. Para quienes hemos luchado toda la vida eso no nos amedrentará. La lucha es el camino», posteó el dirigente en su cuenta de facebook. Está organización bloqueo la vía Ibarra – Zuleta – Olmedo, en el sector del puente de Rumipamba, en la parroquia rural La Esperanza, sur del cantón Ibarra, en rechazo a la eliminación del subsidio al diésel, medida adoptada por el presidente de la nación Daniel Noboa. En ese lugar, un grupo de manifestantes destruyó una tubería de agua potable, acción que fue registrada en video. La disposición también convoca a Marcelo Xavier Manosalvas Hurtado, Germán Ramos Ipiales, Jéssica Alexandra Torres Saavedra, Guido Marcelo Perugachi Guandinango, Alfonso Chalapuento Maigua y Manuel Mesías Flores Limaico, quienes deberán presentarse en la diligencia programada. Guido Perugachi, actualmente es presidente de la Confederación Nacional de Organizaciones Campesinas, Indígenas, Negras y Montubias del Ecuador (Fenocin). Además es quien lidera el proceso de revocatoria del mandato del presidente Daniel Noboa. El dirigente también fue protagonista del paro de 2025. Lideró una masiva marcha de comunidades de Cotacachi y Otavalo que recorrió las calles de Ibarra, y terminó en el obelisco de la ciudad. Allí, Perugachi dió un polémico discurso en el que llamó al diálogo al Gobierno y pidió el apoyo a los habitantes de la capital imbabureña. «Y si es que el gobierno no da diálogo, muy bien, el feriado nos tomamos Ibarra y pasamos aquí. Se cierra todo, compañeras y compañeros. Que viva la lucha», expresó el dirigente el 8 de octubre de 2025. INVESTIGACIÓN EN ETAPA PREVIA Dentro del proceso investigativo, la Fiscalía ordenó que los ciudadanos comparezcan acompañados de sus abogados a una audiencia privada, que se desarrollará este lunes 16 de marzo de 2026 a las 10:30 en el Departamento de Criminalística de Imbabura. Finalmente, el oficio establece que la diligencia deberá cumplirse como parte de las actuaciones dispuestas dentro del expediente. El proceso continúa en fase investigativa mientras la Fiscalía recopila información para esclarecer las circunstancias en las que se habría producido la presunta paralización de un servicio público en la provincia de Imbabura y para determinar si existen elementos suficientes que permitan formular cargos. Publicidad

