EL DIRIGENTE INDÍGENA GUIDO PERUGACHI ES ACUSADO POR LA FISCALÍA DE PARALIZACIÓN DE SERVICIO PÚBLICO -

La audiencia de formulación de cargos contra Guido Perugachi, presidente de la Confederación Nacional de Organizaciones Campesinas, Indígenas y Negras (Fenocin), se desarrollará este viernes 8 de mayo en Ibarra, en medio de acusaciones de persecución política por parte de organizaciones indígenas y cuestionamientos sobre los hechos violentos registrados durante las protestas de 2025 en Imbabura.

El dirigente es investigado por el presunto delito de paralización de servicio público, dentro de una causa que analiza el paro indígena ocurrido entre septiembre y octubre del año pasado, tras la eliminación del subsidio al diésel anunciada por el gobierno de Daniel Noboa.

La diligencia está convocada para las 09:30 en la Unidad Judicial Penal de Imbabura y llega luego de varios incidentes procesales que retrasaron el avance del caso.

CAMBIO DE JUEZA Y NUEVO DIFERIMIENTO MARCARON EL AVANCE DEL CASO

La causa inicialmente estuvo a cargo de la jueza Morales Guamán, quien convocó la primera audiencia de formulación de cargos en abril pasado. Sin embargo, la diligencia no pudo instalarse plenamente debido a la ausencia de Perugachi y de un abogado particular que garantizara su defensa técnica. Posteriormente, el dirigente indígena solicitó un diferimiento argumentando que su abogado tenía otra diligencia judicial programada, por lo que la audiencia fue reagendada para este 8 de mayo.

En las últimas horas también se produjo un cambio de magistrada. Morales Guamán presentó su excusa luego de conocerse que uno de los abogados relacionados con el proceso era su hijo, situación que motivó el sorteo de una nueva jueza. La causa quedó finalmente en manos de Mery Maza Puma, quien ratificó la fecha de la audiencia.

La Fiscalía General del Estado sostiene que Perugachi habría tenido una participación activa en las protestas registradas en Imbabura durante el paro indígena de 2025. Según la acusación, el dirigente habría instigado acciones para bloquear carreteras, paralizar servicios públicos y afectar el funcionamiento normal de actividades económicas e institucionales.

El fiscal Washington Burbano formuló la investigación con base en el artículo 346 del Código Orgánico Integral Penal (COIP), relacionado con la paralización de servicios públicos. Como sustento del proceso constan informes policiales, reportes del Servicio Integrado de Seguridad ECU 911, fotografías, pericias y testimonios recopilados durante las investigaciones.

Entre los hechos que se atribuyen al dirigente constan supuestas intimidaciones a comerciantes para cerrar locales, afectaciones a sistemas de agua potable, suspensión de actividades educativas, daños a bienes públicos y presuntos actos de retención de policías y militares durante las jornadas de protesta.

UNORCAC RESPALDA A PERUGACHI Y DENUNCIA “CRIMINALIZACIÓN DE LA PROTESTA”

El avance del proceso provocó la reacción inmediata de la Unión de Organizaciones Campesinas e Indígenas de Cotacachi (Unorcac), una de las organizaciones sociales más representativas de Imbabura y base de la Fenocin. En un comunicado público, la organización expresó su rechazo a la causa judicial y calificó el proceso como un intento de criminalizar la protesta social y perseguir políticamente a dirigentes indígenas.

La Unorcac sostiene que las movilizaciones desarrolladas en 2025 estuvieron respaldadas por el artículo 98 de la Constitución de la República del Ecuador, que reconoce el derecho a la resistencia frente a medidas estatales consideradas lesivas para los derechos ciudadanos.

En el pronunciamiento, la organización también señala que Perugachi ha participado en procesos “democráticos y legítimos” de organización y participación social, incluyendo iniciativas relacionadas con la revocatoria del mandato presidencial. Además, hizo un llamado a organismos nacionales e internacionales de derechos humanos para que vigilen el desarrollo de la audiencia y el proceso judicial.

El caso vuelve a poner sobre la mesa las secuelas del paro indígena que durante 31 días mantuvo bloqueadas varias carreteras de Imbabura y derivó en enfrentamientos violentos con la fuerza pública.

Mientras la Fiscalía intenta establecer responsabilidades penales por los hechos registrados durante las protestas, las organizaciones indígenas insisten en que las investigaciones buscan debilitar a sus dirigentes y desmovilizar la resistencia social en la Sierra norte del país.