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Los primeros mensajes llegaron al teléfono de una comerciante. En ellos, desconocidos le exigían dos mil dólares y le advertían que, de no pagar, su familia sería atacada. La presión se mantuvo durante varios días, hasta que la víctima decidió denunciar el hecho y cortar la cadena de amenazas.
Con la alerta ya en manos de la Policía, la Unidad Nacional de Investigación Antisecuestros y Extorsión (UNASE) inició el seguimiento del caso. En su declaración, la comerciante aportó un elemento determinante: identificó a su expareja sentimental como posible responsable de la extorsión.
Mientras avanzaban las investigaciones, los implicados fijaron las condiciones del cobro. El dinero debía ser entregado en el patio de comidas de un centro comercial de Ibarra. Ese punto permitió a los agentes diseñar un operativo controlado, con vigilancia directa sobre cada movimiento previo a la entrega.
El 22 de abril de 2026, cuando la víctima acudió al sitio acordado y se concretó la entrega del dinero, los agentes intervinieron. En ese instante fueron aprehendidos Katherine M. y Wilmer P., señalados como presuntos responsables del delito.
La detención se produjo en flagrancia, con dinero en efectivo y dos teléfonos móviles en su poder, elementos que fueron ingresados bajo cadena de custodia. Los detenidos fueron puestos a órdenes de la autoridad competente, mientras el caso avanza en el sistema judicial.
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