Análisis, Imbabura

OTAVALO: MUNICIPIO Y GOBERNACIÓN SE ENDILGAN RESPONSABILIDADES EN SEGURIDAD

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Tras el hecho violento ocurrido el lunes 19 de enero de 2026, donde fallecieron dos personas, ambas instituciones se hicieron señalamientos en redes sociales. La noche del lunes 19 de enero, un ataque armado en pleno centro de Otavalo dejó como saldo la muerte de dos hermanos, un hecho que estremeció a la ciudad y activó, casi de inmediato, pronunciamientos oficiales desde distintos niveles del Estado. Sin embargo, más allá de la condena al crimen, los comunicados evidenciaron una marcada contraposición institucional, atribuciones, responsabilidades y enfoques sobre la seguridad ciudadana. El pronunciamiento llegó primero desde el Municipio. Horas después del hecho violento, la Alcaldía Ciudadana de Otavalo publicó en sus redes sociales un comunicado en el que colocó el foco directamente en el Gobierno Nacional y la Gobernación de Imbabura. El cabildo exigió la presencia inmediata y permanente de las fuerzas del orden y seguridad en el cantón, una demanda que -según el texto- ya había sido planteada de forma reiterada, incluso en la Mesa de Seguridad Provincial. El comunicado municipal fue más allá del rechazo al crimen. Señaló de manera explícita que Otavalo no cuenta con jefe político, comisario nacional titular ni con los efectivos policiales necesarios, advirtiendo que el cantón no puede seguir esperando que se repitan hechos de esta naturaleza para que se actúe. En ese mismo mensaje, el Municipio insistió en que la seguridad es competencia directa del Gobierno central, aunque remarcó que, desde el ámbito local, se han ejecutado acciones preventivas concretas. Entre esas acciones, la Alcaldía detalló 80 puntos con alarmas comunitarias, 24 cámaras de videovigilancia enlazadas al ECU 911, la conformación de comités de seguridad barriales y la operación de un grupo motorizado de agentes de control municipal, recursos que -según la publicación- están a disposición del ente competente del orden público. El mensaje cerró reafirmando el compromiso municipal de coordinar acciones conjuntas, pero manteniendo la exigencia de una respuesta estatal más fuerte. GOBERNACIÓN REACCIONA Horas más tarde, llegó la respuesta desde la Gobernación de Imbabura, liderada ahora por el coronel del ejército en servicio pasivo, Jorge Ortíz. El comunicado provincial inició expresando preocupación por los hechos de violencia registrados en Otavalo y solidaridad con la familia de las víctimas, pero introdujo un enfoque distinto al vincular el crimen con prácticas ilegales de préstamos informales, señaladas como un factor que pone en riesgo la seguridad e integridad de la ciudadanía. En ese marco, exhortó a la población a no recurrir a mecanismos financieros informales y a optar por alternativas legales del sistema financiero. La Gobernación anunció además la ejecución de acciones inmediatas, entre ellas la designación de autoridades de Gobierno y la reactivación de operativos interinstitucionales de seguridad y control, en coordinación con autoridades locales, con el objetivo de reforzar la presencia del Estado en el cantón. Sin embargo, el mensaje incluyó un llamado de atención al cabildo y su alcaldesa Anabel Hermosa: conforme al artículo 54 literal n) del COOTAD, es competencia de los gobiernos municipales crear y coordinar los consejos de seguridad ciudadana municipal, encargados de la planificación, ejecución y evaluación de la política local en materia de prevención y convivencia. POLARIZACION MARCADA QUE DEJÓ EL PARO DE 2025 Así, el intercambio de comunicados dejó al descubierto una contraposición marcada, que se traslada también a sus habitantes que, tras el paro de septiembre y octubre de 2025, Otavalo quedó marcada por una profunda polarización social que reconfiguró la convivencia en la urbe y tensionó la relación entre ciudadanía y Estado. Aquellas jornadas de protesta, inicialmente planteadas como una medida de presión política y social, derivaron en episodios de violencia directa que evidenciaron la fragilidad del orden público en el cantón. Uno de los hechos más graves ocurrió cuando el cuartel policial de la localidad fue atacado por manifestantes, registrándose incendios y explosiones que dejaron la infraestructura en llamas, en una escena que quedó grabada en la memoria colectiva de la ciudad y del país. El ataque no solo significó daños materiales, sino que profundizó una narrativa de confrontación que dividió a la población entre quienes respaldaban la protesta y quienes advertían sobre sus consecuencias. En ese contexto, el discurso público escaló a niveles inéditos. Sectores que apoyaban el paro llegaron a pedir abiertamente que la Policía abandone el territorio, un planteamiento que expuso el quiebre institucional y la pérdida de consensos mínimos sobre la autoridad del Estado en la ciudad. La consigna, difundida en espacios públicos y redes sociales, reflejó el clima de radicalización que se instaló en la urbe durante 31 días.Desde entonces, Otavalo arrastra una herida abierta: una ciudad atravesada por desconfianzas, memorias de violencia y un debate inconcluso sobre seguridad, presencia estatal y gobernabilidad. Ese antecedente vuelve hoy al centro del análisis, cuando nuevos hechos violentos reactivan las alarmas y obligan a mirar atrás para entender cómo la polarización social no resuelta sigue condicionando el presente del cantón.

Imbabura

HOMENAJE A VÍCTIMAS DEL PARO SE EMPAÑÓ POR HECHOS VIOLENTOS

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Una marcha convocada por la Unión de Organizaciones Indígenas y Campesinas de Cotacachi (UNORCAC) terminó en un nuevo enfrentamiento con la Policía Nacional, este jueves en Ilumán, al norte de Otavalo. En medio de un ambiente tenso, una mujer policía resultó herida tras recibir una pedrada en la cabeza, lo que desató una fuerte reacción de los uniformados. El hecho ocurrió pasado el mediodía del jueves 23 de octubre de 2025, durante una concentración que reunió a unas 2 mil personas. De acuerdo con información policial, un grupo de personas que llegó desde Cotacachi comenzó a lanzar piedras. Ellos respondieron con gases lacrimógenos. La tensión escaló rápidamente y derivó en la retención de otros dos policías, que también resultaron heridos. Para ser liberados fueron obligados a pedir disculpas públicas. Cuando los ánimos se calmaron, los asistentes realizaron rituales ancestrales y ofrecieron una misa en memoria de Efraín Fuérez, la primera víctima del paro en Imbabura. A las 14 horas, iniciaron un recorrido de unos 5 kilómetros por la panamericana hasta el Parque de los Dinosaurios de Otavalo. En ese lugar  José Guamán, recibió un impacto de bala en el pecho el pasado 14 de octubre, que horas más tarde terminó con su vida. Bajo una intensa lluvia, los asistentes también le rindieron tributo al comunero oriundo de la comunidad de Cachiviro, con rituales y emotivos discursos. Pero los homenajes a las víctimas se empañaron por los hechos violentos,  que fueron recurrentes en este paro indígena, el más largo en la historia de Ecuador, que se prolongó 31 días.

