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En las unidades judiciales de la provincia de Imbabura se ha fortalecido el servicio de primera acogida, un mecanismo que busca brindar atención inmediata, confidencial y segura a víctimas de violencia contra la mujer y miembros del núcleo familiar desde el primer contacto con el sistema de justicia.
Este servicio funciona dentro de las dependencias judiciales donde se conocen este tipo de causas. Allí, personal especializado escucha a la persona afectada, orienta sobre sus derechos, recepta la denuncia y aplica una ficha técnica de valoración de riesgo, instrumento clave para determinar el nivel de vulnerabilidad de la víctima.
MÁS DE CUATRO MIL CASOS EN UN AÑO
La magnitud del problema queda reflejada en las estadísticas judiciales. Durante 2025 se registraron 4.121 causas por violencia contra la mujer y miembros del núcleo familiar en Imbabura, una cifra que evidencia la persistencia de este tipo de agresiones y la necesidad de mantener activos mecanismos de respuesta institucional.
Una vez presentada la denuncia y realizada la valoración inicial, los jueces pueden dictar medidas de protección inmediatas, orientadas a garantizar la seguridad de la víctima y evitar nuevos episodios de violencia.
EQUIPOS TÉCNICOS RESPALDAN DECISIONES JUDICIALES
El proceso judicial no se limita únicamente a la recepción de la denuncia. Equipos técnicos integrados por profesionales en psicología, trabajo social y medicina elaboran informes especializados, que permiten a las autoridades judiciales contar con elementos técnicos para adoptar decisiones que prioricen la protección de las víctimas.
El director provincial del Consejo de la Judicatura de Imbabura, Hugo Imbaquingo, explicó que la prioridad institucional es ofrecer una respuesta integral desde el primer momento.
“Buscamos que cada persona reciba atención oportuna, empática y profesional, evitando la revictimización y priorizando su protección”, señaló.
La autoridad recuerda que las denuncias pueden presentarse en cualquier unidad judicial de la provincia, donde el sistema activa de inmediato los protocolos establecidos por la ley para proteger a las víctimas.
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