Imbabura

55 MILLONES EN PÉRDIDAS DEJA EL PARO EN IMBABURA

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Almacenes vacíos o cerrados y  habitaciones sin huéspedes en los hoteles, reflejan la magnitud del golpe económico que sufre Imbabura. Tras 29 días de paro indígena, las pérdidas superan los 55 millones de dólares. En Antonio Ante, los propietarios de los locales donde se venden textiles, abren sus puertas a pesar del miedo y la incertidumbre, para intentar vender algo y sobrevivir. Pero los clientes no llegan. “Las ventas se han reducido hasta en un 90%, y varias fábricas detuvieron su producción”, afirmó Santiago Andrade, empresario del sector. En Otavalo y Cotacachi, la situación es más crítica. Los bloqueos mantienen a las ciudades sitiadas. En Otavalo, los habitantes improvisaron ferias en las calles del centro para conseguir alimentos. Mientras que en Cotacachi, los agricultores claman por ayuda. Dicen que viven a Merced de lo que la Unión de Organizaciones Indígenas y Campesinas de Cotacachi (Unorcac) decida y permita. “Ya no tenemos cómo sacar nuestros productos; si no hay paso, no hay venta. Son tiempos tristes para nosotros y no tenemos ayuda de ninguna autoridad”, explicó Ramiro Guerra, agricultor de la localidad. Algunos propietarios de florícolas, en cambio, no se resignan a perder su inversión y buscan caminos alternos, para movilizar hacia Quito su producción. Sus trabajadores cruzan por quebradas y ríos, para evitar que los manifestantes los vean y les decomisen la carga. Mientras que en Ibarra, capital de Imbabura, la Dirección de Desarrollo Económico de la Alcaldía reporta una caída del 80% en las ventas en el sector comercial, que representa el 67% de la actividad económica de la urbe. Aunque los productos siguen llegando al Mercado Amazonas, los comerciantes aseguran que los compradores adquieren solo lo básico. Mientras ellos trabajan con miedo e incertidumbre, porque en cualquier momento, llegan marchas indígenas y los obligan a cerrar sus negocios. Asimismo, el turismo atraviesa su peor momento: la ocupación hotelera no supera el 5% y más de un centenar de establecimientos permanecen vacíos. Muchos no podrán reabrir las puertas pues el impacto económico los ha quebrado. Para enfrentar la emergencia, los alcaldes de Ibarra y Antonio Ante anunciaron planes de reactivación económica con el objetivo de devolver el movimiento a una provincia que sigue sumida en una paralización obligada por casi un mes.

Imbabura

BASES INDÍGENAS RADICALIZARON LAS PROTESTAS EN IMBABURA

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Las carreteras de la provincia de Imbabura continúan bloqueadas este jueves. Según la Coordinación Zonal 1 del ECU 911, los cierres se mantienen en 15 puntos estratégicos, tanto en zonas urbanas como rurales, lo que ha paralizado el tránsito entre cantones y comunidades. El tramo de la panamericana desde Otavalo hasta Antonio Ante, sigue cerrado con troncos y piedras a la altura de San Roque, donde grupos de comuneros mantienen presencia constante sobre la calzada, a pesar de que sus dirigentes acordaron con el Gobierno levantar la medida. Más al sur también se reportan cierres, tanto en Pinsaquí, en el Partidero a Cotacachi, como en Carabuela, con acumulación de piedras, tierra y ramas. Al sur de Otavalo también hay puntos críticos. Los accesos permanecen bloqueados en San Rafael, Espejo y La Magdalena. En tanto, la vía Ibarra – Imbaya – Urcuquí presenta interrupciones en Coñaquí, donde el tránsito vehicular y peatonal ha sido restringido totalmente con ramas de árboles y llantas, por comuneros de Imantag de Cotacachi. ZONAS RURALES AISLADAS POR LOS CIERRES El ECU 911 también informó sobre cierres en el eje rural La Plata – Selva Alegre en la zona de Intag de Cotacachi, sin paso en García Moreno y Río Blanco; y el ingreso a Quiroga. La vía Ibarra – Zuleta – Olmedo, alterna a la panamericana que conecta a Imbabura con Pichincha, también está inhabilitada en el sector de San Francisco de la parroquia y en el puente de Rumipamba, de la parroquia rural de La Esperanza, sur de Ibarra, afectando la circulación hacia la zona oriental de la provincia. En la provincia del Carchi, el ECU 911 confirmó además la interrupción total de la panamericana en el sector de Piquiucho, del cantón Bolívar; y en el acceso a la ciudad de Mira, por lo que la conexión con Imbabura es nula, hasta el cierre de este reporte (08:00).

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